La seguridad jurídica
Muchos se preguntan cómo es posible que con el caos institucional en que vivimos, intervenida la Generalitat por aplicación del artículo 155 de la Constitución, el anterior gobierno en pleno acusado de graves delitos y unas fuerzas políticas a duras penas capaces de formar un nuevo gobierno, la economía catalana prosiga la senda de crecimiento de los últimos años.
Es preciso hacer un ejercicio de realismo político y dejar a un lado momentáneamente el juicio moral para entender lo sucedido. Lo cierto es que se produjo un pánico en la semana siguiente al referéndum del 1 de octubre. Huida de depósitos bancarios, traslado de sedes de los dos principales bancos del país y, siguiendo su estela, la marcha de más de 3.000 empresas. ¿Por qué se fueron? Unos sostienen que por razones políticas. Han corrido rumores de presiones y telefonazos desde Madrid. No creo que fuera ese el motivo, aunque no se puede descartar que alguien en la capital intentara aprovechar la coyuntura para reforzar el proyecto centralizador que lleva fraguándose desde que Aznar subió al poder. Todo apunta a que los empresarios trasladaron sus sedes por miedo a la incapacidad del Estado español de imponer la ley en Catalunya. La lamentable actuación del Gobierno de Rajoy el día 1 de octubre, no sólo por la brutalidad de la actuación, sino por la ineptitud que demostró, hicieron temer una dinámica insurreccional. Eso aterrorizó al mundo económico, empezando por los ahorradores y siguiendo por los empresarios. El temor, mal que bien, se calmó con la aplicación del artículo 155 a final del mes de octubre. Desde entonces vivimos una tensa calma, pero ha quedado evidenciado que el Estado español, secundado por la Unión Europea, no permitirá acciones unilaterales.
El corto plazo ha dejado de provocar angustia entre los operadores económicos. Las empresas siguen su curso y, una vez garantizada la seguridad jurídica, el viento de la economía sigue soplando a favor. Lo cual no debe llevarnos a la trivialización. Lo ocurrido ha sido gravísimo, nuestra sociedad se halla dividida y las empresas no sólo no volverán, sino que dejarán de invertir si no se garantiza un entorno de gobernanza adecuado para el desarrollo futuro. Para ello necesitamos que el gobierno que se forme actúe con pragmatismo en el bien de todos los catalanes. Y que tanto la sociedad civil como las fuerzas políticas presentes en el Parlament de Catalunya seamos capaces de trabajar constructivamente por un país mejor, centrando la atención en torno a lo que nos puede unir, que es mucho, y buscando puentes de entendimiento en lo que nos separa.
El temor, mal que bien, se calmó con la aplicación del artículo 155 a final del mes de octubre