Sànchez pide a Llarena poder ir al pleno o ser investido por videoconferencia
El Parlament estudiará la revocación del voto delegado de Puigdemont el viernes
Jordi Sànchez ha pedido formalmente al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que le permita asistir al debate de investidura del viernes. Una vez el presidente del Parlament, Roger Torrent, oficializó el nuevo intento del número dos de Junts per Catalunya (JxCat) para convertirse en presidente de la Generalitat y se dirigió por carta al Tribunal a fin de que facilitara el trámite, ayer fue el propio candidato el que reclamó al magistrado poder ejercer sus derechos políticos a través de un escrito presentado por su defensa, el letrado Jordi Pina.
En el escrito, el aspirante a la investidura plantea tres posibilidades: que sea puesto en libertad, que se le conceda un permiso penitenciario para acudir presencialmente al pleno o que se le permita intervenir a través de videoconferencia. La defensa esgrime ante el juez la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 23 de marzo en la que se insta al Estado español a tomar medidas para garantizar los derechos políticos del candidato y esta vez confía en tener más suerte que en el primer intento planteado para el pleno, fijado para el 12 de marzo y que al final tuvo que ser desconvocado. En aquella ocasión, Llarena denegó la salida de Sànchez de la prisión de Soto del Real por el “riesgo de reiteración delictiva”.
Ahora, el letrado del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) distingue en el escrito al tribunal entre la solicitud que realiza sobre su cliente y la que en su momento se formuló con la intención de poder investir a Carles Puigdemont a distancia. En este sentido, Pina reconoce que esta posibilidad ha sido excluida por el Tribunal Constitucional en el caso de personas que “no se encontraban a disposición de la justicia española” –en alusión al 130.º presidente de la Generalitat– y precisa que respecto a Sànchez, en cambio, “nada impide aceptar esta opción”, porque no puede asistir al pleno físicamente por el hecho de estar en prisión, pero no por el de encontrarse fuera de España.
Mientras tanto, el debate sobre la delegación de voto de la que en principio Puigdemont podría hacer uso precisamente en el debate de investidura del expresidente de la ANC se ha pospuesto hasta el próximo viernes, el día del pleno. JxCat prevé que su líder pueda seguir recurriendo a este mecanismo, como hizo en el último pleno, y participar en la votación, al pesar sobre él medidas cautelares que le imposibilitan salir de Alemania.
A pesar de ello, Ciutadans y el PP tratan de impedir que el presidente de la Generalitat destituido por la aplicación del artículo 155 de la Constitución vote de forma delegada y ayer solicitaron la revocación del permiso. El presidente del Parlament se comprometió en la reunión de la Mesa a tratar este asunto el viernes, justo antes del inicio del pleno. Queda la duda, por otro lado, de qué hara el exconseller de Salut Antoni Comín, porque JxCat y ERC necesitan los votos de todos sus diputados para poder investir a un candidato en segunda vuelta si no cuentan con el apoyo de la CUP. Los republicanos, de momento, no han solicitado la delegación de voto para el exconseller, que se inclina por mantener su escaño.
En cuanto a la reforma de la ley
El TC admite el recurso de Forcadell y Simó que cuestiona la competencia del TS
de la Presidència para facilitar una investidura a distancia y un Govern también a distancia, el PP ha recurrido la admisión a trámite aprobada por la Mesa de las enmiendas registradas por JxCat, impulsor de la iniciativa. Y el PSC, por su parte, tiene previsto pedir un dictamen sobre dicha reforma al Consell de Garanties Estatutàries, que dispondrá de siete días hábiles para emitir su veredicto desde la recepción de la solicitud.
En el terreno judicial, en otro orden de cosas, el pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite, igualmente ayer, el recurso presentado por Carme Forcadell y Anna Simó, procesadas por la causa del 1-O, en el que cuestionan la competencia del Tribunal Supremo para tramitar este procedimiento. El recurso plantea que el caso sea devuelto al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la expresidenta del Parlament y la exsecretaria de la Mesa entienden que es el competente en los hechos por los que han sido investigadas hasta ahora por el juez Llarena.