Ofensiva del Gobierno para contrarrestar a Puigdemont
oeLas fiscalías de España y Alemania tratarán hoy el contencioso en La Haya oeExteriores intensifica los contactos con embajadores y periodistas
EL PRIMER OBJETIVO La cumbre de fiscales busca evitar que la acusación se limite al delito de malversación
EL ARGUMENTO ESPAÑOL La Fiscalía rechaza que el 1-O se compare con las protestas contra un aeropuerto
El complejo proceso jurídico sobre una eventual entrega a España de Carles Puigdemont, que ha fijado su residencia en Berlín tras salir de la cárcel la semana pasada por decisión de un tribunal regional alemán, avanza hacia nuevos escenarios. La Fiscalía General del land de Schleswig-Holstein (SH), que en su día refrendó las tesis del juez Pablo Llarena equiparando el delito español de rebelión al alemán de alta traición, extremo que fue luego desestimado por el Tribunal Superior del land, se reunirá hoy en La Haya (Países Bajos) con fiscales españoles.
Oficialmente, el encuentro es para intercambiar datos sobre la situación jurídica de Carles Puigdemont. “La Fiscalía General está obligada a obtener más información; por tanto, el fiscal general asistirá con una colega a una reunión con representantes de las autoridades españolas en La Haya”, declaró ayer a La Vanguardia la fiscal Wiebke Hoffelner, portavoz del ministerio público de Schleswig-Holstein. El fiscal general de este land, Wolfgang Zepter, viajará a la ciudad neerlandesa acompañado de una fiscal del equipo que durante los días laborables de la pasada Semana Santa analizó la euroorden de detención y entrega emitida por la justicia española.
La reunión de estos dos fiscales alemanes con fiscales españoles que intervienen como parte en la instrucción del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se celebra en La Haya porque allí tiene su sede Eurojust, el organismo de la Unión Europea encargado de reforzar la cooperación judicial entre los países miembros. “Por lo demás, desde aquí no se dará más información sobre los detalles de las conversaciones”, advirtió la fiscal Haffelner sobre el encuentro de hoy.
De entrada, tras la primera resolución del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein de excarcelar a Puigdemont y de considerar “inadmisible en principio” la entrega por rebelión, no cabe un recurso de la fiscalía regional al tribunal regional. Pero los fiscales de SH sí podrían aportar al tribunal del land más documentación sobre rebelión y malversación suministradas por el ministerio público español.
En líneas generales, según el procedimiento, cuando un Tribunal Superior Regional (Oberlandesgericht) toma su decisión final sobre la admisibilidad legal de una entrega con arreglo a los delitos detallados en la euroorden, corresponde de nuevo a la Fiscalía General determinar el cómo y el cuándo de la entrega, si es ese el caso. Por ello, cuando el Oberlandesgericht de SH realice su evaluación legal final –en principio, sobre el delito de malversación de caudales públicos que Llarena atribuye a Puigdemont–, un auto que se espera para dentro de un máximo de dos semanas, será la Fiscalía del land quien deberá actuar en consecuencia.
De acordarse la entrega, el abogado alemán de Carles Puigdemont, Wolfgang Schomburg, ya ha anunciado que acudiría al Tribunal Constitucional, al que es posible recurrir alegando riesgo de vulneración de la dignidad humana por países terceros.
La Fiscalía General del Estado ha enviado a La Haya a miembros del grupo de cuatro fiscales que se ocupa del caso 1-O en el Supremo. El objetivo es conseguir que la entrega del expresident Puigdemont se produzca por delitos más graves que el de malversación, único que por el momento el Tribunal de Schleswig-Holstein ha contemplado como posible fundamento para atender la euroorden cursada por el juez Llarena. La Fiscalía española es consciente de las escasas –por no decir nulas– posibilidades de que los jueces alemanes cambien de criterio cuando resuelvan sobre el fondo de la petición, es decir, sobre por qué delitos admiten entregar a Puigdemont, si es que finalmente no hay un rechazo global a la solicitud.
De momento, el Tribunal de Schleswig-Holstein sólo ha decidido sobre las medidas cautelares aplicables al expresident, aunque con argumentos que se refieren a los delitos por los que le reclama, rechazando el de rebelión. La Fiscalía española es muy crítica con la primera resolución, no sólo por su sentido negativo, sino también por los argumentos que utiliza, al comparar, por ejemplo, los actos violentos y desórdenes públicos ocurridos durante el proceso independentista –y singularmente con ocasión del referéndum del 1-O– con los registrados en las protestas contra la ampliación del aeropuerto de Frankfurt. Los fiscales españoles tienen especial interés en explicar a sus colegas alemanes las razones por las que estiman que ambas expresiones de movilización ciudadana tienen una naturaleza y una trascendencia muy distintas.
En todo caso, por si el intento de defender la existencia del delito de rebelión fracasa definitivamente, la Fiscalía española quiere explorar la posibilidad de que la alemana considere el tipo penal de la sedición, estudiando su correspondencia con los delitos del Código Penal alemán. Esta estrategia permitiría evitar el debate sobre la existencia o no de violencia atribuible a Puigdemont en los hechos del 1-O. En una segunda fase, los fiscales de ambos países buscarían acordar una estrategia común para el caso de que se llegue a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, siempre con el fin de ampliar los motivos para la entrega de Puigdemont, y que no se limiten exclusivamente al delito de malversación.