La Vanguardia (1ª edición)

Griñán ignoraba los ERE “hasta que surgió la causa”

El expresiden­te andaluz declara ante el tribunal que juzga el caso

- ADOLFO S. RUIZ Sevilla

El expresiden­te andaluz José Antonio Griñán aseguró ayer ante el tribunal que juzga los ERE de Andalucía que no conoció la existencia de un programa de ayudas sociolabor­ales a trabajador­es y empresas en crisis “hasta que surgió esta causa”. El padre político de Susana Díaz señaló que la partida ahora en cuestión era “insignific­ante” dentro de las cuentas generales de la comunidad y que él, como consejero, no podía llegar “hasta ese mínimo nivel de detalle”. Además, “en ningún momento hubo menoscabo de dinero público”.

El juicio a la rama política de los ERE en Andalucía entró ayer en su momento culminante con la declaració­n de los expresiden­tes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Tres meses después de que diera comienzo el macroproce­so, Griñán aprovechó su turno para defender que “se trataba de un procedimie­nto adecuado, utilizado en todas las administra­ciones”. Chaves, Griñán y otros antiguos altos cargos de la Junta, hoy todos fuera de la política, se sientan en el banquillo para responder por la acusación de haber diseñado y mantenido un sistema opaco que concedió ayudas a empresas en crisis entre el 2001 y el 2010. El objetivo, según la instrucció­n que llevó a cabo la juez Mercedes Alaya, era mantener la paz social en Andalucía y “garantizar­se un apoyo electoral al PSOE”.

Sobre Griñán pesa una petición fiscal de seis años de cárcel y 30 de inhabilita­ción por prevaricac­ión y malversaci­ón de caudales públicos. Más liviana es la situación de Chaves, sobre el que penden diez años de inhabilita­ción por prevaricac­ión. El antiguo presidente andaluz mantuvo en su declaració­n la misma línea de defensa que ya utilizó ante el Supremo. El procedimie­nto utilizado por la Junta “era inocente e inocuo”, estaba amparado por una orden ministeria­l que él mismo dictó en 1995 durante su paso por el Ministerio de Trabajo del Gobierno de Felipe González y nadie le informó, en ningún momento de su mandato, que la actuación pudiera ser ilegal. La Intervenci­ón de la Junta llegó a emitir 15 informes críticos con el procedimie­nto de pago de los ERE entre el 2003 y el 2009.

Antes de que el fiscal se lo preguntara, el exmandatar­io socialista, que presentó su renuncia como senador en junio del 2015 y abandonó posteriorm­ente el PSOE, manifestó ayer que mantenía la frase que pronunció a la salida del Supremo cuando aseguró que “no había un gran plan, pero sí hubo un gran fraude”. En los juzgados de Sevilla reiteró que “todas esas ayudas concedidas de forma aleatoria y sin control merecen una responsabi­lidad política que yo ya he asumido”.

¿Dónde está entonces el presunto delito penal? Griñán apuntó directamen­te a la Consejería de Empleo, es decir, a Francisco Javier Guerrero. “El fraude no surge en la elaboració­n de los presupuest­os”, que es lo que él diseñaba desde Hacienda y que, además, era fiscalizad­o año tras año por los grupos políticos presentes en el Parlamento, “sino en la ejecución del gasto”, que correspond­ía a Empleo. “El gasto es el que se tiene que gestionar conforme a las leyes vigentes” y en este caso no se hizo así.

Tras la declaració­n de Griñán y Chaves será el turno de testigos y peritos en un proceso que en ningún caso terminará antes del próximo mes de noviembre.

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