Empleo quiere cubrir más gasto de la Seguridad Social con impuestos
Las cotizaciones no asumirían bonificaciones ni permisos de maternidad y paternidad
Mientras las recomendaciones de la comisión parlamentaria del pacto de Toledo permanecen encalladas en la discusión sobre la polémica revalorización de las pensiones, el Gobierno comienza a mostrar sus cartas sobre cómo afrontar el elevado déficit que arrastra la Seguridad Social. Así defienden la necesidad de comenzar a aligerar la factura que deben afrontar las arcas que se nutren de las cotizaciones, derivándolas a los presupuestos del Estado. Las partidas susceptibles de ser pagadas vía impuestos pueden llegar a los 20.000 millones de euros, detallan fuentes del Ministerio de Empleo.
Se trata de “avanzar” de esta forma en lo que los expertos denominan separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social. Un proceso que el pacto de Toledo aprobó a mediados de los noventa y que culminó en el 2013 con la financiación total de los complementos a mínimos mediante transferencias del Estado –que pasaron a representar en ese momento el 12% de los recursos, según cálculos de la Seguridad Social–. De llevarse a cabo el plan del Gobierno, se iniciaría una nueva etapa que afectaría total o parcialmente a nuevas partidas.
“En los próximos años podemos enjugar el déficit asumiendo en los presupuestos todo lo que no es contributivo”, aquello que se consideran políticas de carácter social, defienden las citadas fuentes. Entonces, ¿qué podría dejar de estar financiado mediante cotizaciones para aliviar la presión sobre las cuentas de la Seguridad Social? Empleo propone negociar con la oposición la posibilidad de pagar con cargo a los presupuestos partidas como las reducciones de cotización (bonificaciones para el fomento del empleo como la tarifa plana para mayores de 30 años que computan como pérdida de ingresos para la Seguridad Social). Desde el departamento que dirige Fátima Báñez recuerdan que estas reducciones progresivamente van bajando: si en el 2017 suponían 1.690 millones de euros, en las nuevas cuentas presentadas hace unos días por el ministro Cristóbal Montoro se sitúan en 1.500 millones de euros. También están abiertos a estudiar, entre otros, la financiación vía impuestos de los permisos de maternidad y paternidad, donde con la ampliación a cinco semanas para los padres recogida en los presupuestos en trámite se gastarán hasta 2.559 millones de euros. O los gastos de gestión y personal de la Seguridad Social, que también rondan los 2.000 millones de euros.
Fuentes cercanas al pacto de Toledo señalan que tras las negociaciones de los últimos meses hay “consenso básico” para dejar de financiar con cotizaciones aspectos como los mencionados incentivos a la contratación o el desembolso por la gestión del organismo. Aunque no hay tanto acuerdo, explican, también se ha planteado el debate sobre comenzar a cubrir con transferencias del Estado el déficit que comportan los sistemas agrario y de trabajadoras del hogar, donde el desfase entre las pensiones abonadas y la recaudación de unas cotizaciones más bajas para evitar el empleo sumergido en ambos colectivos se compensa en la actualidad por las aportaciones del régimen general. Desde el Pacto de Toledo admiten que este desfase resulta complicado de cuantificar.
Finalmente, no hay que olvidar que la situación deficitaria de la Seguridad Social –actualmente supera los 18.000 millones al año– resulta clave para el cálculo de la revalorización de las pensiones, objeto de las protestas de los jubilados en la calle. Según el Banco de España y la Airef, la creación de empleo y la subida de los salarios no es suficiente para que los números de la Seguridad Social dejen de estar en rojo en las próximas décadas y, por tanto, condena a los pensionistas a seguir aumentando su prestación un 0,25% año a año, sea cual sea la evolución de los precios.
El departamento de Báñez está dispuesto a aliviar las cuentas hasta en 20.000 millones