Fracasa el cuarto intento de investir a un president
OeEl juez Llarena impide a Sànchez oeJxCat frena otra tentativa a la espera ir al pleno, que ha sido desconvocado de lo que decida Puigdemont
El juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, instructor de la causa contra los líderes independentistas catalanes, acordó ayer mantener en prisión al diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Jordi Sànchez, procesado por rebelión, y en consecuencia bloquear así el nuevo intento del Parlament de investirle presidente de la Generalitat.
La decisión de Llarena no causó sorpresa en la Cámara catalana, pero no por ello el nivel de indignación fue menor. El presidente Roger Torrent reaccionó aplazando el pleno previsto para hoy a las 10 h y, acto seguido, convocó a la Mesa para primera hora de esta mañana con el objetivo de coordinar una respuesta institucional y legal a Llarena con la presentación de una querella.
La negativa del juez Llarena a permitir la presencia de Sànchez en el debate de investidura se basa sobre todo en que aprecia riesgo de reiteración delictiva. Ese peligro –sostiene el magistrado– no desaparecería por el hecho de que el expresidente de la ANC fuera conducido policialmente al Parlament o pudiera intervenir ante la Cámara catalana por vía telemática. Y ello porque Llarena considera que la postulación de Sànchez como candidato a la presidencia de la Generalitat incluye elementos que apuntan “marcada y racionalmente a que su eventual mandato pueda orientarse hacia el quebranto” del orden constitucional.
En cambio, es en el marco de ese orden donde “cualquier elector entiende que debe desarrollarse su representación democrática”. Y sería la transgresión de ese cauce constitucional –añade Llarena– el que conduciría a un “profundo quebranto de las mismas normas prohibitivas penales que han justificado la incoación de la presente causa”.
En todo caso, a lo que el juez dedica mayores esfuerzos es a razonar por qué considera pertinente y legítimo limitar los derechos políticos de Jordi Sànchez, y por qué cree que haciéndolo no contraviene resolución alguna de las Naciones Unidas.
Como es sabido, el Comité de Derechos Humanos de la ONU admitió una protesta presentada por los abogados de Sànchez y en el acuse de recibo pedía al Gobierno de España que garantizase los derechos políticos del expresidente de la ANC. Los independentistas se han agarrado a esta comunicación del comité para reforzar su petición ante Llarena.
Pero el juez no considera relevante este argumento y no estima que la ONU haya hecho una “inLlarena, dicación concreta, que nunca puede ser vinculante para el Tribunal”. Además expone que el interés en evitar dañar a los derechos políticos de Sànchez “no implica que ineludiblemente deba autorizarse el ejercicio completo de su contenido”. En este punto le da la vuelta al argumento de la negación de derechos, preguntándose si no serán los de los ciudadanos que actúen en el marco de la Constitución los que podrían verse mermados por la vuelta de Sànchez al primer plano de la actividad política. El juez plantea, en suma, si ante la posible “negación de los derechos políticos del resto de la comunidad” no son estos más “dignos de protección preferente, lo que recoge el propio artículo 25 del pacto de Derechos Civiles y Políticos”.
Tras conocer la decisión de el president del Parlament anunció su intención de emprender acciones para “defender el derecho de Jordi Sànchez” a ser investido president de la Generalitat y por ello el órgano rector de la Cámara se reunirá hoy.
El presidente y diputado de ERC propondrá la presentación de una querella en nombre de la institución contra el magistrado del Tribunal Supremo por prevaricación. Una propuesta que con toda seguridad será aprobada por la Mesa, donde los grupos independentistas tienen mayoría. A partir de ahí se baraja la posibilidad de encargar la preparación de esta querella a un bufete de abogados externo.
Torrent apela al Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la convicción de que la comunicación de esta organización tiene una relevancia que Llarena precisamente no reconoce. El presidente del Parlament y la mayoría independentista de la Mesa ya barajó la posibilidad de querellarse contra Llarena hace justo un mes.
Entonces, el magistrado del Supremo impidió por primera vez la salida de Sànchez de prisión para participar en el debate de investidura, que fue desconvocado.
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El auto considera que la comunicación de la ONU no es vinculante para un tribunal
La decisión del juez Llarena es, para JxCat, “un golpe de Estado togado en el que han cambiado el ejército por los jueces”, denunció la portavoz Elsa Artadi, que ayer la definió también como “el atentado más grave desde el restablecimiento de la democracia”, sólo comparable al “golpe de Estado de Tejero del 23-F”, según precisó el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa. Y es que la formación de Carles Puigdemont –que tuiteó que “el daño a la democracia es inmenso”– interpreta que lo que hace el magistrado es “impedir que cualquier diputado independentista, y en especial de JxCat, sea elegible y advertir que lo enviará a la cárcel”.
Una circunstancia que, según JxCat, obliga a replantearlo todo, desde si vale la pena proponer un nuevo aspirante hasta la posibilidad de repetir de las elecciones, pasando por la reactivación de la candidatura del expresidente de la Generalitat, y a hacerlo de forma conjunta con el resto de fuerzas independentistas, ERC y la CUP, en busca de un frente común. La consecuencia de este planteamiento es que, de momento, el plan D de la investidura queda frenado, en espera de la conclusión de esta reflexión compartida. “La próxima semana tomaremos decisiones en Berlín”, se limitó a avanzar Artadi en referencia a la reunión que el grupo de JxCat tiene prevista con Puigdemont, pero sin desvelar en qué sentido: “Todo está abierto”.
ERC sigue rehuyendo en público pronunciarse claramente sobre sus reticencias a que se recupere la vía Puigdemont. También a celebrar nuevas elecciones. Los republicanos han reclamado insistentemente tanto un presidente de la Generalitat como un Govern “efectivos”. Por tanto, y atendiendo a este razonamiento, la opción de restituir al número uno de JxCat no entra en sus planes. Ayer, el portavoz del grupo parlamentario de Esquerra, Sergi Sabrià, se limitó a asegurar que “toca denunciar la injerencia” del juez Llarena, de quien lamentó irónicamente que haya dejado escapar la oportunidad de “dejar de hacer el ridículo” en el ámbito internacional, y a afirmar que el independentismo no puede “dejar perder el mandato” de las elecciones del 21 de diciembre.
Con ERC esperando conocer la decisión de JxCat, quien sí tiene claro su posicionamiento es la CUP. El plan A, restituir como presidente a Puigdemont, sería en su opinión un verdadero acto de soberanía del Parlament.
De hecho, para los anticapitalistas cualquier opción que signifique un desafío al Estado sería válida. Entre ellas, por ejemplo, celebrar hoy la sesión de investidura de Sànchez aunque no le apoyen. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, consideró, por su parte, que le decisión judicial vulnera los derechos del diputado, de la ciudadanía y de la independencia del Parlament.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pidió a Torrent que proponga ya un candidato viable y le reclamó “seny, realismo y convivencia”. Sobre la posibilidad de que la Mesa se querelle contra el juez Llarena, el portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, la calificó de “increíble”. “El bloque independentista con el 47% de los votos no puede poner una querella criminal con fondos públicos para atender el interés de una persona”, dijo Carrizosa, quien no descartó querellarse por malversación de fondos públicos.
El portavoz del PSC, Ferran Pedret, afirmó que lo más razonable sería “tener un presidente que no se vea condicionado por la necesidad de defenderse jurídicamente”. Y el líder del PP Catalán, Xavier García Albiol, tachó de “una ocurrencia más” la noticia de la querella del Parlament contra el juez del Supremo Pablo Llarena. “Que siga el espectáculo”, exclamó irónicamente.
Mientras, los plazos para investir a un presidente siguen corriendo. Si el 22 de mayo no se nombre a un president de la Generalitat, el Parlament quedará disuelto y se convocarán elecciones de forma automática.
Cs denunciará al bloque independentista si utiliza dinero público contra Llarena
Si el 22 de mayo no hay president, se convocarán elecciones automáticamente