El relato de la Catalunya violenta
Hay una estrategia narrativa en marcha que intenta presentar Catalunya como una sociedad sumergida en la violencia. Un Ulster en ascenso. Este relato se va extendiendo como una mancha de aceite en algunos medios de comunicación, en las redes sociales y en las charlas de café. El último capítulo de la serie ha introducido la palabra terrorismo en el guion de las tensiones catalanas. Una acusación gravísima.
El esfuerzo narrativo en curso pivota sobre el teorema del juez Pablo Llarena acerca de la violencia en los acontecimientos políticos de septiembre y octubre en Catalunya. El instructor del Tribunal Supremo no habla en su auto de procesamiento de una Catalunya sumergida en la violencia –de la exageración propagandística ya se encargan otros– , pero caracteriza los hechos acaecidos como un acto de rebelión violenta, equiparable al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El teorema Llarena sufrió un serio percance la semana pasada en la audiencia territorial de Schleswig-Holstein, cuando tres jueces alemanes dictaminaron que no procedía la extradición de Carles Puigdemont a España por el delito de rebelión, al no apreciar en los hechos investigados una violencia que pudiese desbordar al Estado español, según establece el código penal alemán para el delito de alta traición. El veredicto alemán ha provocado un terremoto de consecuencias diplomáticas, jurídicas y políticas aún no del todo delimitadas y visibles.
La construcción del relato sobre la Catalunya violenta, sin embargo, prosigue. Esta semana ha subido un peldaño más, al ser acusada de terrorismo una persona vinculada a los denominados Comitès de Defensa de la República, detenida tras una investigación policial sobre los cortes de carretera y otros incidentes posteriores a la captura de Puigdemont en Alemania.
La acusación de terrorismo se ha basado en el artículo 573 del Código Penal, reescrito en el 2015 en el marco de un pacto de Estado entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez para reforzar la legislación antiterrorista, después del brutal atentado yihadista contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo. Se trataba de combatir mejor el terrorismo islámico, pero pronto pudo apreciarse que aquella reforma iba a ser aprovechada para otros fines (véase La Vanguardia del 4/II/2015). En una primera redacción, el Partido Popular pretendía conceptuar como terrorismo los delitos de rebelión y sedición. El PSOE se opuso. El texto finalmente sometido a tramitación parlamentaria incluía los “desórdenes públicos” como posible delito de terrorismo. Hubo algunas protestas, perplejidad y murmullos. La reforma finalmente aprobada, con la abstención de CiU (la coalición empezó a romperse en aquel episodio) y el voto contrario de Izquierda Unida y PNV, mantuvo como delito terrorista los actos contra la libertad (de circulación, por ejemplo) que tuviesen como objetivo alterar la paz pública.
Un juez de la Audiencia Nacional desestimó ayer la acusación de terrorismo para los CDR. El momento es serio. Estamos asistiendo a una fortísima pugna sobre el relato de la crisis política en España.
En el 2015, el Partido Popular intentó incluir la rebelión y la sedición como delitos de terrorismo