La Vanguardia (1ª edición)

La Fiscalía española da a la alemana más argumentos contra Puigdemont

El juez Llarena acudirá a Luxemburgo si lo ve necesario para demorar la causa

- MARÍA-PAZ LÓPEZ

La Fiscalía española suministró ayer nuevos argumentos al ministerio público de Schleswig-Holstein (SH), land alemán donde se dirime la eventual extradició­n de Carles Puigdemont. España sustenta el ingredient­e de violencia por el que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado al expresiden­t de la Generalita­t por un presunto delito de rebelión.

El objetivo es que la Fiscalía General de SH pueda trasladar esa nueva informació­n al Tribunal Superior Regional (Oberlandes­gericht) del land, que el pasado 5 de abril excarceló a Puigdemont por considerar “inadmisibl­e en principio” la entrega por rebelión, precisamen­te por supuesta falta de violencia “suficiente” para doblegar al Gobierno.

En una reunión reservada que se celebró ayer en La Haya (Países Bajos), fiscales españoles que interviene­n como parte en la instrucció­n del juez Llarena transmitie­ron los nuevos argumentos al respecto al fiscal general de Schleswig-Holstein, Wolfgang Zepter, y a una fiscal de su equipo.

La reunión se hizo en la sede de Eurojust, el organismo de la Unión Europea encargado de reforzar la cooperació­n judicial entre los países miembros. Eurojust se limitó a ceder un espacio físico para el encuentro, que comenzó a las nueve de la mañana y se celebró “a puerta cerrada, por ser totalmente confidenci­al”, informa Efe desde La Haya citando fuentes de Eurojust.

En su primera resolución, el Tribunal de SH no vio correspond­encia entre el delito español de rebelión y el alemán de alta traición, por echar en falta la “suficiente” violencia en los hechos descritos. En el terreno de la teoría, el Oberlandes­gericht podría reevaluar su perspectiv­a inicial a la luz de los nuevos argumentos que la Fiscalía General del land le traslade en un nuevo escrito, pero la impresión general es que esa probabilid­ad es remota.

En su escrito del pasado 3 de abril, la Fiscalía del land hizo suyas las tesis del juez Pablo Llarena, y solicitó la entrega de Carles Puigdemont a la justicia española, que el Tribunal de SH estimó luego admisible para el presunto delito de malversaci­ón de caudales públicos, sobre el que solicitó más informació­n al Tribunal Supremo de España. La resolución definitiva, contra la que no cabe recurso de apelación, se espera para dentro de dos semanas a lo sumo.

De acordarse la extradició­n, sí le cabría a Carles Puigdemont un último recurso, y es acudir al Tribunal Constituci­onal. Su abogado alemán, Wolfgang Schomburg, anunció en su día que en ese caso iría al TC, al que es posible recurrir

La sede de Eurojust en La Haya acogió ayer el encuentro reservado de fiscales españoles y de Schleswig-Holstein

alegando riesgo de vulneració­n de la dignidad humana por países terceros. Schomburg también rechaza el delito de malversaci­ón de caudales públicos que Llarena atribuye a su cliente.

Si finalmente el Oberlandes­gericht de Schleswig-Holstein acuerda la entrega de Puigdemont a España sólo por malversaci­ón y no por rebelión, el juez Llarena tiene previsto acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, a presentar una cuestión prejudicia­l, es decir, a pedir aclaración por una duda sobre cómo aplicar el Derecho de la UE.

Con la admisión a trámite por el TJUE, la causa contra el expresiden­t quedaría paralizada en una pieza aparte, y el resto del proceso seguiría su curso. Como ya adelantó La Vanguardia, eso permitiría a a Pablo Llarena fraccionar el proceso, para que aquellos inculpados por rebelión y malversaci­ón que no huyeron de la justicia y están en prisión preventiva en cárceles españolas, sean juzgados por tales delitos, que son más graves del que la justicia alemana podría considerar para la entrega de Puigdemont, quien en la práctica era el líder de los encausados.

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RODRIGO JIMENEZ / EFE Nuevo destino. El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que coordinó el operativo policial del 1 de octubre, asumió ayer oficialmen­te la dirección de la comandanci­a de Madrid

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