Más vivienda pública para hacer posible un derecho fundamental
Barcelona quiere garantizar el derecho de todos a disponer de una vivienda digna ampliando las ayudas económicas y el parque de vivienda pública
Barcelona es una ciudad de éxito que se ha visto abocada, como otras urbes deseadas internacionalmente, a graves problemas de vivienda. La falta de pisos de compra y de alquiler, y la fuerte presión de la demanda han provocado que hoy la capital catalana sea la ciudad española con los alquileres más altos –19,9 euros/m2 en Ciutat Vella, cuando la media en España era de 10 euros/m2 en 2017, según el informe La evolución poscrisis del mercado inmobiliario elaborado por EAE Business School–. Asimismo, el año pasado Barcelona fue la ciudad donde más se encareció la vivienda de compra: los precios crecieron un 10,2% (la media estatal fue del 4,3%), según datos de la Sociedad de Tasación, y el Incasòl apunta que en la capital catalana el segmento de obra nueva ha experimentado un incremento de los precios del 19,7% en los tres últimos años, y los alquileres han subido un 28,7% en este periodo, pasando de 701,98 euros/mes en 2014 a 903,40 euros/mes el tercer trimestre de 2017.
Estos aumentos han provocado que el incremento del precio de la vivienda esté por encima del de las rentas familiares. De promedio, la población dedica el 21,3% de los ingresos al pago del hogar (alquiler, hi- poteca, suministros...), un porcentaje que se incrementa a medida que la renta familiar disminuye. Por ejemplo, las familias con ingresos inferiores a 9.000 euros anuales deben destinar el 64% en gastos de la vivienda. Entre las consecuencias que se derivan de estas dificultades, el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona (O-HB) destaca el problema de los desahucios por falta de pago. Entre los años 2012 y 2016, en Barcelona se ejecutaron 12.322 desalojos, el 85% por impago del alquiler.
EXPULSIÓN DE LOS VECINOS
El incremento del precio de los pisos se ha traducido en la expulsión de muchos vecinos de los centros a la periferia. En el caso de los jóvenes que quieren emanciparse –que cada vez lo hacen más tarde, a los 29 años, tres por encima de la media de la UE debido al paro, la precariedad laboral y el precio de los pisos–, irse del barrio o de la ciudad conlleva alejarse del entorno social más inmediato y el consiguiente empobrecimiento del tejido social de los barrios.
Otra causa que explica los desahucios y las dificultades de los jóvenes para emanciparse es la escasa inversión en políticas sociales de vivienda, que se traduce en la falta de pisos de protección oficial y de ayudas directas a la compra, el alquiler o la rehabilitación. Mientras en países como Alemania, Suecia, Dinamarca, Francia o Austria, el porcentaje de vivienda pública supera el 20% del parque, según un estudio de Housing Europe, en España es del 2,5% y los datos que se disponen de Barcelona establecen que este es del 1,5%.
INCREMENTAR LAS AYUDAS
Para revertir esta situación y garantizar el derecho a la vivienda, Barcelona trabaja para ampliar el parque actual hasta alcanzar la cifra de 11.000 viviendas públicas en 2019. Esta iniciativa se enmarca en el nuevo Plan por el Derecho a la Vivienda de Barcelona 2016-2025, que establece cuatro ejes prioritarios: prevenir y atender la emergencia habitacional, ampliar el número de pisos asequibles, garantizar el buen uso de la vivienda y rehabilitar el parque.
En políticas públicas de vivienda, el O-HB destaca la recuperación del esfuerzo público tras la caída en el periodo 2011-2015. En 2016 aumentó un 64% el presupuesto público, lo que permitió atender a más de 28.000 personas y la bolsa de vivienda creció con 2.362 incorporaciones, lo que supone un incremento del 37% respecto a los años 2011-2015. Según datos del Instituto Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación de Barcelona, en este mandato el Ayuntamiento habrá finalizado la construcción de 900 viviendas públicas, y 3.500 pisos (100% públi-
Las familias con ingresos inferiores a 9.000 euros/año destinan el 64% a gastos de la vivienda
cos) estarán en proyecto o en obras. La inversión final, de 360 millones, es asumida totalmente por el consistorio.
CONTROL DE VIVIENDAS VACÍAS
Para detectar pisos turísticos y desocupados, y garantizar su buen uso, Barcelona –en colaboración con Barcelona Activa y el Servicio de Empleo de Catalunya– ha elaborado un censo de pisos vacíos en 17 barrios. Se ha estimado que las viviendas desocupadas representan el 1,52% del parque, es decir, unos 13.000 pisos vacíos. Lo que ahora se intenta es incorporar estos pisos a la bolsa de alquiler asequible.
La rehabilitación del parque de viviendas es otra de las medidas que contempla el plan, y más si tenemos en cuenta que la antigüedad media de las fincas es de 52 años (en Ciutat Vella de 90), el 2,4% los edificios está en un estado de conservación malo o ruinoso y el 19,3% se encuentra en edificios de más de tres plantas sin ascensor. Además, el 35% de los certificados de eficiencia energética emitidos son de las categorías más bajas (F o G), lo que indica una poca o nula inversión, lo que tiene consecuencias en la salud y la socialización de las personas.
En Barcelona todavía queda trabajo por hacer para emular países como Dinamarca, donde el acceso a la vivienda es universal y, por ley, cada municipio tiene un 25% de vivienda pública, o Suecia, donde 3 de los 10 millones de habitantes viven en régimen de alquiler, de los cuales la mitad en una vivienda pública de alquiler.
En los Países Bajos el 30% del parque de viviendas son públicas. En España solamente el 2,5%