“Las administraciones deben controlar y regular los alquileres”
“La IUT reclama que las ciudades dispongan de un 30% de vivienda social o a precios asequibles”
“Los mercados de alquiler que funcionan son los que el precio está regulado, hay controles y transparencia “
La International Union of Tenants (IUT) es una organización no gubernamental fundada en 1926 en Zúrich para defender los intereses de los inquilinos y promover viviendas asequibles en todo el mundo. Actualmente la forman cerca de 70 asociaciones de 44 países y su sede está en Estocolmo. Barbara Steenbergen dirige la oficina de enlace en la Unión Europea que se encuentra en Bruselas.
En Barcelona, el precio de la vivienda (de compra y de alquiler) ha aumentado más que los salarios. ¿Considera que es inevitable en ciudades con un gran atractivo turístico?
Es un hecho que se está dando en toda Europa debido a una escasez estructural de vivienda asequible, principalmente en los centros urbanos. Empezó el año 2000 debido a la venta de vivienda pública y social, la crisis financiera, la concesión de hipotecas a personas que después no podrían pagarlas y la disminución de la inversión en el sector residencial de alquiler asequible. Esta situación se ha exacerbado a causa a las prácticas de alquiler de corta duración en las ciudades y regiones de más atractivo turístico.
¿Qué han hecho otras ciudades de la Unión Europea ante la problemática de los alquileres turísticos?
Muchas han establecido controles y restricciones para evitar los alquileres por días o semanas –con un máximo de entre 60 y 90 días al año en los que se puede alquilar una vivienda vacacional y con multas de hasta 500.000 euros en el caso de Berlín para los propietarios que infrinjan la norma– y un máximo en el precio de los alquileres, aunque las plataformas en línea suelen vulnerar la legalidad, algo que es inaceptable.
¿Qué puede hacer la administración para garantizar que los barceloneses no sean expulsados de sus barrios por no poder acceder a pisos de alquiler?
El mercado de la vivienda se caracteriza por un problema fundamental: nunca hay suficiente oferta de vivienda asequible sin regulación del mercado. Las políticas de vivienda deben aprender de los errores del pasado e impulsar medidas que regulen el precio del alquiler en el mercado privado e incrementar la oferta de vivienda social y asequible. A su vez, las administraciones deben luchar contra la gentrificación con leyes que garanticen un alquiler justo y que faciliten un equilibrio de intereses entre inquilinos y propietarios. Esto significa que deben poder controlar y regular los alquileres a partir de un sistema que permita compararlos, garantizando la transparencia y protegiendo a los ciudadanos ante alquileres abusivos que puedan darse en el mercado privado.
¿Cómo se logra?
Se pueden establecer tribunales de rentas, como los que existen en Holanda y Suecia, donde los inquilinos pueden denunciar de forma gratuita, o a un coste muy bajo, precios excesivos en el mercado privado de alquiler.
¿Qué otras herramientas tienen los inquilinos para revertir la situación actual?
Deben organizarse en sindicatos de inquilinos –que empiezan a existir en Barcelona– que actúan como mediadores en caso de conflicto con los propietarios y brindan apoyo legal para llegar a soluciones que garanticen un justo equilibrio de intereses entre las dos partes.
Otra opción es incrementar el parque de vivienda social o asequible...
Los mercados de alquiler que funcionan son aquellos en los que el precio de los alquileres está regulado, como sucede en Suecia, Holanda, Austria y Alemania. En estos países, los ciudadanos apuestan por el alquiler porque están protegidos ante incrementos de precios injustos y abusivos. Otra característica es que en estos países los contratos de alquiler indefinidos son la norma, no la excepción. Para garantizar vivienda social asequible y de calidad, las ciudades deberían establecer un porcentaje de un 30% de vivienda social, que es lo que reclama la International Union of Tenants.
¿La administración debe actuar ante la presencia de pisos vacíos?
Sí, y en muchas ciudades como Bruselas y Berlín se multa a los propietarios que mantienen las viviendas deliberadamente vacías para incrementar los precios y especular. El objetivo es incorporar las viviendas vacías al mercado.
¿Qué porcentaje de la renta sería el recomendable que una familia destinara al pago de la vivienda?
La Comisión Europea considera que una unidad familiar no debe destinar más del 40% de sus ingresos en costes de la vivienda. Si se supera este porcentaje, se considera que el hogar corre riesgo de pobreza. No obstante, la IUT cree que un 40% es demasiado; no se corresponde con la situación actual, con inflación, altas tasas de desempleo y salarios congelados. Por ello, propone que los costes de la vivienda se limiten a un máximo del 25% de los ingresos disponibles para prevenir el riesgo de pobreza y posibles desalojos.
¿Cómo se logra no superar este 25%?
Con la combinación de diferentes instrumentos como una oferta de vivienda social y pública con precios asequibles, ayudas a los inquilinos y mecanismos de control de los alquileres en el sector privado.