Penas de hasta siete años de cárcel por la trama Pretoria de corrupción
Penas de un año y 11 meses para Prenafeta y Alavedra, que no irán a prisión
La Audiencia condena a cinco años al exalcalde de Santa Coloma y a casi dos a Alavedra y Prenafeta
La Audiencia Nacional dictó ayer sentencia sobre el caso Pretoria, que estalló en octubre del 2009, condenando a los imputados a penas que oscilan entre los 6 meses y los 7 años, 1 mes y 27 días de prisión, la pena máxima de las impuestas, correspondiente al exdiputado del PSC Luis García, conocido como Luigi. Todos los acusados en este caso de corrupción urbanística se han visto beneficiados por la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, dada la larga duración del procedimiento judicial.
Los más beneficiados han sido el exsecretario de Presidència de la Generalitat Lluís Prenafeta, y el exconseller de Economia Macià Alavedra, gracias también a su admisión de responsabilidad y su acuerdo con la Fiscalía durante el juicio. Ambos han sido condenados a un año, 11 meses y 27 días de prisión, lo que les permitirá no ingresar en la cárcel, al ser la pena inferior a los dos años y carecer de antecedentes.
Inicialmente, la fiscal encargada del caso, Ana Cuenca, pidió para cada uno de ellos una pena de 6 años y 10 meses de prisión, que rebajó a 2 años en virtud de un acuerdo en el que Alavedra y Prenafeta, aparte de admitir su participación en los delitos de corrupción de los que estaban acusados, se comprometían a devolver al Estado el dinero defraudado. El fallo ordena el comiso de las ganancias ilícitas obtenidas en las tres operaciones urbanísticas enjuiciadas. En el caso de Prenafeta, la suma resultante es de 5.193.170,01 euros, y en el de Alavedra, 3.243.103,28 euros.
La sentencia –de la que ha sido ponente la presidenta de la Sala Penal, Concepción Espejel–, declara probado que entre los años 2002 y el 2009 los acusados participaron en diversas operaciones urbanísticas –Pallaresa, Niesma y Badalona–, que en lugar de favorecer el interés público buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos para promotores e inversores particulares. Estas operaciones –explica el fallo– comportaron importantes beneficios y comisiones “no amparadas en otras actividades comerciales lícitas, ganancias que ingresaron en sus patrimonios bien directamente o bien siendo canalizados a través de intermediarios, testaferros o sociedades controladas de hecho por los mismos”.
Luis García, Luigi, tuvo un papel esencial en las operaciones investigadas en Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, en todas ellas como “conseguidor”. La sentencia –de 1.370 folios– explica que Luis García favoreció la aprobación de los cambios urbanísticos por los que percibía contraprestaciones y comisiones “tanto para él mismo como para los diversos cargos públicos e intermediaros que propiciaron” los citados negocios.
En uno de ellos, la operación Pallaresa, en Santa Coloma, Luigi asumió “una dirección fáctica importante en los concursos y adjudicaciones públicas y en los procesos de modificación urbanística”. Aprovechó para ello la amistad “personal y de antigua militancia política” que le unían con Bartomeu Muñoz, alcalde de la localidad, y con Manuel Dobarco, teniente de alcalde de Urbanismo.
El conseguidor Luigi actuó de modo similar en la operación Niesma, en Sant Andreu de Llavarenes. Y en la operación Badalona logró que una finca edificable sita en un lugar estratégico del puerto pasara a manos de un grupo de inversores particulares que obtuvieron una gran plusvalía en su reventa. En estas dos últimas intervinieron Prenafeta y Alavedra para favorecer a empresarios particulares, siendo sabedores ambos de “los contactos e influencias” que el conseguidor tenía en dichos municipios.
La Audiencia Nacional recoge que ambos ocultaron sus ganancias en cuentas abiertas en “territorios offshore” y eludieron el pago de impuestos a Hacienda, “desvinculándolas de su origen y titularidad para aflorarlas con una apariencia lícita”. La sentencia subraya especialmente que los condenados “burlaron” los principios que deben presidir la gestión urbanística, una materia “especialmente trascendente y delicada”, desplegando “una actuación reiterada, más aún, habitual, dirigida inequívocamente a un favorecimiento intolerable hacia determinados particulares”.
La sentencia, de 1.370 folios, subraya que los condenados burlaron de forma habitual las leyes urbanísticas