Los suizos primero
Suiza prioriza la contratación de residentes sobre los europeos que cruzan la frontera cada día
No llegan en pateras sino en trenes y coches relucientes, y a menudo en traje y corbata. Pero están también en el punto de mira de los xenófobos suizos. Les llaman transfrontaliers, transfronterizos: son los 320.000 europeos que cada día cruzan la frontera –y atascan las autopistas– para ir a trabajar a Suiza, donde cobran entre dos y tres veces lo que ganarían en Francia, Italia, Alemania o Austria. Los mayores orgullos de la Confederación Helvética pasan por sus manos: los relojes, los medicamentos, los bancos.
Desde este domingo, se sienten empleados de segunda. Una nueva ley, pensada para disuadir la contratación de extranjeros en lugar de los parados nacionales, obliga a las empresas suizas a anunciar primero sus ofertas de empleo en las oficinas regionales de colocación antes de hacerlas públicas. La medida sólo afecta a los sectores con una tasa de paro superior al 8%, como la construcción, la relojería o la restauración, aunque el umbral bajará al 5% a partir del 2020.
La paradoja es que esto ocurre en un país con un 2,4% de paro, una tasa que la mayoría de vecinos europeos sólo pueden soñar y que muchos economistas consideran técnicamente irreducible. Pero la explicación no hay que buscarla en los datos. La ley es fruto de la iniciativa “contra la inmigración de masas” que el partido de derecha populista y xenófoba SVP/UDC llevó a referéndum en el 2014 y ganó contra todo pronóstico, haciendo tambalear los cimientos de la relación con la UE.
La llaman ley de “preferencia indígena light” y la clave es la última palabra: se queda muy por detrás de lo que pretendían sus impulsores, señala Pascal Sciarini, politólogo en la Universidad de Ginebra, que subraya que en realidad se trata de un fracaso estrepitoso del SVP/UDC. Su iniciativa hablaba de instaurar cuotas de inmigración, algo incompatible con los acuerdos de libre circulación suscritos con Bruselas. La UE dejó claro que no tenía ninguna intención de renegociar y amenazó con aplicar la cláusula guillotina, según la cual si se viola uno de los acuerdos el resto de convenios con la Confederación Helvética quedan invalidados. La ley es la solución hallada por el Parlamento suizo, en colaboración con la inquieta patronal, para respetar la voluntad popular sin poner en peligro la relación con Europa. “Para salvar la cara”, resume Sciarini.
Las empresas no están obligadas a contratar al trabajador suizo ni a dar explicaciones de su decisión, sino simplemente a informar cinco días antes a las oficinas de colocación regional. Los empresarios se quejan de que les supondrá un papeleo y una demora innecesarios, pero el sentir general es que es el mal menor.
Pero los protagonistas están inquietos. “Vemos discriminación, porque un parado fronterizo, que ha trabajado 10 o 15 años en Suiza, está plenamente integrado en este mercado y para él es mucho más difícil conseguir empleo en Francia que en Suiza. Y además ha pagado sus cotizaciones en Suiza aunque no tiene derecho a cobrar el paro ahí”, dice Laurence Coudière, de GTE, una organización que defiende los derechos de este colectivo. Piden que sean inscritos en las listas de las oficinas regionales. “Desde el Gobierno federal se ha dicho que así será, pero está en manos de los cantones y algunos como Ginebra o Neuchâtel se muestran muy reticentes”.
En Ginebra, un partido populista llamado Movimiento de ciudadanos ginebrinos, que ha hecho campaña contra “la invasión de los fronterizos”, dirige la consejería de Empleo. También la Liga de Tesino, otro cantón con muchos trabajadores europeos, en este caso italianos, hace años que les declaró la guerra. “Son partidos hermanos de la UDC. Como la Liga en Italia o el Frente Nacional en Francia, es el miedo a la inmigración lo que les hace ganar las elecciones. Todos los problemas son culpa de los transfronterizos: la vivienda, las aglomeraciones en el transporte público, hasta la polución”, dice Sciarini.
El SVP/UDC ya prepara el próximo asalto: acaba de recoger las firmas necesarias para someter a referéndum una iniciativa. Esta vez, propone directamente romper el acuerdo de libre circulación con la UE.
La derecha xenófoba ha declarado la guerra a los 320.000 transfronterizos