El Govern concederá a Puigdemont las prerrogativas de expresident
La prioridad es cubrir la seguridad del líder de JxCat con escoltas de los Mossos
El Govern está trabajando para conceder a Carles Puigdemont las prerrogativas que le corresponden como expresidente de la Generalitat. El líder de JxCat –que actualmente tiene fijada la residencia en Hamburgo en espera de que se resuelva su situación judicial en Alemania– presentó una solicitud en este sentido el pasado 22 de junio en la que pide acogerse a las medidas fijadas en la ley del estatuto de los expresidentes de la Generalitat. El Govern ya ha empezado a prepararlas, y se las otorgará aunque permanezca en el exterior.
El escrito dirigido por Puigdemont al gabinete de Quim Torra reivindica sus credenciales como ex, con la única salvedad del sueldo, al que renuncia por tener en estos momentos el de diputado del Parlament (de hecho, es incompatible con otro salario público). La ley, a través del decreto que la despliega, establece que cada expresidente de la Generalitat, además de conservar el trato de “muy honorable”, tiene derecho a disponer de una oficina con tres trabajadores, un automóvil oficial de representación con chófer y los servicios de seguridad necesarios para el desarrollo de sus funciones. El Departament de Presidència es el encargado de proveer todos estos recursos, y el de Economia, el responsable de determinar la dotación necesaria en los presupuestos de la Generalitat para cubrir todos los gastos que generela oficina del expresidente, incluidas las atenciones de carácter social e igualmente, si conviene, el alquiler de inmuebles.
El 130.º presidente de la Generalitat no quiso reclamar estas prerrogativas cuando fue destituido por el Gobierno español en aplicación del artículo 155 de la Constitución, al considerar que, a pesar de ello, continuaba siendo el “presidente legítimo” de Catalunya, y ha esperado a que se haya nombrado un nuevo presidente de la Generalitat –Torra– para pedirlas formalmente. Y esto es lo que está preparando el Govern, según reconoció ayer mismo la consellera de Presidència, Elsa Artadi, que precisó que la primera prioridad es cubrir la seguridad de Puigdemont, que no dispone de escoltas oficiales desde que fue relevado –algunos miembros de la policía catalana han llevado a cabo las funciones fuera de horas de servicio–, y por ello ya está trabajando con el Departament d’Interior para determinar qué agentes del cuerpo de los Mossos d’Esquadra y cuántos –la ley no fija un número– se ocuparán de esta tarea.
La ubicación física de la oficina todavía no está decidida, aunque el Govern también trabaja para activarla, si bien deja para más adelante su concreción en espera de que se resuelva la situación judicial del líder de JxCat en Alemania y de su posible regreso a Bélgica. En todo caso, Artadi defendió la plena capacidad de Puigdemont de disponer de las prerrogativas como expresidente de la Generalitat en la medida en que la ley “no especifica ninguna limitación por la situación física de la persona”, subrayó. Y, con ello, una vez se haga efectiva se unirá a las oficinas que ya tienen Artur Mas, José Montilla y Pasqual Maragall y a la que renunció, en cambio, Jordi Pujol tras confesar que había ocultado dinero en Andorra.
Los partidos de la oposición, por su parte, expresaron su rechazo a dar estas condiciones a Puigdemont por haber huido a Bélgica para esquivar la acción de la justicia española y criticaron con dureza la decisión del Govern. La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, fijó la posición del partido y calificó de “indignante” la petición del dirigente independentista. “Dio un golpe contra la democracia, violó derechos de millones de catalanes, incumplió la Constitución, el Estatut y resoluciones judiciales, sigue cobrando y ahora pretende que todos le paguemos otro chiringuito”, afirmó. La líder de la oposición volvió a señalar la “responsabilidad” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no frenar por su pacto en la moción de censura las maniobras independentistas. “Sigue mirando hacia otro lado”, lamentó.
Por su parte, el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, afirmó “no entender” que Puigdemont pida al Govern las prerrogativas de expresidente. “Quien no cumple con sus deberes de comparecer ante la justicia está en falso para exigir sus derechos”, declaró en la rueda de prensa posterior a la ejecutiva de los socialistas catalanes.
“En un Estado de derecho, todos tenemos derechos y deberes, y quien no cumple con sus deberes de comparecer ante la justicia y de hacer frente a sus responsabilidades está en falso para exigir sus derechos”, aseguró la mano derecha de Miquel Iceta. Y justificó su posición asegurando que si los expresidentes José Montilla y Artur Mas estuvieran en el extranjero para esquivar a los tribunales, “incumpliendo así sus deberes”, el PSC también se opondría a que se les otorgara los derechos como expresidentes.
Arrimadas censura que se pretenda pagar “el chiringuito de Puigdemont”
CRÍTICA DE CIUTADANS
OPOSICIÓN DEL PSC Illa recuerda que el líder de JxCat debe comparecer primero ante la justicia española