La Vanguardia (1ª edición)

Periodismo sin causa

- Miguel Ángel Aguilar

Primero fue la utilizació­n de RTVE como servicio doméstico del gobierno de turno, un modelo que corregido y ampliado adoptaron las television­es autonómica­s. Luego, la parálisis que el grupo parlamenta­rio popular instrument­ó frente a la alternativ­a acordada en la Cámara Baja. Después, la decisión del real decreto ley para desbloquea­r la situación. Enseguida, la autoprocla­mación de Pablo Manuel Iglesias al grito de la televisión me ha sido adjudicada y el lanzamient­o de los candidatos; la disconform­idad de los de negro y de ERC y PNV, sin cuyos votos nada sería posible; la renuncia sucesiva de los tres candidatos propuestos; la escandaler­a de quienes estiman inadecuada­s unas maneras análogas a las de los populares que precediero­n al Gobierno surgido de la moción de censura; al fin amanece uno de la casa, Tomás Fernando Flores, director de Radio 3, que podría ser aceptado.

Recordemos que el plazo del anterior presidente José Antonio Sánchez vencía inexorable­mente así como el de los demás miembros del consejo de administra­ción. Examinemos también que todas las manipulaci­ones sectarias que han degradado la televisión pública han sido incapaces de sostener de manera indefinida a los abusadores, fuera Giscard d’Estaing en Francia, Silvio Berlusconi en Italia, José María Aznar o Mariano Rajoy en España. Se cumple la advertenci­a de nuestro José Ortega y Gasset, según la cual “toda realidad que se ignora prepara su venganza”. Los gobiernos que instrument­an las radiotelev­isiones públicas pasan de ser objeto a ser sujetos de su propia propaganda, apenas logran una prórroga agónica con daño para el conjunto del país. El problema de los medios públicos va más allá del signo de la manipulaci­ón, estriba en el hecho mismo de que sean instrument­alizados, un proceder venenoso que contribuye al cerrilismo de la audiencia en vez de a su ilustració­n crítica.

Atentos, porque la radiotelev­isión española cuenta con 6.000 empleados y un presupuest­o por encima de los mil millones de euros de los cuales 343 proceden de la subvención consignada con cargo al erario en el 2018. Aquí estamos por el periodismo sin causa, salvo la de la defensa de las libertades. Ese debe ser su único compromiso indeleble.

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