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El contexto de la reunión en Moncloa entre Pedro Sánchez y Quim Torra, y el debate abierto por la UE para terminar con el cambio horario.
LOS presidentes de los gobiernos español y catalán, Pedro Sánchez y Quim Torra, se reunirán mañana por vez primera en la Moncloa. El encuentro hubiera debido producirse hace tiempo, pero la falta de voluntad de unos y otros ha postergado el tratamiento político de un conflicto, para dejarlo exclusivamente en manos de los jueces. Poco puede esperarse de esta primera reunión, pero será muchísimo si traza el camino para que el diálogo persista y, si hay inteligencia política, lleve a una negociación para la resolución del problema.
El conflicto entre Catalunya y España no tiene fácil solución. Los últimos días lo han corroborado de nuevo. El Parlament aprobó la propuesta rupturista de la CUP y el Consejo de Ministros la ha recurrido al Constitucional. No es, sin duda, un buen presagio y, además, da alas a los que apuestan por el camino del palo porque “no hay nada que hablar con los separatistas” –según afirmó esta semana el expresidente Aznar–. También en Catalunya los hay muy recelosos de la reunión, porque mantienen que con España ya no hay nada que negociar. Pero entre esa polarización hay el camino intermedio del diálogo, que es el que Pedro Sánchez anunció en la moción de censura que le llevó al Gobierno y que el Govern de la Generalitat asume como una oportunidad para “hablar de todo”.
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, fue clara en su exposición tras el Consejo de Ministros: hay un camino jurídico, que es el del recurso en defensa de la Constitución y del Estatut, y un camino político que sigue el Gobierno, que es el de la reunión con Torra, a la que llega –dijo la ministra– con “la esperanza de abrir caminos políticos de interés para los ciudadanos”. Desde el Govern se critica que el Ejecutivo español haya interpuesto recurso a una “declaración política” del Parlament, pero se mantiene la esperanza en que a la reunión de mañana siga otra en Barcelona en septiembre. Mientras que para la Moncloa la reunión ha de servir para rebajar la tensión y llegar a acuerdos concretos sobre inversiones en la comisión bilateral Estado-Generalitat, en Palau se espera que el presidente Sánchez deje clara su posición sobre el derecho de autodeterminación –la ministra Celaá insistió el viernes en que no existe ese derecho en ninguna Carta Magna– y los presos.
La distancia que separa las posiciones de partida es enorme porque son muchas las cosas ocurridas desde que el expresidente Montilla advirtió sobre la “desafección” de los catalanes. Pero la oportunidad del diálogo tantas veces reclamada por unos y otros ha llegado; con todo el escepticismo que se quiera, pero está ahí. Hablar entre quienes tienen grandes diferencias es políticamente necesario, a sabiendas de que ignorarse mutuamente nunca sirve para resolver un conflicto. “El presidente irá a escuchar y después analizará y actuará”, anunció Isabel Celaá. Para la portavoz del Govern, Elsa Artadi, “el PSOE tiene intención de mantener una interlocución fluida a todos los niveles”, y celebró que no se hayan puesto condiciones al diálogo.
España y Catalunya se hallan ante una oportunidad de relajar el clima de tensión e, incluso, de empezar a recomponer sus relaciones. Sin embargo, para ello debe haber voluntad política de avanzar en el diálogo. Intentos de hacerlo saltar todo por los aires los ha habido y los seguirá habiendo de una parte y de la otra. Pero si quienes tienen la responsabilidad de gobernar creen que el diálogo es el mejor medio para superar los obstáculos, deben apostar por él al límite.