La lógica de las subidas de impuestos
Ala derecha le gusta presumir de que crea riqueza gracias a las medidas liberales que aplica cuando está en el Gobierno. Y la izquierda saca pecho glosando sus políticas redistributivas cuando alcanza el poder. La primera acusa a la segunda de gastar los frutos de lo que ella ha hecho posible, de despilfarrar con incontroladas políticas de gasto público. En sentido contrario, la izquierda imputa a la derecha el fomento de la desigualdad y el malestar social. Siguiendo la literalidad de los discursos respectivos: crecimiento frente a justicia social. Poco importa que, revisando la historia económica reciente, ese esquema simplista se ajuste a la realidad menos de lo que se quiere reconocer.
Un movimiento pendular, compensatorio y funcionalmente complementario que se ha mantenido en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y que viene sufriendo un prolongado proceso de erosión desde mediados de los setenta. Que ahora experimenta la eclosión de movimientos populistas, de derecha dura y de izquierda crítica con la socialdemocracia tradicional.
El anuncio esta semana de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, de que prepara un aumento del impuesto de sociedades para las grandes empresas y la creación de un gravamen especial sobre los beneficios bancarios ha recordado a muchos ese viejo debate. De hecho, las reacciones iniciales más visibles han reproducido el esquema clásico.
Habría sido interesante conocer la opinión del primer partido de la oposición y hasta hace poco más de un mes fuerza de Gobierno, el Partido Popular, sobre esas medidas que con carácter inmediato, compleja negociación parlamentaria mediante, prepara el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero, claro, los populares andan inmersos en un desconcertante proceso de elecciones primarias de su nuevo líder y nadie se ha aventurado a lanzar una opinión sobre el asunto sin saber cuál será la orientación futura del partido.
Aunque es posible disponer de algunas pistas. El antecesor de Montero, Cristóbal Montoro, había venido esgrimiendo durante meses argumentos similares a los de Montero para fundamentar una elevación de los impuestos a las grandes empresas. El ministro del PP había estimado en el 7% el tipo efectivo que pagaban las grandes empresas, muy lejos del teórico general vigente del 25%.
Cristóbal Montoro ya estaba negociando con representantes de Pedro Sánchez, aún en la oposición, un acuerdo para aplicar la nueva fiscalidad a grandes empresas y bancos. El objetivo era asegurar seguir con la reducción del déficit público y, sobre todo, paliar el deterioro del poder adquisitivo de las pensiones y cerrar el déficit de la Seguridad Social, mal de cabeza económico y electoral de los dos grandes partidos españoles.
Los contactos con Manuel Escudero, responsable de política económica del PSOE y recién nombrado embajador español en la OCDE con destino en París, y Magdalena Valerio, ahora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, estaban en un momento intenso cuando la presentación de la moción de censura los dejó congelados para la eternidad. Pero, en cualquier caso, los populares tendrían muy difícil salir en tromba ahora contra unas medidas que, en buena medida, ellos mismos se habían planteado impulsar ante las dificultades de acompasar el cumplimiento de lo pactado con Bruselas con la tranquilidad social de los pensionistas actuales y futuros.
¿Por qué populares y socialistas han elegido bancos y grandes empresas como fuentes de financiación de esto objetivos presupuestarios? Algunas cifras pueden ayudar. El impuesto de sociedades recaudó en España en el año 2017 algo más de 23.000 millones de euros. Hay que retroceder hasta antes de la burbuja inmobiliaria de mediados de la pasada década, al año 2003, para encontrar una cifra comparable, 21.900 millones. La diferencia es que entre un año y otro el Producto Interior Bruto (PIB), lo que la economía produce en un año completo, ha crecido nada menos que el 45%!, 360.000 millones de euros.
En el caso de las rentas personales, el impuesto que se le aplica, el IRPF, se encuentra en máximos históricos, por encima de los 80.000 millones y un 60% por encima de lo recaudado en el año 2003, utilizado antes como referencia en el de sociedades. Y eso pese al descomunal aumento del desempleo registrado durante los años de la crisis.
De todas maneras este es solo una parte del problema, o de las fuentes de solución. El déficit de la Seguridad Social el pasado año, atribuible en buena medida a los bajos salarios del país, alcanzó los 18.000 millones de euros. El aumento del impuesto de sociedades anunciado puede aportar a las arcas públicas unos 4.000 millones de euros, mientras que el impuesto a la banca podría generar otros 1.000 más. Queda el gravamen a las grandes multinacionales tecnológicas que se estima de unos 600 millones. Una suma que no cuadra, incluso aunque se compute la recaudación adicional de la Seguridad Social por el aumento de los cotizantes y de la mejora salarial pactada por los agentes sociales. Quedan muchas incógnitas que despejar todavía.