Contra la violencia
El futuro secretario de Seguridad de México, Alfonso Durazo, promete combatir la pobreza y la impunidad
El futuro secretario de Seguridad de México, Alfonso Durazo, promete combatir la pobreza y la impunidad.
Es difícil imaginar cómo México –incluso bajo un presidente con un mandato tan contundente como el de Andrés Manuel López Obrador– va a salir de una pesadilla de violencia en la que se producen 80 asesinatos violentos todos los días y los periódicos amarillistas de la llamada nota roja viven de títulos como: “¡Hecho pedazos en Ecatepec!”.
La última vez que un presidente mexicano llegó al poder con un compromiso para acabar con el terror, el resultado fue catastrófico. El presidente Felipe Calderón (2006-2012) desplegó el ejército y militarizó la estrategia contra la delincuencia organizada. La retórica de la nueva guerra contra los narcos funcionó políticamente durante un tiempo. Pero luego se hizo balance: el número de muertos se había cuadruplicado.
“La estrategia de uso exclusivo de la fuerza fue un rotundo fracaso; 240.000 personas murieron directamente como consecuencia de ello”, dice Alfonso Durazo Montaño, el senador electo por Sonora que acaba de ser nombrado secretario de Seguridad del gobierno que López Obrador liderará a partir de diciembre.
No sólo eso: la guerra contra los cárteles descabezó la delincuencia organizada, que acabó fragmentándose en cientos de grupos violentos y descontrolados. Ahora es casi imposible saber quiénes son los responsables de los 25.000 asesinatos que se produjeron en el 2017 o los 6.500 secuestros. En México el 93% de los delitos no se denuncian debido al miedo y a la corrupción policial.
De ahí que la estrategia para combatir la violencia del futuro gobierno va a suponer “un campo de visión” nuevo, explica Durazo en una entrevista concedida a La Vanguardia. Estará enfocado, en primer lugar, a erradicar las causas socioeconómicas de la violencia y a combatir la cultura de impunidad que es la consecuencia de la corrupción.
La violencia “tiene raíces profundas; necesitamos realizar un cambio profundo de las condivaya ciones sociales y económicas de la gente vulnerable, y mejorar radicalmente las oportunidades educativas y de empleo para los jóvenes”. El programa que López Obrador acaba de pactar con grandes empresarios para que faciliten aprendizajes a 2,5 millones de jóvenes desempleados, –pagados por el Estado federal– no es sólo una medida laboral. Es un intento de reducir la reserva de mano de obra para los reclutadores del crimen organizado. Ocho de cada diez mexicanos encarcelados por delitos de narcotráfico no terminaron sus estudios secundarios.
Los adversarios de López Obrador lo atacaron en la campaña por “criminalizar “la pobreza. Pero muchos expertos en políticas de seguridad confirman la relación entre la crisis socioeconómica en México y el crimen. “No es que sea cuanto más pobre, más delincuente, eso no; pero si tienes una familia rota, o padres delincuentes o alcohólicos es más probable que un niño acabe siendo delincuente”, diceo Carlos Vilalta, de Centro Geo en México. Y esos problemas sociales están relacionados con la crisis económica. “Muchos jóvenes en México se sienten estresados, enojados. Miran a sus padres que cobran dos salarios mínimos (8 euros al día). Y si tienes 16 años ¿qué es lo que piensas? ¿Qué pasa con mi futuro? Es un semillero de la violencia”, afirma. Dicho esto, “no hay que confundir la política social con las políticas de seguridad y de prevención de la delincuencia “, explica Vilalta
Estas últimas serán responsabilidad de Durazo , de 63 años, estrecho colaborador de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial asesinado –de forma muy probable por narcotraficantes– en Tijuana en 1994. Durazo luego fue secretario de la administración del presidente Vicente Fox (2000-2006) antes de unirse al partido Morena de López Obrador.
Durazo explica los ejes de su programa. En primer lugar, combatir la impunidad: “Tenemos que eliminar la impunidad porque un delincuente sabe que tiene el 94% de posibilidades de salir impune del delito; de modo que tenemos un círculo vicioso que une la corrupción, la impunidad y la inseguridad”, dijo. “No hay crimen organizado que no de la mano de la protección policial o de algún funcionario”, señala.
En segundo lugar, profesionalizar las fuerzas policiales: “Tenemos policías que tienen que usar su propio dinero para pagar la gasolina de sus coches patrulla”, dice. “Es urgente mejorar los salarios y profesionalizar la policía; y vamos a poder encontrar fondos para esto mediante políticas de austeridad en la administración pública”. Se pretende crear una red de academias de policía coordinadas por una universidad central con el fin de duplicar el número de personas que pueden recibir formación al año. Se estudia también la creación de una patrulla fronteriza en el sur para ayudar a combatir la corrupción, aunque Durazo insiste en que la respuesta principal respecto a quienes llegan a la frontera con Guatemala para pedir buscar asilo será humanitaria y no policial.
En tercer lugar, utilizar tecnologías de interceptación contra las operaciones financieras delictivas: “La delincuencia es una activad básicamente económica, así que vamos a usar inteligencia financiera para combatirla”, promete el nuevo secretario.
Y, finalmente, reconciliación y amnistía: “Vamos a convocar a miembros de la sociedad civil, expertos nacionales e internacionales, oenegés, representantes de grupos de derechos humanos y el papa Francisco para participar en una gran reflexión nacional. A partir de ese diálogo, iremos elaborando una ley que pueda facilitar la amnistía en algunos casos”, explica Durazo.
La propuesta de amnistía fue criticada por los rivales de López Obrador en la campaña electoral y por líderes de movimientos ciudadanos contra la violencia como Javier Sicilia, que advirtieron de que agravaría el problema de la impunidad. Pero la amnistía se dirigirá a grupos vulnerables que han sido “cooptados” por la delincuencia organizada, entre los que se incluye a jóvenes desempleados que trabajan de vigías o camellos para grupos de narcotraficantes, campesinos de subsistencia que han optado por cultivar amapola o marihuana, indígenas y mujeres de bajos ingresos. Entre los años 2015 y 2017 se duplicó el número de mujeres encarceladas por delitos menores vinculados al narcotráfico. Todos los beneficiados por el programa tendrían que participar en programas de rehabilitación. “Serán excluidos los criminales violentos, como asesinos, violadores, secuestradores“, dice Durazo.
La nueva estrategia se fundamenta en el concepto jurídico de la llamada justicia transicional, utilizado en los procesos de paz tras las guerras civiles en países como Colombia o Guatemala. “Nuestros adversarios dicen que vamos a liberar a los grandes capos del crimen organizado, como si estos ya estuvieran en la cárcel“, dice Durazo. “Pero los capos no están en la cárcel: están en la calle y están en el Gobierno”.