Casado y la economía
Extrañamente, Rajoy logró ganar las elecciones generales de diciembre del 2015, aunque con un claro descenso de votos y escaños respecto a las de cuatro años antes, cuando el PP consiguió mayoría absoluta, pese a haber ejercido durante los años más duros de la crisis económica, aplicando un estricto programa de austeridad siguiendo las duras admoniciones de Bruselas y la cancillería alemana. Un hecho casi sin precedentes, pues en todos los países de la eurozona las elecciones barrían sin complejos a los gobiernos que habían aplicado el ajuste, de Italia a Francia, de Portugal a Irlanda.
Como se acabó confirmando más tarde, aunque no inmediatamente porque aún pasaron dos años y medio, con el triunfo de la moción de censura del PSOE de Pedro Sánchez, esa victoria de Rajoy en doble vuelta tenía mucho de pírrica. Fue insuficiente para gobernar con comodidad y tampoco le sirvió para taponar la vía de agua en el buque gubernamental que había creado el descontento social con la política económica aplicada durante la anterior legislatura, herida salpimentada por una corrupción estructural que sólo el presidente del gobierno veía como asunto ajeno.
No cabe la menor duda de que sin la crisis catalana la historia habría sido muy diferente. Probablemente, Rajoy habría tenido mucho más difícil agotar la primera legislatura sin convocar elecciones y una vez celebradas, habría cosechado resultados mucho más pobres, más en línea con lo que le sucedió a otros colegas europeos en parecidas circunstancias. En este caso, la bandera se usó para intentar desactivar varias cargas de profundidad contra el Gobierno del PP y aunque algún efecto tuvo fue insuficiente dada la magnitud de los problemas. La factura estaba ya extendida y sólo esperaba el momento de presentarse al cobro.
El congreso del PP y la victoria de Pablo Casado ha ratificado ese diagnóstico. La mayoría de los militantes del partido no compra el balance del Gobierno Rajoy ni de su delegada para casi todo durante estos años pasados. Y se deja llevar también por los cantos populistas –esos que tan fácilmente de detectar y denunciar resultan siempre en la casa de los demás pero que nunca se descubren en la propia– y que lo fían todo al “más de lo mismo”, una especie de integrismo que se empeña en exacerbar hasta el paroxismo recetas discutibles.
Con el aliento del expresidente José María Aznar proyectándose sobre sus mensajes, Casado ha confeccionado un programa económico que se resume en un discurso fiscal de rebajas generalizadas de impuestos en todos los terrenos, desde el IRPF al de sociedades, a la eliminación de sucesiones, donaciones y patrimonio. Parece que el flamante presidente del PP considera que la única respuesta a todos los problemas económicos reside en pagar menos impuestos al Estado y las administraciones. Un discurso de ecos trumpianos ode Tea Party que no será muy bien acogido en Bruselas y Berlín.
Se entendería que Casado cargase contra los anuncios de subidas fiscales anunciadas por los ministros de Pedro Sánchez, crítica que dejaría en mal lugar a algunos compañeros de su partido, eso sí alineados con su rival Sáenz de Santamaría, como el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, pero propugnar un descenso generalizado cuando España ocupa el furgón de cola europeo en recaudación fiscal, es preocupante.
Casado deberá ir pensando cómo dar respuesta a la necesidad de seguir reduciendo el déficit público, también a la de hacer frente al pago de unos intereses de la deuda del Estado que probablemente tenderán a crecer en los próximos años como consecuencia de la subida de los tipos en la eurozona. Y, también al déficit de la Seguridad Social, el primer problema socioeconómico español y preocupación principal de millones de ciudadanos. Para estos problemas, la solución no puede consistir sólo en subir impuestos, pero también es seguro que tampoco reside en rebajarlos todos.
Si Casado aplica lo dicho en su campaña de primarias, no es difícil adivinar un duro choque parlamentario con el Gobierno de Sánchez y sus aliados varios en torno a los próximos presupuestos del Estado y la negociaciones con las comunidades autónomas sobre los márgenes de déficit y las mejoras de sus cuentas a través de algunos cambios en el funcionamiento del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Es verdad que en este último asunto los barones del PP ya dieron un anticipo de su posición, antes de la elección de Casado, votando contra la propuesta de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, de dar dos décimas más de margen en el déficit del 2019 a las autonomías. Eso, más la intransigencia contra cambios en el FLA, para no premiar a los derrochadores catalanes y valencianos, en la jerga de los que se oponen a las primeras propuestas avanzadas informalmente por Hacienda, avanzan un pronóstico de máxima tensión en lo que resta de legislatura.
Quienes pensaban en convencer a la Generalitat, a su vicepresidente, Pere Aragonès, de la bondad de acudir de nuevo al Consejo de Política Fiscal y Financiera; o quienes, como la ministra Montero, porfían defendiendo que este organismo es el único en el que es posible negociar cambios en la financiación de Catalunya, tienen desde ayer un poco más difícil sostener su posición con visos de realismo político.
El programa del flamante presidente del PP plantea que rebajar todos los impuestos es la gran solución