La UE pagará 6.000 euros por cada inmigrante que sea acogido
Bruselas prueba con los estímulos al fracasar las cuotas obligatorias
Matteo Salvini rechaza la propuesta: “No estamos pidiendo limosna... pueden quedarse su caridad”
La fijación de un reparto obligatorio de refugiados dentro de la UE en el 2015 fue un gran fiasco que acabó con un incumplimiento generalizado de la norma y que sembró la división entre los países europeos. Casi tres años más tarde, y en medio de una crisis política mayor causada por la inmigración, la Unión Europea ha enterrado definitivamente las cuotas obligatorias y busca incentivar las voluntarias. Lo intenta ofreciendo a los estados 6.000 euros por cada refugiado que acepten que se establezca en su territorio y apoyando el establecimiento de centros en territorio europeo para la clasificación de los rescatados. La propuesta forma parte de la iniciativa con que la Comisión Europea desarrolla los acuerdos de la cumbre de jefes de Gobierno de junio, aquella en que unos acuerdos de mínimos, de eficacia dudosa, permitieron salvar la cara a los Veintiocho y evitar el desgarro de un enfrentamiento abierto.
Ahí se plantearon los llamados “centros controlados”, que deberán servir para llevar a cabo el proceso de selección para distinguir entre los que tienen derecho a protección y los que deben ser devueltos a su país de origen. Fue una iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, y del español, Pedro Sánchez, después aceptada a nivel de los Veintiocho. La Comisión es la encargada de desarrollar el concepto y ha empezado a hacerlo ofreciendo un amplio apoyo a los estados que de manera voluntaria decidan acoger estos centros controlados. Porque la voluntariedad es un elemento esencial de la estrategia: no se puede forzar a ningún país a asumir estos centros, se trata de darles incentivos. Y de momento, hay que subrayarlo, no hay voluntarios a la vista.
Para facilitar las cosas, Bruselas ofrece ayuda financiera y de personal tanto en el desembarco de los emigrantes como en el funcionamiento de los centros controlados. Cuando llegue a puerto un barco de una media de 500 personas, la UE pondrá a disposición de ese Estado entre 200 y 300 personas entre guardias de fronteras, intérpretes, expertos en asilo y otro personal auxiliar. El objetivo es que en 78 horas este equipo de desembarco pueda realizar el registro y la clasificación inicial de los recién llegados.
Un segundo elemento lo forman los centros controlados que deben servir para, en un período de entre cuatro y ocho semanas, llevar a cabo el proceso de selección definitivo. “Un procesamiento rápido, seguro y efectivo que reduzca el riesgo de movimientos secundarios y acelere el proceso para determinar el estatus de las personas afectadas”, dice la Comisión. La tercera pata de la estrategia la conforman las ayudas a los estados que acepten esos refugiados en su territorio, con 6.000 euros por persona acogida.
De momento, no consta que haya ningún país candidato, a acoger esos centros, aunque la propuesta ofrece todo tipo de facilidades, desde apoyo financiero a flexibilidad en su diseño. Pueden ser temporales y con fines específicos, abiertos o cerrados y siempre bajo el control del Estado que los albergue. Bruselas quiere desarrollar una prueba piloto lo antes posible. El objetivo es permitir “diferenciar rápidamente y con seguridad entre los que no tienen el derecho a permanecer en la UE y las personas que necesitan protección internacional”.
La iniciativa llega después de la negativa del Gobierno italiano a permitir desembarcar a inmigrantes rescatados en el mar, pero fue rechazada por el extremista ministro del Interior, Matteo Salvini: “No estamos pidiendo limosna. Cada peticionario de asilo nos cuesta entre 40.000 y 50.000 euros. Bruselas puede quedarse su caridad”.