Migrantes e infierno
Los incentivos que la Unión Europea ofrece a los países miembros que acojan refugiados; y los devastadores incendios que sufre Grecia.
EL Consejo Europeo celebrado el pasado 28 de junio llegó, tras una maratoniana y tensa negociación, a un acuerdo de mínimos para afrontar el desafío de la llegada de inmigrantes a territorio europeo. El pacto consistía en la creación de “centros controlados” en países de la Unión Europea donde se procesarían las peticiones de asilo, separando de modo rápido y ordenado a las personas necesitadas de protección internacional de los inmigrantes irregulares.
Ayer, la Comisión Europea comenzó a dar forma concreta a esta iniciativa aunque persisten muchos interrogantes. El Ejecutivo comunitario recuerda que la participación en este plan es absolutamente voluntaria pero garantiza el apoyo total de la UE a los estados que deseen colaborar. Quedan aspectos importantes por concretar: con qué criterios se fijarán los puertos de desembarco, dónde se ubicarán los centros y cuántos habrá, cuestiones que deberán decidir los estados miembros.
Lo que sí quedó ayer meridianamente claro es el incentivo financiero que Bruselas dará a los países que participen en la operación. Cada Estado recibirá 6.000 euros por persona acogida y 500 euros más para cubrir los gastos de traslado. Así, por ejemplo, si Bélgica aceptara un inmigrante desembarcado en España recibiría un total de 6.500 euros. Además, habrá otras cantidades por el salvamento de hasta 500 migrantes que vayan en cada barco.
A falta de soluciones políticas que obliguen a los estados miembros, la Unión Europea vuelve a apostar, como ya hiciera con la vergonzosa compensación –3.000 millones de euros en dos años– que ofrece a Turquía para que se quede los refugiados que huyen de la guerra siria, con el dinero como gancho para que los estados se decidan y lavar así su conciencia. Hemos puesto precio al ser humano pero ni así ningún país se ha presentado todavía voluntario.
La financiación cubrirá también los gastos de construir las infraestructuras en los países que ofrezcan sus puertos y acojan algún “centro controlado”. Bruselas pretende que la nueva operativa esté en marcha este verano y para ello propone crear equipos de desembarco móviles formados por un total de 500 personas, guardias de fronteras, médicos, intérpretes y especialistas en asilo para gestionar la llegada de migrantes.
España, que en el Consejo Europeo ya aceptó la devolución de inmigrantes procedentes de Alemania, es uno de los países que más protagonismo tendrá en esta operación y es probable que acabe siendo el más beneficiado económicamente. Tras el cierre de los puertos italianos por el nuevo Gobierno, España se ha convertido en el primer país receptor de migrantes. Desde el 1 de enero al 15 de julio han llegado a nuestras costas 16.872 personas, un 120% más que en año pasado en igual periodo. De continuar este flujo y de acuerdo con las ayudas económicas anunciadas por Bruselas, España podría devengar unos 300 millones de euros a final de año. En este contexto, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, anunció ayer que el Gobierno aprobará un plan de choque ante la llegada de inmigrantes con una partida económica extraordinaria ya que la actual sólo cubre la mitad de llegadas previstas.
La última cumbre comunitaria también esbozó la idea de crear plataformas de desembarco en países terceros. La Comisión asegura que no supondrá crear campos de detención sino de desembarco rápido y seguro en colaboración con la Acnur. Otro plan vago y que no menciona ningún posible país de acogida. Seguramente surgirán cuando se anuncien nuevos estímulos.