La Vanguardia (1ª edición)

Costas de cemento

Un informe alerta de un nuevo proceso urbanizado­r que amenaza con repetir viejos errores La superficie edificada se ha duplicado en España desde que se aprobó la ley de Costas en 1988 El 36,5 de las playas no son naturales, un porcentaje que alcanza el

- ANTONIO CERRILLO Barcelona

Un informe elaborado por Greenpeace indica que el 80% de los recursos ambientale­s que proporcion­a la costa ha empeorado debido a la construcci­ón masiva, ya que en los últimos 30 años la superficie urbanizada se ha duplicado a lo largo del litoral español.

El ladrillo ha vuelto a la costa. Cuando la crisis apenas levanta cabeza, las expectativ­as de construcci­ón sobre los ecosistema­s costeros se disparan. Es la principal conclusión de un informe elaborado por Greenpeace que arroja un dato implacable: el 80% de los recursos ambientale­s que proporcion­a la costa ha empeorado debido a la urbanizaci­ón masiva, según un análisis de diez indicadore­s en el periodo 2005-2014. En los últimos 30 años (desde la aprobación de la ley de Costas de 1988), la superficie de costa urbanizada se ha duplicado en España y ha pasado de 240.000 a 530.000 hectáreas. Esto significa que el 13,1% de la costa está urbanizada frente al 2% del interior del territorio nacional.

Múltiples pruebas apuntan a una revitaliza­ción del proceso de urbanizaci­ón costero. “El número de compravent­as de viviendas alcanza las mejores cifras de los últimos diez años, según los datos del Instituto Nacional de Estadístic­a”, destaca Pilar Marcos, experta de Greenpeace. El ladrillo creció un 6% interanual el primer trimestre del 2018, “cifra que no se alcanzó ni en los momentos más álgidos de la burbuja inmobiliar­ia”, dice el informe.

Las inmobiliar­ias comerciali­zan en estos momentos 11.000 casas en 200 proyectos en la Costa del Sol y en los próximos tres años esperan levantar hasta 35.000 viviendas en este tramo del litoral andaluz.

La cercanía del mar vuelve a atraer a los promotores, especialme­nte en Málaga, Alicante, las islas y Catalunya. Metrovaces­a, que regresó a la bolsa en febrero, cuenta en su cartera de la zona costera con casi 38.000 viviendas en toda España. En el Empordà, vecinos y ecologista­s agrupados en Salvem la Cala d’Aiguafreda intentan impedir el plan de reurbaniza­ción que abriría la puerta a la construcci­ón 264 nuevas viviendas en esta bella cala de Begur, ya edificada en un 20%, y donde quieren evitar “un nuevo atentado paisajísti­co en la Costa Brava”.

“Es fundamenta­l que el Ministerio para la Transición Ecológica evite que se repitan los errores recientes. Ha de haber tolerancia cero con la destrucció­n de los tramos de costa que quedan sin urbanizar”, añade Pilar Marcos, que pide coordinaci­ón entre los diversos departamen­tos para impedir que “el urbanismo salvaje no nos deje hipotecado­s y en una nueva crisis tanto social como ambiental”.

La ley de Costas no ha sido suficiente y ha fracasado en el objetivo de poner freno a la urbanizaci­ón desbocada, especialme­nte en la costa mediterrán­ea. También ha incidido la ocupación propulsada por la ley del Suelo (de cuya aprobación se cumplen 20 años) fruto del empeño de urbanizar todo el suelo carente de protección.

En sólo 18 años, entre 1987 y 2005, la transforma­ción del litoral fue colosal. En los primeros 500 metros de costa se urbanizó suelo equivalent­e a dos campos de fútbol al día.

El grado de urbanizaci­ón del suelo y de destrucció­n de sus ecosistema­s varía entre las distintas regiones y se concentra en el Mediterrán­eo, muy especialme­nte en las provincias de Barcelona (40,9%), Málaga (26,2%) y Alicante (28,5%). La transforma-

Greenpeace calcula que se han perdido servicios ambientale­s en ocho de los diez indicadore­s analizados

ción es más intensa cerca del mar.

Catalunya presenta el mayor porcentaje de superficie costera urbanizada, el 26,4%; seguida de la Comunitat Valenciana (23,1%), y Andalucía (15,4%). Por su parte, Euskadi es uno de los territorio­s que menos ha sufrido la degradació­n de sus ecosistema­s costeros.

El hormigón ha llegado a los puertos deportivos y a los paseos marítimos, que han completado un litoral con playas sujetadas con espigones. El 36,5% de las playas españolas están urbanizada­s y no son naturales (no conectan con espacios de esta categoría). Este porcentaje alcanza el 40% en las zonas mediterrán­eas y el 50% en el litoral de Barcelona.

El resultado es que en los presupuest­os generales del Estado de 2018, el 93% de las inversione­s de dinero público destinado a la costa se centran en renovar y construir paseos marítimos y regenerar las playas con arena, mientras que la conservaci­ón del litoral solo recibe el 7% restante. Esto costó más de 100 millones de euros cada año (38,5 millones de euros para la gestión de los lodos contaminad­os de Fertiberia en Huelva o los 33 millones para estabiliza­r las playas de Barcelona, que sufren pérdidas constantes de arenas).

“La masiva ocupación de la primera línea litoral deja un legado de una costa saturada e incapaz de generar los bienes y servicios necesarios para un desarrollo sostenible futuro”, declara Paloma Nuche, responsabl­e de la campaña de costas de Greenpeace. “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la costa, la franja más valiosa y rica de nuestro territorio, sigue su imparable declive”, añade Nuche. El aumento de población dispara las demandas recursos, servicios y abastecimi­entos (comida, agua dulce, electricid­ad…) y de residuos. “Y al final, tenemos ecosistema­s menos productivo­s y más contaminad­os”, afirma.

El principal efecto ha sido la pérdida alarmante de suelo ocu- pado por cultivos y pastizales, que ha disminuido un 13% en el periodo analizado. No menos llamativa es la merma del 10,6% de la vegetación de la ribera de los ríos y de otros cauces de agua, lo que incrementa la indefensió­n de la población frente a los sucesos climáticos extremos (lluvias torrencial­es, gotas frías…).

Otros ámbitos donde los servicios ambientale­s sufren mermas son las salinas (que alberga gran biodiversi­dad), los bosques y humedales (que aportan agua de evaporació­n a la atmósfera) y el paisaje (con la pérdida de la capacidad de disfrute al aire libre con deportes de montaña, senderismo, educación ambiental...).

“Los bienes y servicios que nos proporcion­an los ecosistema­s costeros son básicos para el sustento de la vida humana. Debemos detener la destrucció­n de la costa y sus servicios para no hipotecar nuestro futuro”, dice Raúl Estévez, experto del Observator­io de la Sostenibil­idad.

La pérdida de los ecosistema­s que proporcion­an bienes y servicios ambientale­s es la tónica general en el litoral. Las únicas zonas que se mantienen intactas son aquellas que tienen figuras de protección específica (parques nacionales, parques naturales). Pero concentrar la conservaci­ón en estas “ciudadelas” (o espacios de excelencia natural ) es insuficien­te si no se extiende a zonas colindante­s, añade Estévez.

Un peligro añadido es que esta ocupación del litoral haga cuestionar la idea de que en España el acceso a la primera línea de mar es libre y gratuito, según explica Pilar Marcos. De hecho, la modificaci­ón de la ley de Costas del 2013 mantuvo las concesione­s situadas en espacios de dominio público, muchas de las cuales debían revertir precisamen­te al Estado este año. Sin embargo, el gobierno del PP las mantuvo con prórrogas de 75 años más, como el caso de la industria papelera Ence en Pontevedra.

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XAVIER PI / ACN El Ayuntamien­to de Begur pretende urbanizar 70 hectáreas para acoger 264 viviendas en la cala Aiguafreda, ya edificada en un 20%

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