La juez que dio inicio al caso 1-O, promovida al Supremo
Carmen Lamela envió a prisión a los exconsellers y a ‘los Jordis’
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligió ayer a Carmen Lamela, la juez que inició el caso 1-O en la Audiencia Nacional, magistrada del Tribunal Supremo (TS). Lamela obtuvo el respaldo de 13 de los 21 miembros del Consejo, merced a un pacto imperfecto entre los sectores conservador y progresista, acuerdo que no evitó la fuga de votos hacia otros candidatos.
La elección de Lamela fue la clave del arco de la operación puesta en marcha para reforzar la Sala Penal del Supremo. Había tres plazas vacantes. A propuesta del propio presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Lesmes, se negoció sobre la base de que una la ocupara un candidato del sector conservador, otra correspondiera al bloque progresista, y que la tercera fuera de consenso.
Lamela ya había sido el año pasado candidata a presidir la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Y no salió. Fue elegida entonces Concha Espejel, propuesta por los conservadores, y que ahora también aspiraba acceder al Supremo. Pero el Poder Judicial ha preferido esta vez perfiles menos marcados, en aras del pacto.
Junto a Espejel figuraba también el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, ambos recusados para formar parte del tribunal del caso Gürtel. Y también constaba como candidato el juez de la misma Audiencia Eloy Velasco, que ha impugnado esta convocatoria ante el propio Supremo, por entender que no se han aplicado correctamente las reglas de preferencia para los especialistas en materia penal.
La negociación no ha sido fácil, porque tanto conservadores como progresistas tenían sus preferencias. De ahí las fugas de votos y que, a pesar del pacto, nadie obtuviera más de 14 de los 21 posibles. En las rondas sucesivas, el magistrado de la Audiencia Nacional Juan Ramón Sáez, por ejemplo, tuvo dos votos, y el presidente de la Audiencia de Tarragona, Javier Hernández, uno.
La relevancia que el caso 1-O tiene en el Supremo fue mencionada en las conversaciones. Lamela ofrecía suficiente confianza al sector conservador, pero otros aspirantes inspiraban más. Se llegó a destacar la firmeza y el rigor con que actuó al comienzo de la causa al enviar a prisión a los exconsellers y a los
Jordis. Pero a la vez se subrayó que no ha formalizado acusaciones de rebelión, sino de sedición. Este segundo argumento tuvo su importancia para convencer a los progresistas de que la apoyaran, frente a otros candidatos de perfil netamente conservador.
En todo caso, Lamela no podría formar parte del tribunal que juzgará el 1-O, al haber intervenido en la investigación. Si su actuación en este asunto formó parte de la negociación fue al hilo del debate sobre el perfil idóneo para el puesto. Junto a Lamela fueron elegidos también magistrados de la Sala Penal del Supremo Susana Polo y Eduardo de Porres. Ambos obtuvieron 14 votos. El pleno de dicha instancia quedará por tanto compuesto a partir de ahora por tres magistradas –las elegidas ayer, más Ana Ferrer, que accedió en el 2014 al Supremo– y trece magistrados.
Polo, propuesta por el sector progresista del Consejo, es especialista en asuntos de violencia de género y procede de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Porres, a su vez, es presidente de la Audiencia de Madrid y pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
El Consejo también eligió magistrado del Supremo, en este caso de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a Dimitry Berberoff, quien obtuvo 9 votos, frente a los 7 del presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Madrid, Juan Pedro Quintana. Berberoff es director del gabinete técnico del Alto Tribunal desde el 2014. Anteriormente fue magistrado de lo contencioso en el TSJ de Catalunya y entre el 2007 y el 2010 fue letrado del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Con la llegada de Lamela, la Sala Penal tendrá tres magistradas del total de 16 integrantes del pleno