La verdad de Ángela
La titánica lucha de una mujer contra el Estado por obviar sus denuncias contra el padre de su hija quien, al final, asesinó a la pequeña
No es cierto que el Estado proteja a los ciudadanos, ni que la Justicia sea justa, ni que los servicios sociales busquen el interés de los más débiles, ni que los psicólogos conozcan los problemas de sus pacientes, ni que la Policía te libra de los malos... No, al menos, en el caso de Ángela González. Ninguno de ellos hizo lo que debía. Ninguno.
Pero esta mujer, no ha dejado de luchar desde ese 2003 en el que su exmarido asesinó a su pequeña Andrea, de 7 años, para demostrar que esos jueces, psicólogos, policías y trabajadores sociales fueron responsables del asesinato de la persona que más quería. No buscaba dinero (el Estado ha sido condenado a pagar 600.000 euros de indemnización como responsable civil del asesinato) sólo una justicia que le ayudara a “quitarse esa rabia” que siente desde ese 2003 y que se reaviva cada vez que un maltratador asesina a sus hijos para hacer daño a la madre.
González, de 58 años, compareció ayer en rueda de prensa junto a las abogadas de la oenegé Women’s Link que la han acompañado en los últimos cuatro años, en el proceso para llevar el caso hasta la ONU. Durante los diez años anteriores, sus compañeras de viaje fueron las de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas. En concreto la letrada Ana María Ruiz-Tagle que gratuitamente le llevó el caso desde el principio.
¿Dónde está ese principio? Pues cuando Ángela se unió a Felipe Rascón, cuando ella tenía unos 24 años. Desde el inicio, comprobó que las cosas no iban bien. Él era muy celoso, algo que fue cada día a más; tanto, que aprovechaba su taxi para seguirla hasta su trabajo, porque creía que tenía aventuras. Pensaba incluso que tenía relación con el hermano de Felipe, con su padre...Un sinsentido que le condujo al psicólogo, quien le diagnosticó celotipia. Él abandonó la terapia.
Luego llegó Andrea, una niña a la que él no quiso porque creía de otro. Las pruebas de paternidad confirmaron que era suya. Hasta que un día, cuando la pequeña tenía 3 años, pasó de la palabra a los hechos y agarrando un cuchillo la amenazó con matarla si no decía con quién estaba. La niña lo vio y se puso a llorar. Ese mismo día, Ángela cogió a su hija y se marchó. Era 1996. Quedaba aún mucho para la ley de violencia de género (2004) y el inicio de la concienciación social sobre esta lacra.
Durante los tres años siguientes, el padre pudo ver a la pequeña en los puntos de encuentro con vigilancia, tal y como ordenó un juez al comprobar la violencia del hombre y las continuas amenazas que vertía sobre la pequeña y la madre. Pero un buen día, otro juez dictaminó que Felipe tenía derecho a ver a su hija sin supervisión. Importaba más el derecho del padre que el interés del menor. Ángela recurrió a todos, interpuso denuncias (casi 50) por amenazas a la pequeña y a ella, alertó de que la iba a matar... pero nadie la escuchó. Hasta que un día de visita, el padre metió dos balas en la cabeza de Andrea y luego se mató.
Ángela quería morir, tal y como reconocía en un carta publicada en
El Mundo en el 2004. “Había luchado mucho para evitar una muerte anunciada, pero nadie me creyó... ¿Cómo se sentirán por dentro todos aquellos que leyeron alguna de las 46 denuncias que presenté?”, se preguntaba. Y, en busca de justicia, demandó al Estado por no haber protegido a su pequeña. Pero ningún tribunal, ni siquiera el Constitucional, la escuchó. Ninguno, algo que deja en muy mal lugar al sistema judicial español. Fue entonces cuando desde Women’s Link decidieron recurrir a la ONU, que en su dictamen arremetió contra un Estado que ni protege ni defiende los derechos humanos.
Quince años después, Ángela González puede abandonar la rabia que martillea su alma. Al fin ha conseguido justicia.
“¿Cómo se sentirán por dentro todos aquellos que leyeron alguna de las 46 denuncias que presenté”, se pregunta