La Fiscalía pide 11 años y 59 millones de multa para Sandro Rosell
“Vemos cosas inexplicables”, dice la defensa del expresidente
Sandro Rosell (54) ingresó ayer en Brians 2. Lo hizo al mediodía, en un traslado que se realizó en un convoy escoltado por agentes de los Mossos d’Esquadra. Nadie pudo ver al ex presidente azulgrana: el vehículo le mantuvo a resguardo de fotógrafos y cámaras. A las puertas de la prisión le esperaba una multitud. Entre ellos se encontraban los padres y la hermana de Rosell. Aplaudían y voceaban: –¡Justicia y libertad ya! Se presume que la vida de Rosell será ligeramente más cómoda ahora: “Todo esto es muy beneficioso para la logística de todos –dijeron fuentes de su defensa, en conversación con La Vanguardia–. Habrá un ahorro importante en coste humano, económico y profesional. Los representantes de su defensa podremos acceder directamente a Rosell. Se acabaron los vis a vis a través del cristal que teníamos en la cárcel de Soto del Real. Ahora podemos sentarnos con él, organizarnos y plantear su defensa”.
Al equipo le espera un trabajo notable.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional dio a conocer ayer su escrito de conclusiones provisionales sobre el caso. Pide once años de prisión para Rosell, apoyándose en los supuestos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Su informe consta de 16 páginas, un texto que fue difundido a mediodía, en el momento en que el expresidente del Barça ingresaba en la prisión catalana (el lugar se encuentra en Sant Esteve Sesrovires, en el Baix Llobregat).
La defensa insistió en que el trato que Rosell había recibido hasta ahora en Soto del Real fue “perfecto”. “Tuvo una relación excelente con los funcionarios y los compañeros del módulo. Siempre compartió celda con Joan Besolí (también imputado en la causa)”.
Las tesis de la Fiscalía coinciden con las que ha mantenido la magistrada Carmen Lamela a lo largo de la instrucción. Todos consideran que Rosell y Besolí –abogado andorrano, gestor de profesión, y para quien se piden diez años de prisión– crearon una estructura “para ocultar los beneficios obtenidos” por el entonces presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira, con los contratos de retransmisión de 24 partidos de la selección de dicho país, y otros de patrocinio suscritos con la marca Nike.
El objetivo –explica el informe de la fiscal, María Antonia Sanz– era facilitar “determinadas operaciones” con el propósito de incorporar “al tráfico legal los beneficios obtenidos en actividades penalmente relevantes cometidas en cualquier país del mundo”.
Como consecuencia de estas actividades están procesadas otras cuatro personas, aparte de Rosell –para quien la fiscal pide una multa de 59 millones de euros– y Besolí, para quien solicita otra de 55 millones de euros. Se trata de la esposa de Rosell, Marta Pineda –la Fiscalía le pide 7 años de prisión y multa de 50 millones de euros–, el ciudadano libanés Shane Ohanneissian (7 años y 40 millones), Pedro Andrés Ramos y Josep Colomer, para quienes se solicitan 8 y 6 años de prisión, respectivamente. Se presume que los tres últimos habían actuado como testaferros.
A la organización, que supuestamente estaba dirigida por Rosell, le atribuye la Fiscalía el blanqueo de casi 20 millones de euros procedentes de comisiones obtenidas por Teixeira entre el 2008 y el 2012, cuando este se encontraba el frente de la CBF. Las partidas ilegales por los derechos de retransmisión de los encuentros de la selección brasileña ascendieron a 14.972.612 euros, y otros 5 millones de euros surgieron del contrato con la marca Nike. Se calcula que la parte supuestamente recibida por Sandro Rosell y su esposa habría ascendido a 6.580.000 euros.
La defensa de Rosell calcula que el juicio debería celebrarse en otoño, tan pronto como la juez Lamela se incorpore a su nuevo destino, el Tribunal Supremo, donde sustituirá a José Manuel Maza, fallecido el pasado noviembre. “Lo normal es que la juez Lamela dicte la apertura del juicio antes de irse”, dijeron estas fuentes a La Vanguardia.
Esas mismas fuentes se declararon desconcertadas por el trato judicial que se le está dispensando a Rosell. Esta semana ha sumado catorce meses en prisión incondicional. “Vemos cosas inexplicables. En el caso de un delito económico, algo así no se ha visto nunca en la historia judicial de este país”, dijeron. La justicia le ha denegado la libertad provisional a Rosell en doce ocasiones. El ex presidente planteó su 13.ª petición hace diez días.
LA SOLICITUD DEL FISCAL La acusación solicita una pena elevada apoyándose en el delito de blanqueo y organización criminal AHORRO EN EL DESGASTE “Su traslado a Catalunya supone un ahorro en el desgaste humano y económico”, dice su defensa