Collserola blinda 700 hectáreas
Luz verde al plan especial que reduce el suelo destinado a equipamientos y viales en el parque natural
El consejo metropolitano aprobó inicialmente el martes el Pla Especial de Collserola (PEPNat), una herramienta que establece las reglas del juego para proteger los valores naturales de un parque que recibe unos 3,5 millones de visitantes al año. Dicho documento reduce en unas 700 hectáreas la superficie que se había reservado para equipamientos, infraestructuras viarias y zonas de suelo urbanizable, que pasan a ser sistema de parque forestal, una nueva calificación creada para el ámbito de Collserola.
El Pla Especial, que ha comportado la modificación puntual del Pla General Metropolità, se somete ahora a un periodo de exposición pública de tres meses. Una vez concluido, el PEPNat se reformulará en base a las alegaciones que se estimen y se procederá a su aprobación provisional.
El PEPNat llega casi ocho años después de la declaración de parque natural. Uno de los puntos destacados es la descalificación de 123 hectáreas previstas para conexiones viarias, entre ellas el túnel central de Collserola y el de HortaCerdanyola, según confirma Antoni Farrero, coordinador de la Oficina Técnica de Gerencia del Àrea Metropolitana de Barcelona
El plan descalifica el suelo reservado para construir el túnel central y el de Horta-Cerdanyola
(AMB), la entidad que ha redactado el plan.
Desde el Parc Natural de la Serra de Collserola, su gerente, Marià Martí, apunta que el PEPNat “eleva el nivel de protección y elimina calificaciones urbanísticas que no eran adecuadas para el parque; además, fija ámbitos de conexión biológica y determina cómo deben desarrollarse los espacios periféricos para asegurar esa conectividad”. Martí también valora “que se reconozca el sistema hidrográfico de Collserola, lo que da un plus de protección a rieras y riachuelos”.
Otra de las novedades es que las 226 masías incluidas en el catálogo del parque podrán desarrollar diferentes actividades económicas. Se calcula que alrededor de una tercera parte de las mismas están en mal estado o en situación de abandono. Farrero concreta que cada una dispone de una ficha individualizada en la que se especifican los usos admitidos. Desde vivienda, oficinas y alojamientos rurales hasta equipamientos y explotaciones agrícolas o ganaderas.
Asimismo, para frenar la construcción de barracas o la ampliación irregular de construcciones ya existentes, el consejo metropolitano también ha aprobado delegar las competencias urbanísticas de los nueve ayuntamientos con territorio dentro del parque a favor del AMB. En concreto, las funciones que se atribuirán al AMB son las relativas a restaurar el espacio alterado.