Capitalismo tecnológico
Antón Costas analiza la transformación del modelo económico a partir de las plataformas digitales: “El problema fundamental que plantea la sharing economy es su regulación. Los legisladores y reguladores tienen que conjugar mejor sus potencialidades y externalidades. Una cuestión clave es el ámbito territorial más adecuado para la regulación. ¿Es la Unión Europea, el Estado, la comunidad o la ciudad?”.
Acusen, en todo caso, a algunas plataformas digitales de servicios que precarizan el empleo y las condiciones de vida de sus empleados, a la vez que practican una competencia desleal con empresas y operadores convencionales. Pero no a la sharing economy (economía colaborativa). Esta es portadora de beneficios potenciales tanto para los consumidores como para la economía en su conjunto dado que fomenta la innovación de nuevos modelos de negocios que mejoran la productividad, reducen los precios y ofrecen nuevas experiencias de consumo.
Viene al caso esta reflexión al ver lo ocurrido estos días en el conflicto de los taxistas de Barcelona con las nuevas plataformas digitales como la norteamericana Uber o la española Cabify (por cierto, una de los pocos unicornios españoles –start-ups tecnológicas– que han superado los 100.000 millones de dólares de valor bursátil). También con la huelga de los empleados de cabina de la compañía aérea online Ryanair. O el malestar social con las plataformas digitales de alquiler de pisos particulares a través de plataformas digitales como Airbnb. Son ejemplos de efectos negativos que los economistas llaman “externalidades”, como la contaminación o la corrupción.
Ejemplos como estos y otros de sharing economy están haciendo que el entusiasmo inicial con esta nueva forma de economía digital esté virando hacia una visión más crítica que cuestiona su aportación al bien común. Así, un estudio reciente sobre los efectos de Aibnb en Nueva York muestra que dos tercios de los ingresos de la plataforma vienen de alojamientos ilegales y del no cumplimiento de la política de Airbnb de “un anfitrión, un hogar”. El 28% de los ingresos viene de operadores comerciales que controlan grandes carteras de pisos. Además aparecen efectos claros sobre el aumento del precio del alquiler y la gentrificación de algunos barrios (expulsión de los actuales residentes). Conclusión: las plataformas digitales traen poca “economía colaborativa” y mucha “economía golfa”.
Efectos de este tipo están haciendo que la digitalización de la economía provoque entusiasmos y desencantos. Ocurrió con la industrialización del siglo XIX (recuerden el movimiento luddista y la quema de fábricas textiles manufactureras de Barcelona que habían instalado los primeros telares automáticos o las máquinas de vapor). Ahora pasa con la digitalización.
Los entusiastas encuentran beneficios de la sharing economy en dos tipos de efectos positivos. Por un lado, en la mayor flexibilidad para la innovación en las relaciones entre proveedores de servicios y consumidores. En segundo lugar, en que permite utilizar activos infrautilizados: una habitación que no se usa, un coche que se utiliza sólo una parte del día o semana, un largo viaje particular en un coche con asientos vacíos, personas que quieren trabajar y no encuentran empleo en el sector tradicional, o tener más flexibilidad para combinar trabajo durante unas horas con ocio u otras ocupaciones. Todo esto aumenta la eficiencia de la economía en la utilización de los recursos disponibles, reduce los precios de los servicios y permite nuevas experiencias de consumo.
Para los desencantados no es oro todo lo que reluce en este tipo de economía. Para ellos, las plataformas digitales precarizan el empleo y las condiciones de vida de sus empleados a los que transforman en falsos autónomos. Es así en la medida que actúan al margen del marco general que regula las condiciones laborales (salarios inferiores al mínimo legal, pocas e inciertas horas de trabajo semanal, dificultades para tener una carrera profesional, retraso de la emancipación, enfermedades ligadas a la inseguridad) y de los derechos de los trabajadores (sindicación, imposibilidad de negociar salarios, no inclusión en la Seguridad Social). Otro frente es la competencia desleal que hacen a empresas y operadores convencionales (como los taxistas) que están sometidos a condiciones administrativas y fiscales más gravosas.
El problema fundamental que plantea la sharing economy es su regulación. Los legisladores y reguladores tienen que conjugar mejor sus potencialidades y externalidades. Una cuestión clave es el ámbito territorial más adecuado para la regulación. ¿Es la Unión Europea, el Estado, la comunidad o la ciudad? Depende del tipo de externalidad. La fiscalidad debe ser armonizada a escala europea; la defensa de la competencia en el ámbito nacional y autonómico; las externalidades sobre la vivienda, el servicio de transporte público urbano en el ámbito municipal-metropolitano.
En cualquier caso, no acusemos a la nueva economía digital, dado que fomenta una economía más brillante y una sociedad más equitativa. Acusemos a aquellas plataformas digitales que practican formas encubiertas de esclavismo laboral y de competencia desleal.
La nueva economía digital fomenta una economía más brillante y una sociedad más equitativa