Casado centrará su oposición en acosar al independentismo
El PP ultima iniciativas como garante de la unidad de España
Una política sin complejos sobre Catalunya. Es la premisa con la que el presidente del PP, Pablo Casado, hará oposición a Pedro Sánchez en un asunto tan delicado como la unidad de España y la oposición al proceso secesionista, consciente de que este frente, en la última etapa del gobierno de Mariano Rajoy, es el que más daño hizo al PP, hasta colocarlo en una de las peores situaciones electorales.
Casado prepara para septiembre una batería de iniciativas con las que quiere demostrar que el PP es el único que garantiza la unidad de España –ya ha acusado a Pedro Sánchez de ceder al chantaje de los independentistas– y con las que quiere mostrar más dureza que Albert Rivera y Ciudadanos, que arrebató al PP esa defensa de la unidad de España.
Las iniciativas tienen dos vertientes: por un lado, darle más herramientas al Estado y sus instituciones para frenar los envites de los independentistas; por otro, tener una mano más dura contra los comportamientos secesionistas de los independentistas, tanto judicialmente como en cuanto al castigo a quienes promuevan esos comportamientos.
Las propuestas que el PP está estudiando, y pretende que marquen la iniciativa política de Casado tras las vacaciones de verano, permitirán recuperar delitos que habían desaparecido del Código Penal, y que el Partido Popular quiere volver a tipificar, para que los independentistas vean que el Estado refuerza sus posibilidades de defenderse de sus actuaciones. En concreto, pretende recuperar los delitos de sedición impropia, que no requería de violencia para su aplicación y que el Código Penal anterior a 1995 castigaba con penas de cárcel de seis a 12 años, y que se aplicaba a quien “atentara contra la integridad de la nación española” aunque lo hiciera sin alzarse tumultuariamente y sin violencia.
El segundo delito que Casado quiere recuperar es el de convocatoria de referéndum ilegal, de forma que se castigaría a la autoridad o funcionario que convocara procesos electorales o consultas vía referéndum sin tener competencias pa- ra ello. Este delito fue introducido en el Código Penal por José María Aznar tras la presentación del plan Ibarretxe, y se castigaba con penas de tres a cinco años de cárcel e inhabilitación absoluta. La iniciativa, que sólo contó entonces con el apoyo del PP, fue derogada por José Luis Rodríguez Zapatero.
En el fondo, lo que pretende Pablo Casado es, precisamente, que el PSOE tenga que retratarse y dejar claro si está con los constitucionalistas. Si no lo hace, el propio PP le colocará del lado de los independentistas. De hecho, Casado ya habla de cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas, por el mero hecho de permitir que en la reunión de la comisión bilateral Generalitat-Estado, el pasado miércoles en Barcelona, se introdujera como punto del orden del día una exposición del Govern sobre el derecho de autodeterminación y el referéndum pactado. Casado considera que con sus iniciativas no podría darse ese referéndum pactado, puesto que al atentar contra la unidad de España se podría actuar.
Además, para agravar los posibles delitos, el presidente del PP quiere también que se prohíban por ley los indultos a los acusados de rebelión o sedición, de forma que los delitos por lo que ahora serán juzgados Oriol Junqueras y los demás independentistas inmersos en el 1-O no puedan ser perdonados por un gobierno, y no pueda convertirse esa posibilidad en una moneda de cambio en una negociación
El plan prevé recuperar el delito de referéndum ilegal y el de sedición impropia, limitar los indultos y pedir otro 155