La bolsa y la vida
La lucha de los Mossos contra la lacra de los robos en domicilios; y las posibles consecuencias negativas del aumento del IRPF a las rentas más altas.
DURANTE todo el año pasado, los Mossos d’Esquadra detuvieron a 104 personas que perpetraron robos con fuerza. En los seis primeros meses de este año detuvieron más: 122. Fuentes policiales señalan que a fin de año la cifra puede doblarse. Son buenas noticias. Como lo es que más de la mitad de los mencionados 122 sigan en prisión. Eso indican que los Mossos van en la buena dirección para contener la lacra de los robos a domicilio.
La persecución de este tipo de delitos fue ya una prioridad de los Mossos tiempo atrás. A lo largo de 2016 y en los primeros meses de 2017 se logró rebajar el número de robos. Pero tanto los atentados del 17-A como sucesivos acontecimientos asociados al proceso soberanista, por ejemplo el 1-O, detrajeron muchos recursos policiales. Tanto fue así que en diciembre del año pasado se registró una nueva cifra récord de robos en domicilios particulares: 3.220.
Semejante escalada obligó a los Mossos a adoptar medidas extraordinarias, que han arrojado algunos frutos. Pero, por desgracia, no han permitido erradicar por completo todo temor al respecto. Las estadísticas nos indican que el problema de los robos a domicilio sigue siendo en España, y en particular en Catalunya, preocupante. Y, pese a los progresos reseñados, 2018 vuelve a ser un año difícil. Queda mucho margen de mejora. Sólo en el primer trimestre, de enero a abril, los robos crecieron un 19,70%, sumando alrededor de 2.300 casos mensuales. Si se mantiene este ritmo, a final del año habrá que lamentar cerca de 28.000 robos. He aquí una cifra elevada, que obliga a redoblar los esfuerzos policiales para detener esta hemorragia de delitos y, de paso, devolver la confianza a una ciudadanía que llega a sentirse insegura incluso estando en su casa.
Es innecesario insistir aquí sobre las desagradables consecuencias de padecer un robo a domicilio. Las más obvias son las asociadas a lo sustraído y a su valor, ya sea material o sentimental. Pero no son menos importantes las consecuencias físicas, cuando el robo viene acompañado de violencia contra sus víctimas. Y, por supuesto, no cabe desconsiderar el aspecto psicológico. El hogar es una extensión física de sus moradores, el espacio para la intimidad y la privacidad. Cualquier violación de dicho espacio genera en quienes la sufren una impresión de atropello e inseguridad. En resumen, de un temor que pueden prolongarse mucho más allá de la fecha del delito y dejar secuelas. Llegar a casa y descubrir, de improviso, los armarios revueltos, los cajones volcados y los joyeros vacíos produce una tremendo impacto. Y no digamos si el ladrón penetra en la casa cuando sus propietarios están en ella. Afloran en todos estos casos un desvalimiento y una indefensión que no se desvanecen con la visita de la policía ni con el parte a la compañía de seguros.
Naturalmente, los delitos de allanamiento de morada, de robo en sus diversas modalidades y con sus varios agravantes están tipificados en el Código Penal. Un culpable de robo con fuerza puede recibir una condena de uno a tres años; o más, si median violencia y lesiones. Pero es sabido que los delincuentes sortean en ocasiones el pago por sus fechorías y reinciden. Es necesario, pues, que la policía mejore sus medidas para proteger la propiedad privada. Es igualmente deseable que halle la colaboración judicial para hacer más productivas sus pesquisas. Y, por supuesto, los habitantes de pisos o casas deben extremar las medidas preventivas.