¿Nos está robando la Iglesia?
En los últimos tiempos se oyen muchas voces que acusan en la Iglesia católica de apropiarse, saquear, robar, miles de propiedades que no eran suyas (solares, campos, pisos, iglesias, casas, etcétera), inscribiéndolas en el Registro de la Propiedad sin tener ningún título de propiedad (la primera inscripción se llama inmatriculación). Incluso la Unió de Pagesos se ha añadido a la acusación. Sobre este tema hay mucha confusión histórica y de conceptos que querríamos aclarar aquí.
Las desamortizaciones de corderos eclesiales de 1835-1836 y la de 1851 trajeron a un grado tan grande de enredo sobre las propiedades que en 1861 se creó el Registro de la Propiedad donde se podían (no ha sido nunca obligatorio) inmatricular toda clase de bienes, excepto los lugares de culto católicos porque era notorio y evidente que eran de la Iglesia. Dado el gran número de otros bienes a inscribir se determinó que las propiedades en que la Iglesia no podía aportar un título escrito de dominio (herencia, donación, compra...), pero que constaba que había tenido la posesión por otros títulos que nadie más tenía (posesión desde tiempo inmemorial, inclusión en listas que el gobierno hizo en 1861, visitas pastorales donde constan los bienes, catastro...), se determinó que se podían inmatricular mediante certificación. Y así se hizo desde 1861 hasta 1998 sin interrupción (las diferentes leyes y reglamentos de 1909, 1915 y 1946, pasando por la II República, no cambiaron nada).
Las inmatriculaciones por certificación de bienes no de culto no se hicieron, por lo tanto, según una ley franquista según algunos afirman, sino por una de 1861. Hace falta remarcar también que inmatricular un bien no concede la propiedad, que puede venir de siglos atrás y es evidente que había propietarios antes de 1861; sólo da seguridad jurídica al ya propietario, con título escrito de dominio o no.
En 1998 se levantó la prohibición de inmatricular las iglesias, para considerarla inconstitucional (R. Decreto 1867/1998) y entre 1998 y 2015 la Iglesia pudo immatricular sus templos con el mismo procedimiento (mediante certificación) que se utilizó durante 137 años. En el 2015, hubo un acuerdo general (también de la Iglesia) que ya no era necesario continuar con el procedimiento especial de inmatriculación.
El procedimiento de inmatriculación no se ha hecho de manera arbitraria o como algunos dicen por “apropiación”, expolio o robo. Siempre se ha hecho presentando documentación que probara que era de titularidad eclesial y estaba inscrita en el catastro. En todo caso la posesión como dueños, pacífica, durante muchos años y sin discusión, siempre puede ser decisiva. La última decisión para inmatricular siempre ha sido del registrador de la propiedad, que tenía que ver con detalle cada certificación. Si ha habido algún error, siempre se puede corregir y todas las diócesis están dispuestas a hablarlo.
Algunos colectivos y el mismo gobierno español propugnan hacer una lista de los bienes eclesiales inmatriculados (de hecho se puede encontrar fácilmente en la web del Registro de la Propiedad) a fin “de estudiar la reversión al dominio público de los bienes inmatriculados”, dando por supuesto que hay bienes de “dominio público” que la Iglesia se ha apropiado. Un bien puede ser de dominio público por naturaleza (ríos, costas...) o por ley. Ningún bien inmatriculado cumple estas características. Los bienes eclesiales son de dominio privado, pero no pertenecen ni a los curas ni a los obispos a título particular porque sólo son administradores. Durante siglos el pueblo católico ha construido y confiado en la Iglesia una serie de bienes al servicio de las comunidades para celebrar, anunciar el Evangelio y ayudar a los más pobres. Son bienes de dominio privado al servicio de todo el pueblo, con fines religiosos, culturales y sociales. La Iglesia ha conservado y custodiado estos bienes a través de los siglos, con pocos recursos y gran esfuerzo. Son una ínfima minoría los que son económicamente rentables y ni de lejos compensan los gastos en este sector. En ningún caso se trata de bienes comunales, que son propiedad de un grupo o de todos los habitantes de un pueblo, ni tampoco son “del pueblo” y por lo tanto del Ayuntamiento. Este sí que haría una apropiación indebida. La Iglesia no ha estado robando unos bienes, simplemente ha puesto orden.
La última decisión para inmatricular es del registrador de la propiedad, y si hay un error se puede corregir