Las finanzas y el poder: el caso catalán
En la primavera del año 2015, el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, recibió una petición especial de Josep Oliu, presidente del Banc Sabadell, segunda entidad financiera catalana y en aquel entonces quinta de España. El banquero estaba preocupado por los efectos sobre su banco del proceso político en Catalunya. Ya se había celebrado la consulta del 9N del 2014, el president Artur Mas había convocado las elecciones plebiscitarias para septiembre y su partido, la extinta CDC, había firmado en el mes de marzo un acuerdo con ERC, la ANC y Òmnium Cultural, la hoja de ruta unitaria, que incluía la declaración unilateral de independencia (DUI) en un plazo máximo de dieciocho meses. La posibilidad de que ese programa se aplicase tenía en vilo al mundo financiero catalán, ante el temor de que implicase quedar fuera del euro, lo que en su opinión provocaría la quiebra de las entidades y el pánico de sus clientes.
Oliu le pidió al ministro que aprovechara la tramitación parlamentaria de una ley concursal para enmendar la de sociedades de capital permitiendo que los consejos de administración pudieran trasladar la sede social de una compañía sin necesidad de convocar junta de accionistas. Este último procedimiento requería una convocatoria previa de la junta, con varias días de antelación y, al final, asumir en la misma un debate sobre el traslado de sede. Demasiado tiempo y demasiada presión si llegaban días críticos en los que debiera decidirse en un lapso de apenas unas horas.
Guindos conversó después con Isidro Fainé, entonces presidente de Caixabank y también de su primer accionista, Criteria y la Fundació bancària La Caixa. Finalmente, el ministro de Economía expresó su acuerdo con la modificación de la norma propgunada, aunque suspendió la decisión final al placet del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que obtuvo de inmediato.
Con la luz verde, apareció en escena Miquel Roca, secretario del consejo de Banc Sabadell, hombre de confianza también de Caixabank. La propuesta del jurista era simple: cambiar solo tres palabras de la ley, que ya permitía trasladar la sede de una empresa sin paso previo por la junta cuando el nuevo domicilio estaba en el “mismo término municipal”. Se trataba simplemente de sustituir esta última frase por “dentro del territorio nacional”. Y así se hizo. El PP tenía mayoría absoluta, presentó la enmienda y se aprobó. Que conste que ningún grupo parlamentario expresó oposición al cambio. El 27 de mayo del 2015 entró en vigor.
Eso sí, la nueva norma establecía que si los Estatutos de las empresas fijaban que la competencia era de la junta, estos debían modificarse. El Sabadell lo plasmó en sus estatutos rápidamente, en septiembre del 2015. Caixabank optó por contemporizar y esperar acontecimientos.
Cuando los acontecimientos políticos se precipitaron, a partir del referéndum del 1 de octubre, los nervios atenazaron al sector financiero. No se han publicado cifras completas a escala de todo el Estado sobre lo sucedido. Sin embargo, algunos datos parciales pueden dar idea de lo ocurrido.
En la primera semana, los ahorradores catalanes con depósitos en las dos entidades retiraron de sus oficinas de la comunidad 6.000 millones de euros, en torno al 10% del total. Una cifra que no incluye la sangría sufrida fuera de Catalunya, donde se encuentran la mayoría de los grandes clientes de las dos entidades.
Los competidores, de BBVA a Santander o Popular, también sentían la presión de los ahorradores catalanes, pero obviamente con menos intensidad, dada su condición a ojos de sus clientes de bancos “españoles”.
Fueron días de soterrado pánico bancario, con masas de dinero desplazadas con gestiones directas de los propios clientes a través de la web. También con un goteo incesante y creciente de clientes en las oficinas, preguntado inquietos. Los ciudadanos se preguntaban unos a otros en todas partes, ¿qué debían hacer con su dinero?.
Las cúpulas del Sabadell, el primero que marchó, y Caixabank, que ya presidía Jordi Gual, concertaron sus movimientos, aunque este último aún debió hacer lobby para conseguir una segunda modificación legal que eximiera de la obligación de cambiar los estatutos y facultara al consejo para aprobar el traslado. Le tocó a su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, quien llamó esta vez a Guindos. Fue el miércoles cuatro de octubre. Al día siguiente, el ministro busco el acuerdo del PSOE y Ciudadanos y el viernes, seis lo aprobó el consejo de ministros. El mismo día, Caixabank aprobó el traslado a Valencia. El día anterior fue el Sabadell a Alicante.
Finalmente, la posibilidad de quedarse fuera del euro, que tanto inquietaba a Oliu, Fainé y Gual, se materializó en forma de pavor de sus clientes y no por las medidas unilaterales del Govern de Carles Puigdemont, que no se produjeron. Pero eran dos caras del mismo fantasma.
La marcha de los dos grandes de las finanzas catalanas fue la primera entrega de un tsunami de traslados de sedes que ha dejado descolocado al mundo económico barcelonés. Entre la displicencia de quienes lo consideran intrascendente o resultado de una conspiración madrileña y los agoreros de la hecatombe hay una realidad de discreto pero real empobrecimiento del tejido económico de la ciudad. Y al poer político le toca definir una alternativa para hacerle frente.
Hay una realidad de discreto pero real empobrecimiento del tejido económico de la ciudad