Sánchez sugiere que la rebelión no es aplicable al 1-O
Recuerda que Trillo defendió que ese delito exigiera órdenes de militares Casado eleva el tono de su discurso y tacha al presidente de “golpista”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió ayer una señal sutil pero evidente, tanto a los partidos catalanes como a la Fiscalía y el Supremo, sugiriendo en el pleno del Congreso que el delito de rebelión no es aplicable a los hechos de octubre del 2017 en Catalunya. El presidente respondía al portavoz del PNV, Aitor Esteban, reprendiendo a la vez al del PP, Pablo Casado: “En 1994, el señor Trillo, entonces diputado, hizo una propuesta de modificación en la que decía que el delito de rebelión, que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares”.
Esteban había reñido al PP y Ciudadanos por “frivolizar el lenguaje” hablando de “golpe de Estado” e imputando a los políticos catalanes un delito de rebelión. “El procés fue pacífico a pesar de que algunos habrían querido otra cosa”, dijo. Y Sánchez en su réplica alabó esa intervención del diputado vasco y suscribió sus palabras, expresando su simpatía por una lectura distinta del delito más grave por el que están imputados los políticos catalanes, contraria de hecho a la del juez Pablo Llarena. Reprochaba de paso a Casado que aterrizase en posiciones muy a la derecha de las que defendía hace dos décadas el que luego fue ministro de Defensa de José María Aznar, Federico Trillo.
Era la respuesta del presidente a una de las acusaciones más graves oídas en el Congreso de los Diputados desde la restauración de la democracia, casi hermana de aquella en la que Mariano Rajoy acusaba al entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de “humillar a las víctimas de ETA”. El líder del PP se dirigió al presidente del Gobierno tratándolo de golpista. Casado eligió emplear la comparecencia del presidente ante el pleno (en el que informó de la cumbre europea y de los contratos de venta de armas a Riad), para vaciar la nevera argumental y hacer un guiso ropavieja echando mano de todo, desde Venezuela a los ministros dimitidos, pasando por el presupuesto, Cuba, Gibraltar, la política de inmigración y el apoyo del separatismo. La intervención pareció un aperitivo de debate sobre el estado de la nación (o una versión extendida de la pregunta de la semana pasada de la portavoz del PP, Dolors Monserrat), y la guinda fue acusar a Sánchez de ser “partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España”.
Sánchez le exigió rectificar y lo amenazó con romper relaciones. “Si no lo retira, usted y yo ya no tenemos nada de que hablar”. Casado dio lo dicho por no dicho –“yo no he llamado golpista al presidente”–, pero no lo retiró de las actas.
El líder de Cs, Albert Rivera, fue áspero en su intervención, pero quizá viendo a Casado tomar la curva a tanta velocidad, con los neumáticos chirriando, levantó el pie del acelerador y, pese a su dureza, evitó dejar para las actas más sal gorda. Tal vez en la tensa pugna de las derechas, Rivera vislumbrase ayer una gatera por la que lanzar su discurso hacia regiones menos caldeadas que las elegidas por el PP de Casado, de quien Joan Tardà (ERC) llegó a decir: “Si pudiera, nos fusilaría”.
La finta del presidente sobre el delito de rebelión no cayó en saco roto. Si bien en ERC se mantienen prudentes, a la espera de saber si habrá un giro más audaz, fuentes del PDECat mostraban satisfacción con un gesto que ven significativo en fondo y forma. Nadie cree, no obstante, que vaya a haber grandes novedades antes de las elecciones andaluzas –salvo algún movimiento de la Abogacía del Estado–, pero cualquier operación sobre la crisis catalana está sometida a un calendario delicado: enero puede ver el inicio del juicio contra los independentistas y la primera votación (la de enmiendas a la totalidad) de los presupuestos. Un albur que puede acabar siendo, según el escaño y la suerte, feliz o desgraciado.