Estado y Generalitat cierran el acuerdo para recuperar las leyes de vivienda

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, anunció ayer que el Estado y la Generalitat han llegado a un acuerdo para que el Gobierno retire el grueso del recurso presentado por el anterior ejecutivo del PP al Tribunal Constitucional contra la ley catalana de emergencia habitacional.

Tal como avanzó el lunes La Vanguardia, el Ministerio de Política Territorial remitió una propuesta el 16 de octubre a la Generalitat, por la que se salvaba la norma y en la cual básicamente sólo se recurría la parte que establece la expropiación de viviendas por razones sociales en pleno procedimiento de desahucio y sobre la que el Alto Tribunal ya resolvió en contra en siete ocasiones. Un hecho, este último, que lamentó Calvet. El conseller, sin embargo, celebró la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez para retirar el recurso y que no ha impedido, finalmente, el acuerdo.

También se mostró satisfecho el Gobierno, que desde el Ministerio de Política Territorial que dirige Meritxell Batet argumentó que “se demuestra que con el diálogo y la negociación es posible llegar a acuerdos en beneficio de los ciudadanos”. Además, subrayó que habido entendimiento porque se ha llegado a un “acuerdo interpretativo” de la ley que “tiene pleno respeto al ordenamiento jurídico”.

En virtud del pacto se recuperarán medidas de las leyes 24/2015 y 4/2016 suspendidas hasta ahora por el TC. Así, se vuelve a hacer valer la mediación entre grandes tenedores y las familias afectadas por procesos de desahucio. Una mediación que será voluntaria. También se recupera la capacidad de expropiar viviendas de grandes tenedores, excluyendo particulares, que las hayan tenido vacías durante más de dos años, o el realojamiento obligatorio, por parte de grandes tenedores, de personas con riesgo de ser desahuciadas.

El conseller reconoció que durante el proceso negociador esta última cuestión estuvo rodeada de polémica, dado que en un principio los dos gobiernos no se ponían de acuerdo sobre el precio del alquiler a pagar. Finalmente, será el Ejecutivo catalán quien deberá desarrollar una normativa para fijar los precios. “Se adaptará a los módulos de protección oficial y a la situación económica de las personas afectadas”, aclaró Calvet.

En todo caso, el conseller, en declaraciones en los pasillos del Parlament, afirmó que ahora los pasos que hay que seguir son la aprobación del acuerdo en la subcomisión bilateral entre el Estado y la Generalitat, la posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), y, finalmente, la aprobación definitiva del desistimiento por parte del Consejo de Ministros del recurso que presentó Mariano Rajoy.

Calvet se mostró convencido de que el acuerdo será efectivo durante la primera quincena de noviembre. Además, remarcó que “la Generalitat no ha renunciado a nada” y que “no se ha tocado ni una coma”.

Sea como sea, el conseller descartó reformular la parte recurrida por el Gobierno porque “la ley ha sido fruto de una iniciativa legislativa popular”. “Esperamos que el Tribunal Constitucional nos dé la razón”, concluyó.

El Gobierno de Pedro Sánchez retira el grueso del recurso presentado por el PP al Tribunal Constitucional