Adelantar por la derecha
La política española está instalada en un círculo vicioso que va situando el discurso político más a la derecha. El fin del bipartidismo clásico de PP y PSOE ha dado paso a una dinámica donde los discursos y las posiciones no se plantean desde el convencimiento sino que están modulados para soportar los ataques de la derecha. Esto le ocurre al PP cuando piensa en Ciudadanos y viceversa, pero les pasa lo mismo a ambos cuando piensan en el boquete que les puede ocasionar Vox con un discurso de extrema derecha. La derecha extrema está acomplejada por la extrema derecha.
En el otro lado del tablero sucede lo mismo. Las posiciones del PSOE muchas veces toman forma en función de las críticas que vaya a recibir de Podemos por un lado y de la derecha por otro, lo que impide saber en realidad qué es lo que piensa de verdad o propondría realmente.
El efecto práctico de todo esto es una decantación hacia la derecha, lo cual va en la misma línea de lo que está sucediendo en muchos países de la Unión Europea, y también en potencias mundiales como Estados Unidos y Brasil, donde, como una gota china, se van haciendo hueco las opciones de derecha extrema y de extrema derecha. Los ejemplos que encontramos entre nuestros vecinos de la Unión Europea no son algo testimonial o anecdótico. Matteo Salvini en Italia, Marine Le Pen en Francia o los antieuropeístas en el Reino Unido son ejemplos de las corrientes crecientes entre los grandes países. Pero al lado de esto encontramos que en países como Austria, Holanda, Dinamarca o Polonia las opciones de extrema derecha están comandando gobiernos o se quedan a las puertas de hacerlo tras celebrarse elecciones.
España está paralizada. No se toman decisiones que respondan a una estrategia reflexionada. Sólo se reacciona a lo que vaya sucediendo, pero no se actúa de forma activa. No se toman decisiones estructurales, algunas de ellas más urgentes de lo que parecen, como por ejemplo las vinculadas al sistema de pensiones y a la baja natalidad, a la organización de la función pública o al modelo energético.
Un ejemplo muy claro de la España paralizada lo vemos en la forma de abordar la cuestión política de Catalunya. Cualquier analista sensato que no se haya dejado arrastrar por sus preferencias políticas y que trate de entender lo que está ocurriendo en Catalunya sabe que estamos ante una cuestión política y no jurídica cuando constata que, de forma sostenida en el tiempo, la mitad de los votantes eligen partidos independentistas en las elecciones y el 80% de la población opina que debería convocarse un referéndum sobre la independencia.
Por más que se quiera negar o se quiera minimizar, es evidente que a ojos de todo el mundo es un problema de primera división, máxime cuando los principales líderes están encerrados en la cárcel y lejos de su casa y de sus familias. Puede que haya quien, por motivaciones partidistas y electorales, tenga interés en que esto no se resuelva, hablando un día sí y otro también de golpes de Estado y de golpistas como si lo sucedido fuera lo mismo que hizo el coronel Tejero entrando armado y disparando en el Congreso de los Diputados.
Sustituir el debate político por los tribunales, el diálogo por las sentencias y el pacto por la cárcel es una decisión políticamente miope, que a medio y largo plazo tendrá graves contraindicaciones para quien imponga esta vía. No solamente no resolverá nada sino que parece fácil adivinar que certificará un alejamiento y una desconexión irreconciliables.
La parálisis de España y el miedo a afrontar las cosas tal y como son por el temor de ser lapidado por la demagogia están negando a los ciudadanos españoles la posibilidad de entender lo que pasa y de asumir que la única solución posible es la vía política. Un referéndum como el que acordaron el primer ministro británico, David Cameron, y el primer ministro escocés, Alex Salmond, rubricado el 15 de octubre del 2012 y celebrado el 14 de septiembre del 2014, es la fórmula que Catalunya acepta con la conformidad del 80% de los ciudadanos, vayan a votar que sí o vayan a votar que no. El referéndum pactado que hoy parece imposible acabará siendo inevitable.
Que el sistema político español se permita el lujo de condenar a penas de cárcel a dirigentes independentistas, elegidos democráticamente en unas elecciones con una participación de récord, es un error histórico con costes altísimos para España a medio y largo plazo. Mientras la derecha española siga alimentando la parálisis y el PSOE lo acepte, muchos ciudadanos españoles de buena fe vivirán con resignación e impotencia que los grandes partidos no tengan la sensatez de buscar soluciones. Adelantar por la derecha es la forma más fácil de descarrilar.
España está paralizada; no se toman decisiones que respondan a una estrategia reflexionada