El decreto sobre los VTC se somete hoy al Congreso
Incertidumbre sobre si el texto será finalmente convalidado
El Congreso tiene previsto debatir y votar hoy la convalidación del real decreto ley sobre los servicios de vehículos turismo con conductor (VTC), con los que operan las plataformas Uber y Cabify, que el Ministerio de Fomento impulsó para atajar el conflicto abierto con el taxi al competir ambos por el mismo mercado. La iniciativa, aprobada por el Gobierno el 28 de septiembre, debe obtener el apoyo de la mayoría simple de la cámara para recibir luz verde definitiva. En general, aunque con matices, ha sido bien recibida por el sector del taxi ya que supone una protección contra una competencia que consideran irregular, que amenaza su supervivencia, por lo que sus diferentes asociaciones han pedido a los grupos su ratificación. Pero ha sido fuertemente contestada por las de los VTC. Su patronal, Unauto, ha solicitado su rechazo parlamentario y ha anunciado acciones ante los tribunales porque considera que pondrá punto y final a su actividad. Por el momento sólo el PSOE y Unidos Podemos han manifestado su voto favorable, mientras que el PP tiene previsto hacerlo en contra, por lo que, a pocas horas de su llegada al hemiciclo, se mantiene la incertidumbre sobre si saldrá adelante.
Mientras el pleno aborda la cuestión, los taxistas se concentrarán en las proximidades del Congreso para defender su posición. La manifestación que había previsto Unauto también en los alrededores del complejo de la Carrera de San Jerónimo, fue desconvocada ayer por la tarde.
El real decreto ley, que reforma la ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, traspasa a las comunidades autónomas la regulación de los VTC y abre la puerta a que dentro de cuatro años los ayuntamientos puedan limitar y suprimir licencias. Las que no estén habilitadas por los municipios sólo podrán cubrir trayectos interurbanos, que apenas prestan actualmente. Hoy hay 12.142 activas y más de 5.000 adicionales pendientes de resolución judicial. La ratio de una por cada 30 de taxis que fija la ley como referencia se supera ampliamente ya que hay 65.688 de estas últimas.
La moratoria de cuatro años tiene un fin indemnizatorio para que los titulares de las licencias de VTC puedan amortizar la inversión que hicieron. Unauto rechaza esta medida porque considera que se trata en realidad de una expropiación, lo que daría lugar a cuantiosas compensaciones económicas, de hasta 3.785 millones de euros, según un informe de EY. El decreto supone una “revocación indirecta” de las autorizaciones, añade un estudio de Garrigues. Tanto la Comisión Nacional de los Mercados como la Competencia (CNMC) como la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) han criticado el texto.