La sentencia del Supremo complica la nueva tasa a la banca
Las entidades se preparan por si el fallo les obliga a asumir mayores costes
La decisión final –se conocerá mañana– del Supremo sobre quién pagará el impuesto de las hipotecas, y si será retroactivo, dificulta mucho al Gobierno sacar adelante una nueva tasa a la banca, que se prepara para un fallo contrario a sus intereses.
Ni el fin del mundo ni el preludio de un brutal encarecimiento del crédito. La asunción por parte de la banca del pago del impuesto por los actos jurídicos documentados (IAJD) –que, salvo sorpresa, confirmará mañana el Tribunal Supremo– no supondrá ningún terremoto para el sector financiero ni para el mercado hipotecario. Los bancos tendrán que afrontar una factura de varios miles de millones de euros si los jueces determinan que cabe aplicar una retroactividad de cuatro años o contar con que, a partir de ahora, deberán soportar un coste más no previsto.
Pero sin dramas. “Nos manejamos en un entorno muy competitivo y, cuando pasan cosas de éstas, nos adaptamos y ya está”, comenta el director de financiación de particulares de un banco del Ibex. Así ha sido con los múltiples cambios que ha vivido el sector en la última década, en la que ha habido un montón de sentencias que han supuesto cambios de jurisprudencia sobre cuestiones relevantes en el mercado hipotecario. La banca ha pagado –no es verdad que siempre gana– y ha cambiado muchas cosas.
En el 2010, el Supremo determinó que la cláusula que establecía el redondeo al alza del tipo de interés aplicado a las cuotas hipotecarias era abusiva y obligó a las entidades financieras a pagar las cantidades cobradas de más. Dos años después, en el 2013, llegaron dos sentencias importantes. En la primera, del mes de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) “laminó el poder de la banca al poner coto a las ejecuciones hipotecarias, corrigiendo la indefensión de los consumidores ante las cláusulas abusivas”, como recuerda José María Fernández Seijo, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona que llevó el caso a la corte europea. Solo dos meses después, en mayo, el Gobierno cambió la ley de enjuiciamiento civil para permitir paralizar las ejecuciones hipotecarias en determinados supuestos.
Tras estas sentencias, el Supremo dictó otras, como la que determinó la abusividad de las cláusulas suelo (del 2013, que el TJUE matizó en el 2016 para llevar la retroactividad del fallo hasta el 2009); la referente al reparto de gastos de constitución de la hipoteca (2015); o la que determinó, con carácter general, el vicio del consentimiento de los clientes en las hipotecas multidivisas (2017), entre otras.
Ahora, la cuestión es determinar quién tiene que pagar el IAJD: si la banca o el cliente. Y, aunque puede parecer un asunto más, no lo es. Así lo sostiene Bruno Domínguez, socio de fiscal de Baker McKenzie, que recuerda que no se discute un asunto contractual y, de hecho, la banca no es parte en este procedimiento. “Aquí estamos ante una discusión fiscal para ver a quién beneficia la inscripción de la hipoteca en el registro y está claro que es al banco”, sostiene este abogado.
Domínguez recuerda también que en el caso de las hipotecas unilaterales a favor de Hacienda –las que se constituyen a favor de la Agencia Tributaria como garantía de pago al poner una reclamación ante actas desfavorables de cierta entidad–, el Tribunal Económico Administrativo Central determinó
UNA SENTENCIA IMPORTANTE... El Supremo decidirá mañana si confirma el cambio de criterio en los impuestos de AJD ... EN UN MERCADO DINÁMICO La banca cree que, más allá del impacto, se adaptará al cambio como hizo otras veces
EL PRECEDENTE DE HACIENDA Desde el 2013, quien firme una hipoteca por deudas a Hacienda ya no paga impuestos EL EFECTO CONFIANZA La retroactividad de la medida puede afectar la confianza de los inversores en España
en el 2013 que el beneficiario era Hacienda. En consecuencia, los contribuyentes ya no pagan el IAJD al formalizar estas hipotecas.
Tanto en este como en los casos citados anteriormente, la banca se adaptó asumiendo unos costes para las propias entidades y para sus clientes. “Los bancos son ahora más rigurosos a la hora de analizar la capacidad de pago de los clientes, lo que acabará provocando un endurecimiento paulatino de los criterios de concesión y que un mayor número de operaciones sean rechazadas”, asegura Francisco Uría, socio principal de KPMG Abogados.
Pero junto con la política comercial, hay otros efectos más profundos en el mercado hipotecario. Uría menciona dos: la disminución de los beneficios afecta a la capacidad de generar capital y dar crédito. Además, en el caso de las medidas que se han aplicado con retroactividad –como puede ser la de los impuestos por AJD–, se resiente la seguridad jurídica y eso puede afectar a los inversores a la hora de invertir en España.
Los días de vino y rosas no volverán. El número de hipotecas que se firman ahora es una cuarta parte del de hace diez años, pero este descenso no tiene que ver tanto con las hipotecas ni con el precio de los pisos, como con la demanda. La Gran Recesión dio paso a una recuperación robusta en las cifras macroeconómicas y endeble en los salarios y las economías familiares. Es muy probable que los bancos deban pagar los impuestos por inscribir las hipotecas de los últimos cuatro años y los de los préstamos futuros, pero no parece probable que este negocio se vaya a sufrir más. La banca pierde batallas, pero no guerras.