La batalla por el Poder Judicial
La renovación del órgano de gobierno de los jueces se marca como prioridad resolver con seguridad el juicio del caso 1-O
El objetivo esencial de toda la operación de renovación de la cúpula judicial es reforzar al Tribunal Supremo (TS) y lograr que saque una página en limpio del proceso penal sobre el caso 1-O. Todo lo demás es secundario y subsidiario. Incluso la lista de nombres que compongan el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y acompañen al magistrado Manuel Marchena, que presidirá esta institución, que es el órgano de gobierno de jueces, y el propio Supremo.
Para el PP, el nombre de Marchena era la llave de paso de la renovación. Cuando se filtró su nombre como principal candidato a presidir el Alto Tribunal y el PSOE pudo dar rienda suelta a la pública expresión de sus reservas sobre esta candidatura, los populares que intervenían en la negociación se cuadraron. O Marchena salía propuesto para tomar el timón del Supremo, o todo quedaba como estaba sobre la mesa. Es decir, sin este nombre propio no iba a haber renovación. En estas condiciones, en la cúspide del Gobierno no hubo dudas. Había que aprovechar la disposición del PP a negociar –pese a la ruptura de relaciones directas entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de los populares, Pablo Casado– y a perder la mayoría conservadora que hasta ahora ha existido en el Consejo del Poder Judicial.
Si para el PP la ficha de Manuel Marchena era el objetivo irrenunciable, para el Gobierno y el PSOE la compensación consistía en quedarse con la mayoría teórica en el CGPJ. Los socialistas iban a tener la capacidad de proponer a 11 de los 20 vocales que componen el Consejo, y los populares pondrían sobre la mesa los otros 9 nombres. El PSOE, a su vez, no ha cedido puestos concretos a Podemos, pero esta formación ve con buenos ojos varias de las propuestas hechas, entre ellas la relativa a la exconsellera catalana Mar Serna. Aunque puede suceder que al final la mayoría progresista sea relativa. Y ello porque lo habitual en el Consejo del Poder Judicial es que pueda haber trasvases de voto, según las circunstancias del contexto político y de la materia que se esté resolviendo en cada momento.
Es por estos factores que al PP no le preocupa mucho, en principio, el nuevo equilibrio de fuerzas en la cúpula judicial. Marchena era el punto clave de esta negociación, y una vez conseguido podían cerrarse los otros aspectos del acuerdo a título de flecos. Los populares estaban empeñados en Marchena porque ya intentaron situarle al frente del Supremo en la anterior ocasión, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y no pudieron lograrlo porque el PSOE no lo aceptó. El elegido esa vez fue el actual presidente, Carlos Lesmes, que ahora finalizará su mandato.
Pero sobre todo el PP quería salirse esta vez con la suya por el proceso del 1-O, más que para sacarse la espina de la anterior negociación.
A Marchena se le considera el hombre clave de este capítulo porque se le atribuye un papel de la mayor relevancia en la conducción del caso 1-O desde que la Fiscalía General presentó hace un año la querella que dio origen a esta causa por los delitos de rebelión, desobediencia y malversación. El juez encargado del caso ha sido Pablo Llarena, pero quien ha estado en todo momento pendiente del procedimiento, como presidente y por tanto máxima autoridad de la Sala Penal, ha sido Marchena. Los propios abogados del caso 1-O están convencidos de que él ha permanecido en todo momento en el cuadro de mandos de este proceso penal, manejando los tiempos en la medida en que ha podido hacerlo y, sobre todo, los pasos que dar en cada momento.
Todo ello con un doble propósito. En primer lugar, tratar de llegar a una sentencia bien fundada y convincente, con la que la Sala Penal pudiera aparecer con plena autoridad –sobre todo en el sentido clásico, de auctoritas– ante la sociedad española en general. En otras palabras, con un modelo de gestión del caso 1-O y un fallo que alejara del Supremo la imagen de desorden, falta de claridad de ideas y presencia de luchas intestinas que ha dejado la actuación de la Sala de lo Contencioso en relación con el problema de quién debía pagar los impuestos
El PP se fijó el objetivo de que Marchena fuese presidente y el PSOE lo aceptó para evitar el bloqueo
Podemos no ha situado candidatos propios, pero ve con buenos ojos a varios, como la exconsellera Mar Serna
de las hipotecas. Al PP, y también al PSOE, les aterroriza la idea de que la Sala Penal pudiera adentrarse y perderse en un laberinto parecido.
Y creen que con Marchena al frente del Supremo jamás podría suceder algo así. A este respecto hay que tener muy presente que Marchena cuenta en su trayectoria con fases de colaboración institucional con equipos de la Fiscalía nombrados bajo gobierno socialista.
De hecho, su primer jefe en Madrid, quien le trajo de Canarias –comunidad de origen de Marchena– fue el exfiscal general Eligio Hernández. Y aquella también fue una etapa muy delicada, en la que al PSOE le crecieron sumarios como los de los GAL y otros relacionados con la corrupción. La secretaría técnica de la Fiscalía General, a la que se incorporó el actual presidente de la Sala Penal, fue pieza esencial en toda la estrategia de la Fiscalía en aquella difícil fase.
El PP, en suma, está convencido de que sitúa al frente del Supremo a un jurista que trabajará para el reforzamiento de las instituciones del Estado en general y del Poder Judicial en particular. El hueco que deja en la Sala Penal importa menos, porque Marchena va a seguir en el Supremo, presidiéndolo. El Gobierno ve como un factor positivo que la composición resultante de dicha Sala, con el magistrado moderado Andrés Martínez Arrieta al frente, pueda traducirse en una sentencia menos severa sobre el caso 1-O. Y al PP esa perspectiva no le inquieta porque estima que, en cualquier caso, los hechos se examinarán con rigor y la sentencia que se dicte, sea por rebelión, sedición o conspiración para la rebelión, supondrá condenas de prisión importantes y, tanto o más relevante que lo anterior, implicará largas penas de inhabilitación.