“Las conselleries promoverán la inclusión de los menores”
(Barcelona, 1980) reflexiona sobre cómo dar respuesta a los menores migrantes desde su nuevo cargo de secretaria de Infància, Adolescència i Joventud
Georgina Oliva ha vivido en primera persona, como máxima responsable de la dirección general de Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) durante el último año, el importante flujo migratorio a Catalunya de menores no acompañados. De los cerca de 1.500 llegados en el 2017 se ha pasado a los casi 3.000 este 2018, lo que ha desbordado el sistema de acogida. Oliva avanza en esta entrevista que el llamamiento a afrontar este fenómeno de manera transversal, con la participación de todos los departamentos de la Generalitat, tendrá respuesta próximamente en un decreto en el que se detallan medidas encaminadas a favorecer la integración de este colectivo.
¿Cuál es la fotografía más reciente del sistema de acogida? A día de hoy (el pasado viernes) atendemos en 125 centros a 3.166 jóvenes que han emigrado solos; es la suma de los llegados este 2018 y de los que ya había antes. El 81% procede de Marruecos y más del 97% son chicos.
El informe del Síndic de Greuges presentado en septiembre alerta de que durante el 2019 podrían llegar 6.000 menores si se mantiene la actual tendencia. ¿Cuál es la estrategia para atenderlos a todos? Es una estrategia de país, que la estamos pensando desde el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pero en coordinación con los otros departamentos de la Generalitat y con el resto de administraciones implicadas. Queremos garantizar la atención, y sobre todo la inclusión, lo que pasa por movilizar recursos de todo tipo. Estos chicos no están de paso, han venido para quedarse ¿Cómo se concreta? Con un decreto para promover la inclusión social, el empoderamiento y la recuperación emocional de este colectivo en el que participan todos los departamentos. Llevamos dos meses trabajando estrechamente con Afers Exteriors y con la Secretaria de Migracions para ver cómo podemos recuperar y mejorar el Programa Catalunya-Magrib [funcionó del 2005 al 2012 para reducir las migraciones infantiles con iniciativas sociales y educativas en Marruecos]. Estamos analizando cómo podemos hacer prevención, hacerles ver que también tienen oportunidades en Marruecos y generar recursos para la formación en el país de origen. También dar información realista a los que emigran porque debemos romper con según qué expectativas.
¿Qué otra medidas prevé dicho decreto? Poner en marcha más plazas de justicia juvenil, crear un equipo ambulatorio de diagnóstico de salud mental, la posibilidad de acceder a parte de la vivienda pública… Con Interior, reflexionaremos sobre las pruebas de determinación de edad, más en la línea de lo que dicen oenegés como Save the Children [basarse en una evaluación global del desarrollo físico y psicológico del niño llevada a cabo por pediatras y especialistas] que en el protocolo dictado por el Gobierno español (centrado en pruebas médicas). Con Ensenyament articularemos mecanis-mos para hacer un reparto mas equitativo en el territorio de los niños y reforzaremos las aulas de acogida. El tema de los menores migrantes es una cuestión de país, es responsabilidad de todos, incluso de la propia ciudadanía.
¿Cuándo se prevé aprobar? Intentaremos que sea antes de fin de año. Estamos haciendo todos los esfuerzos pues prevemos que en el 2019 lleguen de 3.000 a 6.000 menores más. Tenemos que estar preparados pues el objetivo principal es su inclusión social. Más del 90% tiene la primaria acabada; el 60%, estudios de secundaria, y entre el 40% y el 60% experiencia laboral previa en su país. La mayoría no viene de familias desestructuradas y muestran una inmensa disposición para aprender. Tienen un potencial brutal, aprenden muy rápido.
Las entidades sociales se quejan de que el sistema de acogida está encallado, que un niño que ingresa en un centro de emergencia tarda demasiado en acceder a recursos más estables. Estamos estudiando cuántas plazas necesitamos de las fases de emergencia, integración y emancipación y dónde las ubicamos para atenderlos a todos. Lo que más nos preocupa es garantizar la circulación del menor de una fase a otra. Queremos poner énfasis en los recursos dedicados a la autonomía, de 16 a 18 años, que son los de la cola y provocan el tapón en las otras etapas.
¿Cómo abordan la atención a las niñas migrantes teniendo en cuenta que algunas caen en manos de redes que las explotan? Ahora, las niñas no pasan por los centros de emergencia ni por los de primera acogida, sino que van directamente a otros específicos para ellas, donde se hace el diagnóstico y luego se las deriva a un CRAE (centro residencial de acción educativa), a un piso o a un servicio terapéutico. En el decreto prevemos un recurso para las víctimas de trata pues precisan una atención especializada. En Marruecos dicen que el número de chicas que salen es superior al de las que llegan a los países de destino. Esto nos obliga a investigar qué pasa. Una parte de las que están en el sistema de protección han sido víctimas de trata y lo detectamos con la ayuda de expertos. Otras puede ser que todavía sigan vinculadas de alguna manera con las redes.
Las entidades también reivindican más flexibilidad en los permisos de trabajo. Hemos planteado a Madrid permisos temporales para que puedan salir de situaciones de vulnerabilidad, además de una tramitación más ágil de los de residencia, no puede ser que tardemos nueve meses en tenerlos. Muchos chicos llegan con 16 años y medio o 17 y tienen poco tiempo hasta cumplir los 18. Mientras, nosotros movilizamos recursos formativos y de inserción laboral para garantizar su autonomía. Hemos creado 900 plazas en el programa Noves Oportunitats, de 16 a 21 años, para jóvenes vulnerables, una parte de las cuales está destinada a chicos en situación administrativa irregular, que no tienen el NIE.