Sánchez usará la policía si los Mossos no frenan a los CDR
El Gobierno exige a la Generalitat un plan para garantizar el orden público JxCat y ERC se distancian de la vía eslovena y de las protestas violentas
Pedro Sánchez aún defendía la semana pasada que, pese a las proclamas de Quim Torra, “del dicho al hecho hay un trecho”. Y que, por la cuenta que le traía, el presidente de la Generalitat no había incurrido en “ninguna ilegalidad”, porque en caso contrario el Gobierno actuaría “con contundencia”. Como ya hizo el propio Sánchez cuando, como líder de la oposición, apoyó la aplicación del 155 en Catalunya. “El Gobierno de la Generalitat sabe cuáles son los límites”, advirtió Sánchez.
Pero la escalada de tensión de este fin de semana, con Torra esgrimiendo la “vía sangrienta” de Eslovenia, según lo definió la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; y con los CDR provocando cortes de carreteras y boicots a los peajes de la AP-7 y la AP-2, de titularidad estatal, “durante 15 horas” y ante la “inhibición” de los Mossos, decidió a Sánchez ayer a tomar cartas en el asunto. La propia Calvo anunció ya por la mañana, desde Sevilla, que el Gobierno estaba estudiando “toda la capacidad de respuesta que tenemos”. Y advirtió que se tomarían “medidas de reacción” ante la presunta inhibición y dejación de funciones por parte de la Generalitat: “Habrá consecuencias”. Fuentes del Ejecutivo, no obstante, descartaron que estén estudiando, al menos por ahora, recurrir de nuevo al 155. Aunque el propio Sánchez afirma siempre que no le “temblará el pulso” si tiene que hacerlo.
A última hora de la tarde, el Gobierno decidió empezar por pedir formalmente explicaciones a la Generalitat. Así, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envió una carta al conseller de Interior, Miquel Buch, en la que le advierte directamente que si los Mossos no cumplen su función y se inhiben, “se ordenará la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando proceda y en términos de proporcionalidad y necesidad”.
Marlaska esgrime así el artículo 104.1 de la Constitución, que establece que las fuerzas y cuerpos de seguridad, “sin excepción”, tienen como misión “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. “Misión –alerta la misiva– que desempeñan bajo la dependencia del Gobierno de la nación, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas”. Y “porque la tutela de estos bienes jurídicos no admite supuestos de inacción por parte de la administración competente”, dice en referencia a la Generalitat, la ley “prevé los supuestos de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando lo estimen necesario las autoridades estatales”. Así pues, Marlaska urge a Buch a dictar “las instrucciones necesarias a fin de que los Mossos ejerzan las funciones que constitucional, estatutaria y legalmente le incumben”. En caso contrario, zanja, el Gobierno ordenará intervenir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Por su parte, la vicepresidenta Carmen Calvo remitió una misiva a su homólogo catalán, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès. La vicepresidenta le transmitió la “inquietud por algunas situaciones producidas en los últimos días en Catalunya y la reacción del Govern ante ellas”.
“Aparentemente –le comunicó Calvo a Aragonès– ha existido una dejación de las funciones que tiene atribuidas ese Gobierno, con consecuencias tanto de carácter económico y social como para la segu-
El Ejecutivo central descarta, al menos por ahora, volver a recurrir al artículo 155
ridad pública”. Y, a renglón seguido, la vicepresidenta le anuncia que “es nuestra obligación evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido”. A estos efectos –y “sin perjuicio de otros requerimientos en curso sobre actos concretos y sus posibles responsabilidades”, según advierte–, Calvo reclama a Aragonès que “nos aclare lo sucedido, en especial, respecto a la actuación de los Mossos ante los altercados ocurridos en algunos puestos de peaje”. “Creo que todos somos conscientes de nuestras respectivas obligaciones para evitar este tipo de sucesos”, concluye Calvo.
Por su parte, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, remitió asimismo otra carta al conseller de Territori, Damià Calvet, confiando en que “no se vuelvan a producir” los altercados en los peajes, “y se garantice la libre circulación de personas y mercancías”. Y advirtiendo, además, que “se tramiten con la mayor diligencia” las reclamaciones que puedan presentar los afectados por el embotellamiento.
Mientras se desataba esta crisis, Torra seguía, no obstante, de ayuno en Montserrat. El Govern de la Generalitat tiene previsto emitir hoy una respuesta conjunta a las cartas que recibió anoche del Gobierno en la que se prevé que el Ejecutivo catalán rechazará la acusación de inhibición planteada desde la Moncloa.
El PP, entre tanto, sigue creyendo que un nuevo 155 sería la única solución, pero sabe que el Gobierno tiene otras posibilidades, y no quiere quedarse descolgado de ellas. Por eso, y ante la posibilidad de que el Gobierno esté pensando en recurrir a la ley de Seguridad Nacional, que no requeriría la intervención del Senado, es decir, del PP, presentó ayer mismo una moción, para su debate en el pleno del día 18, en la que insta al Gobierno a que dicte un real decreto, tal y como prevé la ley de Seguridad Nacional, en el que declare que “en Catalunya existe una situación de interés para la seguridad nacional” y se haga cargo de los Mossos d’Esquadra mediante el nombramiento de “una autoridad funcional, con competencia para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan en materia de seguridad y orden público”.
Pero Pablo Casado, que ve esta moción como un paso previo, o un argumento más para exigir un nuevo 155, se preparara ya para esa eventualidad. El líder del PP, que a última hora de la tarde no había recibido una llamada de Sánchez para hablar de lo sucedido y de sus intenciones, sigue creyendo que “la situación es límite” y exige que plantee un nuevo “155 ya”. Pero esta vez, debería ser “duradero en el tiempo” y más amplio en cuanto a las competencias intervenidas, entre ellas los Mossos, TV3 y educación.
“Torra ha llegado a un punto en el que no hay retorno posible”, aseguró ayer la portavoz del PP, Marta González. A juicio de la dirección popular, “la violencia de este fin de semana” y que Torra se haya puesto “al lado de los violentos”, no lo puede permitir el Estado, y por eso cree que Sánchez ya no tiene motivos para no aplicar el 155. Para ello le recuerda que el PP tiene los votos necesarios para sacarlo adelante en el Senado.
Calvo y Ábalos también piden explicaciones a Aragonès y Calvet por lo ocurrido en la AP-7 El PP sólo admitirá un 155 que sea amplio, no sólo para el control de los Mossos, y duradero