Los temas del día
Las medidas sociales anunciadas por Macron para apaciguar al movimiento de los chalecos amarillos, y la afectación en el tráfico de la AP-7 por las acciones de los CDR.
LOS automovilistas catalanes fueron sometidos este fin de semana, contra su voluntad, a una caprichosa ducha escocesa. Algunos quedaron atrapados el sábado en el corte de la AP-7 que, a la altura de l’Ampolla, impusieron los CDR durante quince horas, sin que los Mossos intervinieran para desalojarles y reabrir el paso. Otros se beneficiaron sin pedirlo el domingo del levantamiento de peajes que los CDR forzaron en distintos puntos de la red viaria catalana, tras romper las barreras y de nuevo ante la pasividad de los Mossos. Ambos sucesos parecieron indicar que los CDR se habían autoproclamado nuevos reguladores del tráfico en Catalunya. Y cundió entre los automovilistas la desagradable e indignante sensación de estar al albur de sus arbitrariedades.
Las protestas de signo político son, naturalmente, legítimas. Pero no debieran perjudicar la libertad de movimiento de los ciudadanos de modo recurrente. Sin embargo, no cabe descartar que estas interferencias se multipliquen en un futuro inmediato. Los flamantes autodenominados GAAR –Grups Autònoms d’Accions Ràpides–, en sintonía con los CDR, acaban de presentarse anunciando que quieren paralizar los grandes ejes viarios de Catalunya, y llevar a cabo boicots y sabotajes en carreteras, red ferroviaria, zonas industriales y demás. Su primer despliegue se ha convocado para el día 21, cuando el Gobierno tiene previsto celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona.
Al igual que los CDR, cuyas alteraciones del orden público contempla el president Torra con excesiva simpatía, los GAAR son entidades autónomas, sin responsables conocidos y ajenas a todo control. Es decir, entes con representatividad minoritaria pero con gran capacidad para alterar la convivencia. En especial cuando se inhiben los cuerpos policiales, sufragados con los impuestos de los contribuyentes, que deben garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos.
Nada más lejos de nuestra intención que caer en el alarmismo. Pero nos sentimos obligados a advertir que nada bueno puede esperarse de la presente coyuntura, en la que grupos sin control alteran el día a día ciudadano con el aplauso de la máxima autoridad del país –ninguneada, dicho sea de paso, por los CDR al grito de “el poble mana, el Govern obeeix”– y ante la pasividad de los Mossos. Nada bueno pueden esperar de ella los ciudadanos que la padecen, los gobernantes que la alientan y los Mossos que la permiten. Quizás la Generalitat haya olvidado que, como tal y como representante del Estado, tiene obligaciones ineludibles. No así Pedro Sánchez, que ayer anunció medidas al respecto.