Interior frena la nueva huelga de los examinadores de tráfico el primer día
El paro estaba previsto hasta el día 21 al no haber cobrado lo prometido en el 2017
Los examinadores de tráfico volvieron ayer a la huelga y los fantasmas del pasado reaparecieron en las autoescuelas de toda España. Algunos de esos negocios aún sufren las consecuencias de la resaca dejada por el paro de cinco meses protagonizado por esos funcionarios el año pasado, que dejó en la estacada a más de 200.000 aspirantes al carnet de conducir. El ministerio del Interior lo dirigía entonces José Ignacio Zoido y el director de la Dirección General de Tráfico (DGT) era Gregorio Serrano.
El conflicto (los examinadores pedían un incremento de sueldo de 250 euros) se enquistó y la falta de entendimiento entre las partes implicadas provocó que decenas de miles de alumnos no pudieran examinarse de la prueba práctica en la fecha prevista. Algunos tuvieron que esperar meses hasta realizar esa prueba. En muchos casos esos aspirantes perdieron la oportunidad de conseguir trabajos en los que se exigía el carnet de conducir y en las autoescuelas se formó un tapón de aspirantes sin que nadie atinara a saber cuando podrían examinarse. Todo acabó con un acuerdo político (al que no se sumó el Partido Popular) que aceptaba las exigencias económicas de los inspectores.
Muy pocos, excepto las autoescuelas, se acordaban ya de este conflicto (unas de las huelgas más largas en España) cuando hace unos días la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) hacía saber que la promesa de ese incremento de 250 euros a esos funcionarios, repartidos en 14 pagas, se ha incumplido. Así que decidieron retomar la huelga. Ayer era la primera jornada de paros, que se preveían mantener, en estos planes iniciales, hasta el día 21 de este mes. La mayoría de inspectores secundaron este primer día de huelga, lo que volvió a dejar otra a vez a miles de aspirantes al carnet de conducir sin examen práctico.
Pero en este caso los responsables políticos a los que compete solucionar el conflicto (Pere Navarro, director de la DGT, y Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior) parece que han reaccionado con mucha más premura que sus antecesores en esos cargos. A media tarde de ayer se convocó una reunión en la sede de la Dirección General de Tráfico con representantes del sindicato Asextra y el encuentro dio sus frutos. Desde el Gobierno se han comprometido a abonar el dinero prometido a los examinadores hace un año, con lo que la huelga quedó desconvocada a primera hora de la noche.
Asextra advirtió, sin embargo, en un comunicado “que el acuerdo suscrito por ambas partes es una solución transitoria hasta la consecución de la modificación de la Relación de Puesto de Trabajo (RPT) con el incremento retributivo correspondiente al complemento específico”. Los examinadores amenazan con retomar los paros si esa modificación sigue sin estar resuelta durante el primer semestre del 2019.
La reunión que ha permitido el acuerdo se convocó horas después de una protesta que empezó en la sede del Ministerio de Interior, en el paseo de la Castellana, y avanzó hasta la dirección general de Costes de Personal y Pensiones Públicas. Una manifestación a la que se sumó en este caso el CSIF. Manuel Santiago, portavoz de ese sindicato, no escondió su perplejidad por el incumplimiento de un acuerdo–el de ese incremento de sueldo– “plasmado en los Presupuestos Generales del Estado, firmado por el Rey y publicado en el BOE”.
La primera jornada de paro de esta nueva huelga de examinadores de tráfico, ya desconvocada, coincidió con el anuncio por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de una reforma del reglamento general de circulación para reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora en todas las ciudades. Una medida apuntada ya semanas atrás por el director de la DGT, Pere Navarro, que ya aplican algunas grandes urbes y que no está exenta de polémica.
Grande-Marlaska hizo el anuncio en el discurso inaugural de una conferencia internacional sobre tráfico organizada ayer por la Fundación Mapfre en el Congreso de los Diputados. El ministro del Interior avanzó, asimismo, que en los próximos meses se anunciará un paquete de medidas para reducir las muertes de motoristas y ciclistas en las carreteras. Otra iniciativa que se suma al reciente anuncio hecho por la DGT de limitar a 90 kilómetros hora la velocidad en todas las carreteras convencionales.
El Gobierno respalda la propuesta de la DGT de reducir a 30 km/h la velocidad en las ciudades