EE.UU. presiona a Colombia para que reduzca la producción de cocaína
Washington muestra su preocupación por el incremento del cultivo de coca
La producción de hoja de coca y de cocaína en Colombia no para de crecer a pesar de los esfuerzos del Gobierno y de las millonarias aportaciones de EE.UU. desde hace dos décadas para luchar militarmente contra el narcotráfico. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se mostró “profundamente preocupado” por esta situación tras reunirse en Cartagena de Indias con el presidente colombiano, Iván Duque, que el año pasado ganó las elecciones enarbolando la bandera del combate contra las drogas. Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo, y EE.UU., el principal consumidor.
“Estados Unidos sigue profundamente preocupado por el aumento de los cultivos de coca y de la producción de cocaína en Colombia desde el 2013, y por su impacto en cada uno de nuestros dos países”, dijo Pompeo el miércoles en una declaración junto a Duque. “Seguiremos trabajando con usted, señor presidente, para disminuir los cultivos y la producción un cincuenta por ciento de aquí al 2023; sabemos que también tenemos que poner de nuestra parte para reducir la demanda en nuestro país”, agregó el secretario de Estado dirigiéndose a su anfitrión. Ambos países firmaron el año pasado un acuerdo para reducir en un lustro las plantaciones de coca a la mitad.
Por su parte, Duque agradeció a Pompeo “el firme compromiso de ayudarnos a nosotros a desmantelar las redes de crimen organizado”. Ideado a finales de los años noventa del siglo pasado, durante las administraciones de Andrés Pastrana y Bill Clinton, Bogotá y Washington pusieron en marcha el denominado Plan Colombia, un programa financiado por EE.UU. a razón de una media de 350 millones de euros anuales que incluye el envío de militares al país sudamericano para colaborar con sus fuerzas armadas en la desarticulación de las bandas de narcotraficantes y la erradicación de cultivos mediante fumigaciones masivas, aunque también subvenciona a campesinos para desincentivar el rentable cultivo de coca.
El Plan Colombia, cuestionado por la izquierda y organizaciones de derechos humanos, dio frutos en sus primeros años, reduciéndose las plantaciones de amapola y la producción de heroína. Sin embargo, la presión militar hizo que los campos de coca se trasladaran a zonas selváticas cada vez más inaccesibles y, aunque se logró disminuir su cultivo, a partir del 2013 volvió a incrementarse. Según la Casa Blanca, las plantaciones de coca crecie- ron hasta el récord de 209.000 hectáreas en el 2017, un 11% más que el año anterior, mientras que la producción de cocaína pura aumentó un 19%, hasta las 921 toneladas.
No obstante, la ONU rebaja la cifra de plantaciones de coca y en un estudio habla de 171.000 hectáreas en el 2017, un 17% más que en el 2016, aunque ese dato equivale igualmente a máximos históricos. El informe de las Naciones Unidas indica que el 80% de la coca se ha cultivado en la misma zona del Pacífico colombiano durante los últimos diez años con un aumento del 33% de los campos respecto al 2012.
Duque asegura que Colombia erradicó el año pasado 80.000 hectáreas de cultivos ilícitos y se comprometió a eliminar 100.000 hectáreas a lo largo del 2019. El presidente llegó a la Casa de Nariño en agosto pasado con el compromiso de combatir con dureza el narcotráfico. Entre sus propuestas figura
Duque cumple su promesa de perseguir al consumidor en su cruzada contra las drogas
volver a fumigar los campos de coca con glifosato, un potente herbicida cuyo uso fue paralizado por la justicia en el 2015 después de que varios estudios científicos confirmasen que es cancerígeno. En febrero la Corte Constitucional debe pronunciarse definitivamente sobre su uso después de que en el 2017 los magistrados ya establecieran una serie de condiciones previas para el empleo del glifosato.
En su cruzada contra las drogas, Duque optó por la penalización de los consumidores. La policía puede incautarse de cualquier cantidad de estupefaciente que consuma o porte un ciudadano en el espacio público, así sea marihuana o una dosis mínima para consumo personal. La medida le ha valido al mandatario ser tachado de moralista y ultraconservador por los defensores del consumo recreativo de drogas, pero también por expertos en la lucha contra el narcotráfico, que consideran que esa decisión provoca el aumento del precio de la sustancia y desvía recursos y policías a perseguir al consumidor, en lugar de centrarse en los grupos organizados que producen y distribuyen la droga. Además, la medida es cuestionable desde el punto de vista jurídico ya que en 1994 la Corte Constitucional despenalizó el consumo personal de estupefacientes, aunque el Gobierno alega que sólo pretende evitar su uso en la vía pública.