Aprendizaje cotizado

Las universidades alertan del encarecimiento de costes y la reducción de la oferta

El real decreto que revaloriza las pensiones incluye una disposición por la que se obliga a las empresas a incorporar al régimen general de la Seguridad Social a los estudiantes que realizan prácticas.

El Gobierno aprobó el real decreto 28/2018 el pasado 28 de diciembre para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en el que, mediante una disposición adicional, se obliga a las empresas a incorporar al régimen general de la Seguridad Social a los estudiantes que realizan prácticas, ya sean remuneradas o no. Esta regulación ha pillado a empresas y universidades desprevenidas.

Los rectores reaccionaron ayer lamentando que no se les consultara con antelación y reclamando al Gobierno una mesa de diálogo para abordar las repercusiones que tendrá la medida. Anticipan el encarecimiento del coste de las prácticas o la disminución de la oferta de plazas por parte de las empresas. En todo caso, quieren determinar quién y cómo deben hacerse cargo de las cotizaciones.

“La obligatoriedad de cotización a la Seguridad Social de las prácticas –señala un comunicado– podría acarrear un grave problema económico, difícilmente asumible para las universidades, que se añadiría al actual déficit estructural de la financiación universitaria”, indica la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue).

Hasta el momento, no era obligada la cotización de los becarios sin sueldo. En cambio, sí debía darse de alta a aquellos alumnos que sí cobraban algún tipo de retribución económica, tanto si las prácticas formaban parte del plan de estudios como si eran extracurriculares. La diferencia era que las primeras, las obligatorias, estaban bonificadas al 100%.

En la nueva disposición se trata igual a todos los tipos de prácticas, sean retribuidas o no, curriculares o no, y no consta ninguna bonificación. Por tanto, las prácticas encarecerán el coste global de los estudios. Si el gasto recae en la empresa, el escenario más probable es que la oferta de plazas disminuya. Si es la universidad la que asume el coste, los títulos se encarecerán. Queda por ver si en ese caso serán los campus o las familias los que asuman el coste. Las prácticas curriculares forman parte de los planes de estudios universitarios y son consideradas como una asignatura más. Por tanto, son una actividad académica obligatoria. No en todos los grados o masteres son iguales. Hay carreras donde las prácticas en entidades o empresas son fundamentales para la formación del alumno como las tecnológicas.

Las prácticas extracurriculares, en cambio, tienen carácter voluntario aunque cobran cada vez más importancia para los estudiantes dado el escaso empleo existente.

Crue está en desacuerdo con el trato indiscriminado que ahora recibirán los modelos de prácticas. Y se pregunta quién y cómo debe hacerse cargo de las cotizaciones correspondientes.

Por este motivo, la entidad solicita al Gobierno la apertura de una mesa de diálogo para abordar el desarrollo normativo previsto en la disposición mencionada. En la misma reclamarían el mantenimiento de la bonificación para las prácticas curriculares remuneradas y su extensión para las prácticas no remuneradas tanto curriculares como extracurriculares.

También un nuevo tratamiento para las prácticas de los estudios de formación permanente y el establecimiento de un procedimiento de alta simplificado y automatizado a la Seguridad Social para los estudiantes que realicen prácticas con bonificación, con el objetivo de facilitar la gestión a las universidades y empresas.

Desde el punto de vista de gestión administrativa, los campus se ven desbordados por la creciente burocracia que se verá aumentada por el trabajo que comportará la adaptación a la nueva normativa por lo que reclaman al Gobierno que les facilite la incorporación urgente de personal experto en gestión laboral.