Socialismo conciliador
La Moncloa retira seis recursos al TC interpuestos por el PP
La llegada del PSOE a la Moncloa ha reducido la conflictividad entre el Gobierno español y las autonomías.
El Gobierno de Sánchez abre veintidós procesos de negociación en medio año
Desde la llegada del PSOE a la Moncloa, el pasado mes de junio, la conflictividad entre el Gobierno español y las autonomías se ha reducido en comparación con lo que ocurría durante el mandato del PP. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que dirige Meritxell Batet, ha procedido durante el segundo semestre del 2018, en este sentido, a la retirada de seis recursos de inconstitucionalidad, a la apertura de veintidós procedimientos de negociación previos a la impugnación ante el Tribunal Constitucional y a la resolución con acuerdo de once de los iniciados en el primer semestre del año.
La reducción de la conflictividad entre administraciones responde, según el propio ministerio, al “esfuerzo de concertación y negociación entre el Estado y las comunidades autónomas” que se propuso la ministra al llegar al cargo y que ha empezado a dar sus frutos. En concreto, el Gabinete de Pedro Sánchez ha desistido, de forma total o parcial, de seis recursos de inconstitucionalidad interpuestos en la etapa de Mariano Rajoy
que afectan a leyes sobre todo de carácter social de Catalunya, el País Vasco y Aragón después de alcanzar acuerdos con los respectivos gobiernos autonómicos para modificar o interpretar en línea con la doctrina del Tribunal Constitucional las normas objeto de litigio. En el caso de Catalunya, la retirada de los recursos fue sobre las leyes de emergencia habitacional 24/2015 y 4/2016 y fue firmada el 30 de octubre en la sede del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència por la ministra Batet y el entonces conseller Ernest Maragall.
En paralelo, el Gobierno español ha puesto en marcha hasta veintidós procedimientos de negociación, al amparo del artículo 33.2 de la ley del propio Tribunal Constitucional que permite ampliar de tres a nueve meses el plazo de presentación de impugnaciones, sobre normas autonómicas que podían resultar conflictivas, con el objetivo de alcanzar también acuerdos interpretativos o modificativos que hagan innecesarios los recursos. Y ha resuelto de forma satisfactoria la mitad –once de veintidós– de los procedimientos abiertos por el mismo motivo durante los últimos meses de mandato del PP. Junto a ello, además, en el segundo semestre del 2018, el Gabinete de Sánchez ha planteado cuatro actuaciones ante el Tribunal Constitucional contra leyes, disposiciones y resoluciones –entre ellas, la del Parlament de reprobación del rey Felipe VI y de abolición de la monarquía– de las comunidades autónomas, frente a las
seis que en el primer semestre puso sobre la mesa el ejecutivo de Rajoy.
La litigiosidad en el Tribunal Constitucional ha sido siempre el termómetro que ha marcado el estado de la relación entre el Gobierno central y las autonomías, y después de la etapa del PP, en la que los conflictos entre los dos bandos han abundado, ahora el PSOE quiere darle la vuelta. Y de momento, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública considera que el primer resultado es positivo.