Todos contra Orbán
Miles de personas salen de nuevo a la calle contra la ley laboral de Viktor Orbán
La oposición húngara se fortalece y amenaza con una huelga general. De momento, miles de personas salen de nuevo a la calle contra la ley laboral del Gobierno que preside Viktor Orbán.
El 2018 acabó con masivas protestas en la calle contra el Gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y en el 2019, lejos de calmarse, la situación se ha endurecido. Amplios sectores ciudadanos –partidos de la oposición, sindicatos, grupos cívicos– llevan casi un mes manifestándose y no hay signos de que se vuelvan a casa. En diciembre, miles de trabajadores se lanzaron a la calle para oponerse a la decisión gubernamental de llevar adelante la llamada ley de la esclavitud, que alarga el horario laboral anual en 400 horas, dos más al día o un día más por semana. Desde entonces, las concentraciones han experimentado un efecto bola de nieve y lo que los manifestantes ya exigen es que Orbán acabe con sus políticas antiliberales en las que está minando la división de poderes.
Después de una pausa por Navidad, miles de personas se concentraron ayer en Budapest para protagonizar la protesta más masiva contra el Gobierno, que con sus políticas se ha convertido en un referente para euroescépticos y nacionalistas que rechazan las políticas liberales europeas. La sombra de la huelga general para el 19 de enero planea sobre el Ejecutivo magiar, pues los principales sindicatos están estudiando la opción de hacer un llamamiento a un paro total del país si no se modifica la ley.
Zoltan Mucsi, jefe sindical de la acerería Dunaferr Vasas, declaró que era antidemocrático que el Gobierno ni siquiera discutiera los cambios con las fuerzas sindicales y puso sobre la mesa la huelga general si no hay negociación.
A tenor de las manifestaciones de ayer se puede constatar que la oposición a Orbán, antes disgregada y atomizada, está más unida que nunca, pero eso no esconde que Fidesz, el partido del primer ministro, sigue siendo de lejos la opción política mayoritaria en Hungría. Si bien las manifestaciones han ido en aumento, estas no han mellado el apoyo popular al partido mayoritario, equivalente al de toda la oposición sumada. Orbán fue reelegido en abril apoyándose en una campaña antiinmigración y ante una oposición más débil que la actual.
“He venido aquí a mostrarles a mis hijos que existe una cosa que se llama democracia y que no podemos renunciar a ella”, declaraba una manifestante, Julia Nagy, economista y madre de tres hijos. “Estamos en desacuerdo con prácticamente todo lo que este Gobierno ha hecho desde que llegó al poder en el 2010, desde la corrupción hasta la pseudodemocracia”, argumentó Eva Demeter, ama de casa, 50 años. “Más y más gente está saliendo a la calle a protestar porque la ley de la esclavitud afecta a muchos”.
Con el Parlamento copado por los diputados de Orbán, la oposición ha maniobrado echando sus protestas y reivindicaciones a la calle para denunciar los tics autoritarios del primer ministro, de 55 años, que arrima el ascua judicial a sus intereses políticos.
A mediados de diciembre, el mismo día que se aprobaba la ley que alargaba la jornada laboral, los legisladores dieron luz verde a un tribunal de nuevo cuño supervisado por el propio Gobierno. Semanas antes, centenares de medios de comunicación afines a Orbán fueron agrupados en una especie de fundación dirigida por hombres de confianza del primer ministro creando, junto a los medios gubernamentales, uno de los aparatos de propaganda más potentes de toda Europa. En paralelo, también a finales del año pasado, la Central European University, fundada por el multimillonario filántropo estadounidense de origen húngaro George Soros, tuvo que abandonar el país por no cumplir los nuevos requisitos impuestos por el Ejecutivo de Orbán para dificultar su acción. El objetivo de la universidad era formar a líderes políticos democráticos en el ex país comunista.
Ante la creciente oleada de protestas, el primer ministro ha prometido que las acallará con paciencia y resolución al tiempo que ha rechazado desprenderse de sus crecientes poderes, algunos autoatribuidos, en respuesta a la propuesta del Parlamento Europeo de lanzar una investigación comunitario ante posibles fraudes democráticos.
Las manifestaciones de protesta contra la denominada ‘ley de la esclavitud’ pronto cumplirán un mes