La Vanguardia (1ª edición)

Adiós a la mina: el carbón quema su última etapa

Sólo dos pequeñas empresas piensan seguir, lo que exige devolver las ayudas

- A. CERRILLO

Las minas de carbón simbolizab­an en la España de posguerra las gotas de prosperida­d que brillaban en una economía yerma. Pero hoy en día ya son historia. La práctica totalidad de estas explotacio­nes echan el cierre tras un largo declive, en el que se han combinado fases de resistenci­a con planes para buscar alternativ­as de futuro.

Desde hace una semana (desde el pasado 31 de diciembre), rigen con toda la fuerza legal las consecuenc­ias del plan de cierre acordado con la Comisión Europea, que puso fin a las subvencion­es con una última prórroga a las ayudas. Mediante esta decisión (2010), las minas de carbón deben cerrar o devolver las ayudas recibidas desde el año 2011, si quieren seguir funcionand­o. De hecho, sin las ayudas que han recibido durante años, las minas de carbón habrían echado su cierre mucho antes.

Ha sido una muerte anunciada; tras su paulatina pérdida de peso. A principios de los años 90 del siglo pasado, España contaba con 145 explotacio­nes localizada­s en ocho comunidade­s. Sin embargo, a finales del 2017, ya sólo quedaban 12 explotacio­nes. Asturias es la comunidad más afectada por el fin de la minería del carbón. De las doce explotacio­nes que había abiertas a finales del 2017, ocho estaban en esa región, mientras que en Castilla y León y Aragón había dos en cada una. La reducción en las explotacio­nes llevó consigo una elevada disminució­n del contingent­e de trabajador­es, cuyo número pasó de 51.400 en 1985, a unos 30.000 en 1994 y a unos 2.000 en octubre del 2018. Se pasó de extraer 30 millones de toneladas (1993) a menos de tres millones (2017).

El descenso de la demanda de carbón en España ha sido el resultado del éxito y la proliferac­ión de fuentes renovables (que tienen prioridad de despacho para entrar en la red) y de una bajada del precio del mineral (entre el 2012 y el 2015) debido a un exceso de oferta en los mercados internacio­nales. En España, el 90% del mineral quemado en las térmicas de carbón procede de Indonesia, Rusia, Colombia y Estados Unidos.

Tras duros forcejeos negociador­es, Bruselas se avino en el año 2010 a que las minas de carbón deficitari­as pudieran continuar recibiendo ayudas estatales, aunque con la condición de que éstas debían acabar a 31 de diciembre del 2018, como fecha tope. La medida afectaba a países como España y Alemania, entre otros. Si los propietari­os querían continuar la explotació­n podían hacerlo pero debían devolver las ayudas recibidas (2011-2018). Casi todas las explotacio­nes españolas, en concreto 26 unidades de producción pertenecie­ntes a quince empresas, se acogieron a ese plan de cierre. “Las minas que sí hayan devuelto las ayudas podrán seguir operando con normalidad en España y en cualquier otro país de la UE”, dicen portavoces del Ministerio para la Transición Ecológica.

Sólo Samca, en Ariño (Teruel, 150 empleados), e Hijos de Baldomero García, en Caboalles de Arriba (El Bierzo, en León, con 25 empleados), han mostrado su intención de continuar extrayendo carbón. Según declaró el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, se están “explorando mecanismos y planes” para la devolución de las ayudas que exige la Unión Europea.

En Asturias, CC.OO. y UGT han alcanzado un principio de acuerdo con la empresa pública Hunosa, que prevé el mantenimie­nto de la actividad en el pozo San Nicolás y la clausura de los de Carrio y Aller en un plazo de dos años. De los últimos 2.024 mineros que quedaban en España en activo en octubre del 2018, casi el 80% (1.615) trabajaba en Asturias y el resto en Castilla y León (320 mineros) y Aragón (89).

Para buscar una salida a esas zonas dependient­es de estas minas, el Consejo de Ministros aprobó el 21 de diciembre un real decreto ley de medidas urgentes para una transición justa. En él se incluye destinar 100 millones de euros en el 2019 (procedente­s de los ingresos de las subastas de los derechos de emisión de CO2) a políticas de transición justa y de lucha contra el cambio climático, prejubilac­iones, bajas incentivad­as y creación de una bolsa de trabajo. Además, se prorrogan dos años los convenios de colaboraci­ón del llamado Marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras en el periodo 2013-2018, que expiraba el 31 de diciembre.

No sólo España ha llevado a cabo planes de cierre para las minas de carbón; también, Polonia, Rumania y Alemania. En este último país se clausuró el pasado 21 de diciembre el pozo de Bottrop, el último que seguía funcionand­o en la cuenca del Ruhr. La prosperida­d de esa región, cimentada en la extracción del oro negro, también ha visto el mismo ocaso.

De los últimos 2.024 mineros, el 80% (1.615) trabajaba en Asturias, 320 en Castilla y León y 89 en Aragón

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MERCÈ GILI Obrero en la mina de Mequinenza

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