Torra evitará chocar con el TC para recuperar las leyes anuladas
El Govern copiará fórmulas legales que han sido aceptadas en otras autonomías
El compromiso del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de recuperar las leyes suspendidas o anuladas por el Tribunal Constitucional se concretará en la reunión del Govern de mañana en una propuesta que copiará fórmulas que funcionan en otras comunidades autónomas y que han sido aceptadas por el Alto Tribunal.
El compromiso del presidente de la Generalitat de recuperar las leyes sociales atascadas en el Tribunal Constitucional acabará siendo un ejercicio de equilibrismo para no violentar al tribunal al mismo tiempo que se argumentará ante la CUP que se cumple con la resolución aprobada en el Parlament. La solución planteada por los servicios jurídicos pasa por limitar los efectos de las leyes catalanas recurridas que se encuentran suspendidas o anuladas y aplicar soluciones que sí han sido aceptadas en otras comunidades autónomas.
El Consell Executiu aprobará mañana la memoria de la ley ómnibus con el que se iniciará ese trámite. Según el texto preliminar, se abordan sólo 6 de las 14 normas citadas en la resolución parlamentaria del pasado julio. El texto justifica que el Govern debe “buscar vías alternativas dentro del ordenamiento jurídico vigente” para superar la “parálisis o el vacío” generado por las suspensiones o sentencias dictadas por el TC. Además, lamenta que las negociaciones bilaterales con el Gobierno para el desistimiento de recursos “no han fructificado en acuerdos” más allá de la ley de universalización de la sanidad y la emergencia habitacional.
Ante esta situación, el texto preliminar de la memoria defiende la necesidad de buscar “nuevas disposiciones normativas que puedan producir efectos equivalentes o similares y lograr por esa vía alternativa los objetivos perseguidos” con las normas aprobadas en el Parlament.
Así, la ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que fue anulada por invadir la competencia estatal en legislación laboral, limitará ahora a los centros de trabajo del sector público de la Generalitat la obligación de tener planes de igualdad y desplegar medidas de prevención del acoso sexual y de conciliación.
Por su parte, el único precepto que se mantiene suspendido de la ley del Cambio Climático, que pone freno al fracking, se replantea siguiendo las sentencias de las leyes de Cantabria, La Rioja, Navarra, el País Vasco y Castilla-La Mancha. Según la memoria, “no resultaría cuestionable una legislación de Catalunya que previera la aprobación en un plazo de hasta dos años, de un instrumento de planificación territorial del uso de esa técnica”, con una valoración de los riesgos en cada territorio y la determinación de distancias mínimas a poblaciones y masas de agua. También se plantea un tributo ambiental finalista para compensar los perjuicios derivados de la aplicación del fracking.
En el caso de la ley de Voluntades Digitales, para sortear al TC se
convierte el registro previsto en uno administrativo de tipo electrónico de “acuerdos relativos a las voluntades digitales de los jóvenes”. Se limitaría a los jóvenes –la Generalitat tiene competencias en materia de juventud–, alegando que son los usuario habituales de redes sociales y aplicaciones electrónicas. El registro sólo incluiría el acuerdo entre dos mayores de edad –pero hasta una determinada edad– por el que uno autoriza a otro a ejecutar sus voluntades digitales.
El Govern también prevé reha- cer la ley de Asociaciones de Consumidores de Cannabis, que fue declarada inconstitucional. La nueva norma seguirá la estela de la ley vasca de atención integral de adicciones y drogodependencias que superó el filtro del TC. Así, se eliminará cualquier mención explícita a que los socios de esas asociaciones puedan proveerse de cannabis para su consumo personal a través de la entidad, ni que se pueda consumir en sus locales. Sin ofrecer cobertura legal a actividades que son consideradas delito, el Govern considera que ofrece seguridad jurídica a las asociaciones existentes.
Además, según el texto preliminar de la memoria que estudiará mañana el Consell Executiu, se pondría en marcha la ley de la Agència Catalana de Protecció Social, ya que el Constitucional sólo mantiene suspendidas las funciones sobre la gestión de recursos que se le atribuyan en un futuro y la relación con otras administraciones públicas para gestionar prestaciones. El texto considera que las únicas funciones suspendidas son “unas previsiones de futuro, no concretadas todavía en el ordenamiento vigente”, por lo que se podría constituir la agencia para ejercer el resto de las funciones que el tribunal no cuestiona.
También se activaría la Agència de Ciberseguretat, aunque para cumplir con la sentencia del TC de hace unos días el nuevo organismo se limitaría a la protección de ciberseguridad de los departamentos de la Generalitat y su sector público. Se renuncia así a la investigación y análisis tecnológico de los ciberincidentes y ciberataques, que el Constitucional considera competencia exclusiva del Estado.
Según el Govern, las otras normas afectadas por recursos del Gobierno ante el TC se refieren en su mayoría a medidas fiscales que podrían abordarse a través del proyecto de presupuestos que se prevé presentar este mes.
El texto plantea alternativas “dentro del ordenamiento jurídico vigente” para no desobedecer al tribunal