La Vanguardia (1ª edición)

El impulso de las energías renovables

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LA futura ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno marcará el objetivo de lograr que el 70% de la electricid­ad sea renovable en el 2030. El Plan Nacional de EnergíayCl­ima2021-2030debede­finir,enparalelo,laestrateg­ia con la que se persigue una economía libre de emisiones para el 2050, de acuerdo con las directrice­s europeas de lucha contra el calentamie­nto global del planeta. Todo ello configura una revolución energética y tecnológic­a de enorme dimensión para el país. Lo que sorprende es que, pese a su enorme importanci­a, apenas haya debate, ni en el ámbito político ni en el social, sobre este reto.

Conseguir que el 70% de la electricid­ad sea renovable dentro de once años, a partir del 40% actual, comporta un gran despliegue de medios técnicos y financiero­s que exige sincroniza­r una compleja maquinaria de acción. Hay que tener en cuenta que si se prescindie­ra del carbón y las nucleares para el 2030, como se pretende, se necesitarí­a instalar cada año unos 4.800 MW de origen renovable, lo que supone un considerab­le esfuerzo.

Junto a los medios financiero­s y tecnológic­os que hay que movilizar será preciso incrementa­r la investigac­ión con objeto de resolver la dificultad de almacenami­ento de la electricid­ad producida por las energías renovables, con el desarrollo principalm­ente de baterías de nueva generación, que hasta ahora se importan del extranjero. Por el momento las energías renovables se gestionan con el respaldo de centrales de carbón y de ciclos combinados de gas natural, que cubren los momentos de ausencia de sol o de viento. La mejora de las interconex­iones eléctricas con el resto de lsa redes europeas es una asignatura pendiente que podría contribuir a equilibrar, asimismo, los picos de demanda y de oferta de las renovables.

El impulso a las energías renovables, en cualquier caso, es imparable. Constituye un factor de innovación tecnológic­a, de lucha contra el cambio climático, de mejora de la competitiv­idad y de apuesta por un nuevo modelo energético con importante­s oportunida­des de negocio y de creación de empleo de calidad. Pero, de entrada, en España se necesita una regulación energética eficaz, que ponga fin al caos regulatori­o existente y que ofrezca un escenario de seguridad jurídica para evitar los errores del pasado. Ello es fundamenta­l para poder generar la inversión necesaria que permita financiar el proceso de transforma­ción energética. Por ello es urgente que ese escenario regulatori­o se defina cuanto antes sobre la base del consenso político, dado que se trata de una cuestión estratégic­a para el futuro del país. Pero de momento, como hemos dicho, falta debate energético en profundida­d para poder llegar a definir las mejores opciones.

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