El Tribunal Supremo prevé dedicar al juicio del 1-O tres días a la semana
La idea es concentrar la vista los martes, miércoles y jueves a jornada completa
El Tribunal Supremo (TS) está ultimando los preparativos del juicio oral por el caso 1-O, que comenzará entre finales de este mes y principios de febrero. En principio, la Sala de Enjuiciamiento prevé dedicar a la vista propiamente dicha tres días semanales, que sólo excepcionalmente podrían incrementarse a cuatro o cinco en alguna fase de los interrogatorios o de las declaraciones de los testigos. La idea es concentrar las sesiones los martes, miércoles y jueves mañana y tarde, a jornada completa.
Lo previsto es que la vista se inicie por norma a las diez de la mañana y se prolongue hasta las dos o dos y media de la tarde, con un descanso de hora y media para el almuerzo. Por la tarde, el Supremo pretende que las sesiones terminen habitualmente no mucho más tarde de las seis. Por tanto, la Sala dedicará al juicio un promedio aproximado de seis o siete horas diarias, tres días a la semana. Todo ello equivale, por tanto,de dieciocho a veinte horas semanales.
La Sala se planteó la posibilidad de iniciar las sesiones a las nueve de la mañana. Pero se desechó la idea para facilitar el traslado cotidiano de los presos y la labor de los letrados de la defensa. A lo largo de toda la instrucción de la causa, los procesados y sus abogados han formulado diversas reclamaciones y protestas alegando las dificultades que existían para sus contactos.
La preparación de la defensa –manifestaron reiteradamente los letrados en la fase de instrucción del proceso– se veía entorpecida por el hecho de que la causa se siguiera en el Supremo. El mantenimiento del proceso judicial en el Alto Tribunal supuso que los encausados permanecieran internos en centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid, obligando a sus abogados a continuos desplazamientos desde Catalunya, sobre todo cada vez que había que preparar comparecencias e interrogatorios. Todo ello al margen de las dificultades que esta situación implicó para los contactos de los presos con sus respectivas familias. Lógicamente, estos problemas quedaron muy amortiguados con el traslado de los encausados a prisiones de Catalunya, a partir del pasado mes de julio.
En medios del Supremo se subraya ahora, tras estos antecedentes, la importancia de que a lo largo del juicio oral las defensas puedan ejercer su labor con plenas garantías, lo que implica organizar la vista en términos que no permitan alegar luego una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. De ahí que se vayan a concentrar las sesiones en tres días semanales, dejando los lunes y los viernes para que acusados y letrados puedan contactar y organizar sus estrategias de defensa.
Los siete magistrados de la Sala de Enjuiciamiento, por otra parte, no se podrán dedicar en exclusiva al caso 1-O durante los próximos meses. El hecho es que tienen que atender también a otros frentes, como integrantes de la Sala Penal. Dichos siete jueces son ahora mismo la mitad de la plantilla total de esta instancia del Supremo. Por tanto, si el Alto Tribunal está tratando de planificar las cosas de modo que las partes puedan afrontar su labor sin agobios, es también para obtener el mismo beneficio paralelo.
Resulta obvio, además, que en todo lo relativo a la organización y condiciones de desarrollo del juicio oral puede tener su peso el hecho de que las defensas hayan anunciado desde el principio que al término del proceso judicial en España acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde los aspectos formales de los procedimientos se revisan habitualmente con rigor. Los procesados siempre han puesto de manifiesto que su objetivo último es acudir a la justicia europea tras el fin del proceso judicial en España, y el Supremo ha tomado buena nota de ello, lo que ha llevado a que en distintas fases de la causa haya extremado las cautelas en garantía del derecho de defensa.
Este factor ha influido, por ejemplo, en la reciente decisión del Supremo de dividir el proceso del 1-O y remitir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el enjuiciamiento de los acusados del delito de desobediencia. Con ello, el TS ha tenido en cuenta el precedente del juicio contra el expresident Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau. En la vista en que se discutió esta cuestión, la declinatoria de jurisdicción, las defensas apelaron a la jurisprudencia del propio Supremo para advertir que aplicar ahora un criterio distinto al sostenido en relación con la consulta del 9-N del 2014 supondría un trato discriminatorio.
El TS, que hasta entonces había sostenido la tesis de la “inescindibilidad” de la causa, aceptó esta tesis y dividió el procedimiento judicial, decidiendo que los procesados por desobediencia sean juzgados por el TSJ de Catalunya. Esta decisión permitirá a su vez aligerar en parte el juicio oral en el propio Supremo, al concentrar la vista en el examen de la conducta de los acusados de los delitos rebelión –según el fiscal y la acción popular, ejercida por Vox–, o sedición –según la Abogacía del Estado–, y malversación de caudales públicos.
La sala ha extremado las garantías de la defensa ante el objetivo de los acusados de recurrir a Estrasburgo