Los residentes reclaman cámaras de vigilancia con fines disuasorios
como Sant Cebrià de Vallalta, no disponen de efectivos para el patrullaje nocturno, por lo que en muchos casos se deriva la alerta a los Mossos d’Esquadra de Arenys, que pueden tardar media hora en llegar, lamentan los vecinos de Vistamar.
En esta zona del valle de Vallalta, entre Sant Iscle y Sant Pol de Mar, son decenas las urbanizaciones que ocupan la zona forestal. Aquí los emboscados disponen de un apetecible botín ya que muchas viviendas son de segunda residencia. Sólo en las urbanizaciones de Vistamar y Castellar d’Índies se registran cinco o seis asaltos por semana. Los vecinos no aciertan a comprender por qué “las cámaras de vigilancia no están en funcionamiento”, por lo que las protestas se dirigen hacia el Ayuntamiento.
En la urbanización Sant Pol 2000 los asaltantes no dudaron en acceder a las viviendas cuando sus moradores estaban en el interior. “Me adormecieron con algo” para tener tiempo suficiente de registrar todas las dependencias, explica una de las afectadas.
En Dosrius, los residentes de la urbanización Can Massuet-El Far, que tiene más de 800 viviendas, han reactivado las protestas después que “en tres meses hayan robado en más de 25 casas”. Se quejan de la falta de vigilancia policial y por ello han organizado patrullas de vigilancia nocturna.
En las urbanizaciones de Cabrils los vecinos han llegado a imprimir pegatinas que identifican los vehículos de los residentes, y es que en
LA EXCUSA INFALIBLE
Ladrones atrapados en viviendas dicen ser okupas para evitar ser detenidos
SELLO LOCAL
En Cabrils los vecinos colocan pegatinas en los coches para identificar a los residentes
esta zona se registraron en el 2018 una treintena de asaltos a viviendas particulares.
En Can Jalpí, en Arenys de Munt, los vecinos han conseguido reducir los asaltos después que el Ayuntamiento iluminara un camino forestal y los afectados salieran a patrullar por la noche. En esta población las acciones no acallaron la indignación al conocer que los Mossos sólo disponen de dos patrullas para cubrir diez pueblos, todos ellos con grandes extensiones boscosas. Una problemática que se incrementa con la imposibilidad de contratar más policía local, ya que lo impide la actual legislación española.
Fuentes policiales atribuyen la resolución del 30% de los robos a la colaboración ciudadana, que instan a mantener.