El Rey ve una justicia independiente como garantía de “paz y concordia”
Felipe VI pide a los jueces que actúen con neutralidad en la resolución de conflictos
El rey Felipe VI presidió ayer la entrega de despachos a la última promoción de jueces, a los que pidió que actúen siempre “desde la independencia y la imparcialidad”, sabiendo que una sociedad “plenamente democrática como la española sólo puede desarrollarse en paz y concordia si cuenta con un poder del Estado independiente y neutral para impartir justicia”. El presidente del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, también instó a los miembros de la judicatura a contribuir a “la paz social” al tiempo que a defender “el carácter irrenunciable” del “imperio de la ley y el respeto a los derechos individuales y colectivos”.
El acto tuvo lugar en la sede de la Real Academia Española (RAE), en Madrid, por decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El motivo formal por el que la entrega de despachos se trajo a Madrid fue que la 68.ª promoción de nuevos miembros de la magistratura salió de la Escuela Judicial en coincidencia con el 40.º aniversario de la Constitución y el 25.º aniversario de la ley que atribuyó al órgano de gobierno de los jueces las competencias en materia de selección y formación de los integrantes de la carrera. Pero la decisión no fue ajena al deseo de evitar toda posible afectación del acto por el clima político que precede al inminente comienzo en el Supremo del juicio por el caso 1-O.
En el discurso del Rey, y en el que pronunció el presidente del TS, no hubo referencias directas a Catalunya ni al citado proceso judicial. Ambas intervenciones se movieron en el terreno de los principios generales que atañen a la función de juzgar y las responsabilidades que comporta. Pero nadie pasó por alto la alusión del Rey al valor de la independencia y la neutralidad de los jueces precisamente como presupuesto de “una sociedad moderna y avanzada” y para que se desarrolle “en paz y concordia”. De nuevo, por tanto, como ya hiciera en su reciente discurso navideño, el Monarca apeló a la “concordia” como pilar de la convivencia y ante quienes están llamados precisamente a la resolución de conflictos.
Todo ello, con plena conciencia de que “en el origen y en la esencia de vuestros pronunciamientos se sitúa la Constitución”. El Monarca defendió la “plena legitimidad” con que “cuenta nuestro Poder Judititución. cial”, e instó a los nuevos jueces a “mantenerla y reforzarla”. Con ese fin, añadió Felipe VI, los jueces deben aplicar “la ley al caso concreto desde el más estricto rigor técnico, pero también desde la equidad y valorando, de manera concienzuda, las circunstancias específicas de cada asunto sobre el que tengáis que decidir”.
En definitiva, el discurso fue una reivindicación de la independencia e imparcialidad de los jueces, ejercidas con equidad y de acuerdo con los principios y el texto de la Cons- Una Carta Magna que –añadió el Rey– supone un “pacto de convivencia intergeneracional” que “encarna la máxima calidad democrática de una sociedad democrática y ampara, a la vez que limita, el ejercicio del poder político”. Ese pacto creó un “entramado institucional” fruto “del consenso y de la voluntad de acuerdo”, y que dejó en manos de “un poder del Estado independiente y plenamente separado de los demás poderes” la función de “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”. Consecuencia de todo ello es que “el respeto las resoluciones dictadas por los órganos judiciales” resulta una de las “condiciones indispensables en cualquier democracia que se precie de serlo”.
Las razones esgrimidas por el CGPJ para trasladar el acto de Barcelona a Madrid no convencieron a los jueces catalanes, que ven como el principal acto de reivindicación judicial que se celebraba en Catalunya se ha marchado sin que su vuelta se dé por garantizada. El grado de desazón es tal que incluso la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, máxima institución judicial catalana, lamentó la decisión en un comunicado en que aseguraba que “no puede hacer otra cosa que, en nombre de los jueces y magistrados”, “transmitir al CGPJ nuestra profunda decepción por esa decisión”.
El texto exhortaba al gobierno de los jueces a recapacitar de cara a la próxima edición. “Confiamos en que sea una decisión transitoria” y que en el futuro “se den las condiciones para que el tradicional acto (...) se pueda volver a celebrar en esta ciudad”. El impulsor del comunicado fue el magistrado Luis Rodríguez Vega, que considera que “este era el único acto de reivindicación de nuestra independencia que se hacía en Catalunya, es un acto importante en unos momentos de permanente cuestionamiento por una parte de la sociedad catalana”.
Desde la asociación Jutges per la Democràcia, su portavoz, Montserrat Comas, aseguró que el traslado a Madrid es un “error” porque “no hay ninguna razón que lo justifique”. El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria en Catalunya, Jesús Gómez, fue más allá y subrayó la sospecha de que el verdadero motivo del traslado del acto era evitar disturbios y problemas de “orden público”. Y se mostró preocupado con el hecho de que esta situación haya derivado en que “no tengamos un poder del Estado en Catalunya”.
El Monarca insta a los nuevos miembros de la judicatura a aplicar la ley con “rigor técnico”
Los jueces catalanes creen injustificado el traslado a Madrid de la entrega de despachos
Lesmes reivindica “el carácter irrenunciable” del “imperio de la ley”